Ninguna pena por la fruta vieja del Retiro

La renta antigua de 500 euros que el Supremo dio por vencida​

En Madrid, un contrato de alquiler firmado en 1957 sigue decidiendo quién duerme dónde casi setenta años después. El caso es de manual: una mujer de 87 años que vive en un piso de la calle Sainz de Baranda, en el distrito de Retiro, paga unos 500 euros al mes por una vivienda que en su zona se anuncia en torno a 2.000. El Tribunal Supremo dio la razón al propietario y el desalojo ya se ha ejecutado. La pregunta no es si pagaba poco —lo hacía—, sino por qué el marco legal decidió que su contrato había caducado.

El contrato de 1957 y la subrogación que dejó de ser vitalicia​

El contrato lo firmaron sus padres. La LAU de 1964, heredada del régimen franquista, permitía que el arrendamiento se subrogara primero a la madre y después a la hija. Cuando la madre falleció, en 2007, el contrato afrontó su segunda subrogación: la que, según la lectura de la propiedad, ya no tenía carácter vitalicio. La mujer siguió pagando. El propietario siguió cobrando. Y la discrepancia acabó en los tribunales, con sentencia favorable a la propiedad.

Qué cambiaron el Decreto Boyer y la LAU de 1994​

El punto de inflexión legal no es de hace dos años, sino de hace tres décadas. El Decreto Boyer de 1985 y, sobre todo, la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 —ambos con gobiernos del PSOE— acabaron con la prórroga forzosa y recortaron las subrogaciones. La norma franquista protegía al inquilino de por vida. La de 1994, no. Aplicada al piso de Sainz de Baranda, la consecuencia era el desalojo. Que el marco que echa a la mujer sea socialista y el que la protegía fuera franquista es el detalle que ha hecho saltar más de una costura en la discusión pública.

500 euros contra 2.000: la brecha que explica el pleito​

Los números del caso son elocuentes.

• Renta que pagaba la inquilina: alrededor de 500 euros.
• Precio de mercado en la zona hace veinte años: en torno a 1.000 euros, según un cálculo que circula en el hilo.
• Precio de mercado hoy: unos 2.000 euros.

Ese diferencial es la razón económica de que la propiedad litigara durante años, y también la razón de que la arrendataria no pudiera mudarse a un piso equivalente. Según un mensaje del hilo, a la mujer se le ofreció una plaza en una residencia por 1.200 euros al mes; su pensión ronda los 1.400. Dijo que no podía pagarla.

El propietario ya no es un particular​

El inmueble acabó en manos de un fondo de inversión, que fue quien llevó el asunto hasta el Supremo. Es el patrón que se repite: las rentas antiguas son activos incómodos para un pequeño propietario y apetecibles para un vehículo con capacidad de litigar. De ahí sale el argumento incómodo que repiten quienes defienden al arrendador: sin rentabilidad no hay oferta, y sin oferta el precio sube. La contraparte responde que el problema real es que no existe alquiler social al que derivar a nadie.

La grieta generacional que nadie sabe cerrar​

Aquí el caso deja de ser jurídico. Un bloque del análisis sostiene que la mujer se benefició durante décadas de un precio que el mercado nunca le habría dado, con la vivienda pública como gran ausente. Otro bloque responde con el dato inverso: en 1957, un sueldo obrero bastaba para vivir frente al Retiro; hoy hacen falta dos o tres para lo mismo. No son afirmaciones contradictorias. Por eso el asunto incomoda a todo el mundo.

El desalojo se convirtió en acto político, con concentraciones convocadas en varias ciudades y rostros conocidos del cine y la televisión en la puerta del edificio. También hubo quien avisó de que se estaba usando a la mujer como ariete. Y circularon bulos de todo tipo sobre su fecha de nacimiento y sobre quién había firmado qué.

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Qué pasa ahora con el piso y con la ley​

Lo previsible, en un mercado como el madrileño, es que el piso vuelva a salir en torno a esos 2.000 euros. Lo que no está escrito es que este caso empuje una reforma: las normas que permitieron el desalojo llevan tres décadas sin tocarse y, según se apunta en el hilo, el Gobierno no ha impulsado ningún cambio. La próxima renta antigua que llegue al Supremo se encontrará el mismo marco, la misma sentencia y, probablemente, el mismo espectáculo.