Ninguna pena por la fruta vieja del Retiro

Un contrato de 1957, 500€ al mes y un desahucio en el Retiro​

La norma que la protegía y la que la dejó en la calle son dos leyes separadas por tres décadas. Maricarmen, 87 años, ocupaba un piso en la calle Saínz de Baranda, en el barrio del Retiro de Madrid, por el que pagaba, según las cifras que se manejan en el debate, 500 euros al mes cuando el mercado de la zona se mueve en torno a 2.000. El contrato lo firmaron sus padres en 1957. La justicia ha avalado el desahucio y el desalojo se ha ejecutado con un despliegue policial que pocos recuerdan por un piso. La discusión que ha levantado no va de una anciana: va del sistema que produjo el caso.

La aritmética de un contrato heredado​

El origen no es un chollo improvisado. El arrendamiento se firmó en 1957 a nombre de los padres, y la inquilina llegó al inmueble en 1956, con 17 años. La clave está en el régimen legal: la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 permitía que la segunda subrogación —el paso del contrato del cónyuge fallecido a un hijo— tuviera carácter vitalicio. La LAU de 1994 eliminó ese blindaje. Cuando la madre murió en 2007, según las versiones que se cruzan, el contrato habría seguido solo por tolerancia del propietario, ya sin cobertura legal que lo sostuviera. El Tribunal Supremo terminó dando la razón a la propiedad sobre esa lectura.

¿Quién es el dueño del piso de Saínz de Baranda 46?​

Aquí se abre otra capa del asunto. El inmueble habría acabado en manos de una gestora de inversión, y hay quien sostiene que entre sus partícipes aparece un nombre público ligado al deporte y los negocios, Fernando Alonso. Ese detalle es el que convierte un desahucio más en un caso con carga política: cuando el casero es un particular, la historia se lee como drama; cuando es un fondo, se lee como síntoma. La realidad jurídica, según quienes han desglosado el expediente, es idéntica en ambos supuestos.

Lo que, según una versión, se le habría ofrecido​

Una de las líneas con más recorrido sostiene que hubo salidas sobre la mesa: una compensación económica para dejar el piso, una plaza en una residencia pública —un recurso con listas de espera— y la posibilidad de quedarse pagando 1.600 euros al mes, por debajo de mercado. Ninguna habría sido aceptada. Con una pensión, según las versiones que se cruzan, de 1.400 euros y sin cargas familiares, el argumento de quienes no ven tragedia es que existía margen. El argumento contrario: a los 87 años, la vivienda no es solo un precio.

El caso convertido en munición política​

El respaldo público de la cantante Ana Belén encendió una segunda discusión, la de quién aparece en la foto y a costa de qué. Hay quien lee aquí un relato lacrimógeno montado para allanar el enésimo decreto de vivienda, y hay quien responde que el caso es real y que el problema no se disuelve por señalar el oportunismo. Las dos cosas pueden ser verdad a la vez, y ese es justo el terreno donde el debate se atasca.

El fondo del problema: medio millón de viviendas al año​

Detrás del sainete hay una cifra incómoda, según los cálculos que se manejan en el debate: la demanda acumulada rondaría las 500.000 viviendas anuales, concentrada en cuatro ciudades, mientras las viviendas vacías que se airean como solución estarían en zonas sin demanda; en las grandes ciudades apenas habría 3,6 viviendas vacías por cada 100 habitantes. Como sostiene una de las conclusiones del debate, sin alquiler social real, sin liberar suelo y con el Estado subvencionando demanda en vez de tumbar precios, el caso de Maricarmen no es una excepción. Es la receta.

Con estos mimbres, lo previsible es que el episodio se olvide y que el conflicto estructural siga intacto hasta el próximo desahucio con cámara. Que la norma que arrojó a la inquilina a la calle la firmara un gobierno y la que la mantuvo treinta años la firmara otro conviene recordarlo antes de apuntar con el dedo.