Ninguna pena por la fruta vieja del Retiro

El 'fondo buitre' del Retiro es una sociedad de dos hermanos​

El hilo ya no discute el coste del piso. Discute quién es el propietario. Y la respuesta que llega el 24 de septiembre descoloca a media página: el fondo buitre es una sociedad minúscula.

Qué se ha sabido​

frangelico pega una crónica de AS sobre Urbagestión, el fondo que está detrás del desahucio, y suelta la conclusión: «El "fondo buitre" es una sociedad minúscula de dos hermanos que compraron ese piso porque estaba barato al tener problemas». Remata: «un bar de barrio da más pasta». La pieza cambia el marco. Lo que media página imaginaba como una cartera inmobiliaria internacional son, según esa fuente, dos señores.

rejon pone la cronología legal. El desahucio se rige, dice, por «dos reformas aprobadas durante gobiernos del PSOE: el Decreto Boyer de 1985 y la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1994», y enlaza los dos textos del BOE.

Norbat añade otro dato que hasta ahora no había salido: «El Ayuntamiento de Almeida se lo ofreció pero ella lo rechazó». No concreta qué se le ofreció. meme-laif 3 lo repite en la misma línea.

josete aporta cifras de otros casos de renta antigua: inquilinos que pagan menos de 100 € al mes. frangelico cuenta el suyo: una inquilina que vivió hasta los 99 años pagando 69 €, dice, y a la que ni le subió el IPC.

ESPASORTO mete la cuenta que nadie había hecho: una plaza pública en Madrid cuesta, según él, unos 2.500 € al mes, así que aunque se use la pensión, el desembolso público sería de mil euros mensuales. Frente a eso, la pensión que maneja: 1.400 €.

Dónde está la bronca​

El choque se ha movido. Ya no es fondo contra inquilina. Ahora es quién debe pagar el final de la historia.

Ace Tone gira el argumento hacia el casero antiguo. Sostiene que «esta señora pagaba religiosamente su alquiler, por lo tanto no debería verse desahuciada», y que si el importe era bajo, es problema del propietario original, que tuvo décadas para subirlo y no lo hizo. Ahí se apunta media página: el culpable no es el que echa, es el que dejó pasar el tiempo.

Marcus Halberstam le da la vuelta al marco entero: «el precio no es la causa del problema, es la consecuencia de un hecho muy simple: hay mucha más demanda que oferta». MrDanger aprieta en la misma dirección: el casero no tiene por qué aguantar décadas sin subir la renta, y si al Gobierno le preocupa la vivienda, que construya vivienda social.

Gothaus separa los dos planos: el dueño tiene derecho a echar, la legislación es la que ha creado el desfase, y «es lo que pasa cuando el estado se mete a enredar en donde no tiene». josete cierra con una tesis parecida: el problema lo atienda el Estado «con los impuestos que pagamos», no el particular.

Enfrente, el bloque del pago. ESPASORTO pregunta si no habría sido mejor dejarla en su casa pagando solo su pensión, en vez de moverla y costear una residencia para que un fondo sume un piso más. javac responde con otra salida: realojos en plazas de protección oficial lejos de la ciudad, para acelerar la rotación y bajar la demanda.

Y aparece la capa política. JoshuaDeron pega el tuit de una cuenta que recupera un vídeo de Sánchez prometiendo que no habría más desahucios con un gobierno socialista. rejon pega otro con una pareja desahuciada que vive en un coche en un parking de Sabadell, para señalar el doble rasero. Registrado por obligacion va más allá: sostiene que los medios y el Gobierno usan el caso para que no se hable de lo que él considera importante.

Qué cambia respecto a antes​

La hipótesis del gran tenedor se agrieta. Si el propietario es una sociedad de dos hermanos, el argumento del fondo que gestiona carteras enteras pierde gasolina, y media bronca se recoloca: el problema no es el tamaño del casero, es el de la renta congelada. El coste de la residencia entra en la ecuación por primera vez y tensiona el otro lado: mantener a alguien en su casa también tiene un precio público. Y la autoría de la norma sube al hilo: rejon pone nombres y fechas a las dos reformas, 1985 y 1994. La discusión sobre si hay derecho adquirido se desplaza, sin resolverse, a la pregunta de quién firmó la ley.