La cúpula del independentismo, encabezada por el president Carles Puigdemont, empieza a acusar la presión de los sectores económicos, desde el financiero hasta el turístico, de grandes y pequeñas empresas, que hicieron llegar ayer al Govern por diferentes vías que debe evitarse a toda costa una declaración unilateral de independencia (DUI). Una presión que, según las fuentes consultadas, empezaba a hacer mella.
El estado de ánimo en el Palau de la Generalitat *–por donde van desfilando los miembros del Estado Mayor que asesora a Puigdemont en esta fase del “proceso”– es fluctuante. Mucho. Asciende a los cielos cuando se produce un acontecimiento que se interpreta como un empuje al apoyo popular del independentismo, como el discurso del Rey o la reacción ciudadana por la represión policial. Desciende a los infiernos cuando llegan noticias de los efectos que el mero anuncio de la DUI ya está provocando en la economía o cuando algunos dirigentes, sobre todo del PDECat, le hacen llegar al president su temor a eventuales enfrentamientos en la calle entre partidarios y detractores de la independencia si se sigue adelante.
Anoche el espíritu predominante era el hundimiento. Pero hoy mismo podría experimentar un subidón si la juez de la Audiencia Nacional decidiera el ingreso en prisión acusados de sedición de los dos líderes del movimiento independentista, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, dado que revitalizaría la movilización ciudadana.
La presión empieza a hacer mella en la cúpula independentista, pero eso no significa que la DUI esté descartada. Por ahora, se trabaja en el redactado de una declaración que pronunciar por Puigdemont en el pleno previsto para el lunes que, a buen seguro, sufrirá numerosas modificaciones en estos días. El soberanismo ha dado sobradas muestras en los últimos años de inventiva y pericia a la hora de redactar declaraciones de este tipo que sortearan la acción de la justicia.
La palabra soberanía parece inevitable en una declaración de este tipo, pero todo está en el aire en estos momentos. Sin embargo, es difícil que la habilidad oratoria sirva de algo esta vez. Ni el Gobierno de Rajoy está dispuesto a dejar pasar un solo flirteo con la independencia aunque sea retórico –el Tribunal Constitucional suspendió el pleno sobre la DUI antes incluso de que fuera convocado– ni los secesionistas más convencidos, empezando por la ANC o la CUP, comulgarán con una salida de este tipo.
Los estrategas independentistas tenían un plan diseñado hasta el más mínimo detalle hasta el día 1 de octubre, hasta el día 4 como mucho, pero no contaron con el portazo de la Unión Europea y la reacción del mundo económico. Y ahora resulta que no hay plan B.
