Juan Antonio Cortés
Himbersor
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Una crisis política que ha pesado como una losa sobre la economía catalana durante la última década; especialmente desde octubre del 2017 y el tsunami de traslado de sedes sociales de empresas.
Secuela de esa parálisis, la congelación, cuando no el descarte, de las decisiones económicas. Públicas: ¿cuál es la política económica del Govern? ¿Qué espera obtener del Estado? De la agenda del Govern. ¿Qué posibilidades de intercambios económicos se pueden ofrecer al presidente de Corea del Sur, cuando visita Barcelona? ¿Alguien en la administración catalana ha pensado en reunirse con su nutrida delegación? ¿Y con el primer ministro italiano, Mario Draghi, de visita también hoy en la capital catalana? ¿Habrá encuentro con el president de la Generalitat?
La élite económica se agarra al indulto de Sánchez como a clavo ardiendo en pos de la normalización
También privadas. ¿Qué inversiones acometer sin un horizonte estable en cualquier calendario imaginable? ¿Las empresas que han trasladado la sede siguen apostando por Barcelona como su lugar preferente de desarrollo futuro? ¿Su crecimiento se orienta a la mejora de sus activos en la capital catalana?
Se trata de asuntos que no se debaten con franqueza en Catalunya desde hace años. El mantra era que los acontecimientos políticos no tenían consecuencias económicas. Como el de que Europa iba a darle cobertura a todo. O el de que los mercados preferirían un estado independiente con solvencia futura a un Estado vigente supuestamente quebrado. Hasta que la realidad, siempre implacable, ha dado una sacudida. Súbita, como la llegada de la madurez.
Ansioso por encontrar –no ya una tercera vía, ahora las expectativas son mucho más modestas que hace tan solo tres años– simplemente un clavo al que agarrarse para recuperar la normalidad económica. Con este ánimo se ha acogido en este mundo económico la oferta del Gobierno de Pedro Sánchez, la amnistía a los líderes políticos independentistas presos. Una esperanza de normalización, de estabilización política.
La colocación de las piezas en el tablero incentiva la convergencia de la élite económica catalana con el Gobierno central: el programa de este ofrece el bálsamo político que aquella ansía. Tendencia que también empuja al Govern de Pedro Aragonès, pese a sus roces y conflictos internos, dado su interés en los indultos y en influir en las grandes decisiones económicas del Estado, comenzando por los fondos europeos y acabando en los Presupuestos.
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Hace quince años, el 18 de junio del 2006, el pueblo catalán aprobaba, mediante un referéndum vinculante, un nuevo Estatut pactado con el Estado. El PP, que había impulsado una agresiva campaña de recogida de firmas, no aceptó su derrota e interpuso un re
La sentencia del 2010 abriría la caja de los truenos. El Tribunal Constitucional desactivaba la voluntad de la ciudadanía con una decisión más próxima a la minoritaria visión centralista de la Constitución que en el año 1978 había defendido Fraga Iribarne que a la interpretación de otros ponentes constitucionales como Roca Junyent, Solé Tura o Herrero y Rodríguez de Miñón. El tribunal rompió el pacto de 1978 abriendo un periodo convulso que culminó el 2017 con errores generalizados: los plenos de septiembre, la declaración de independencia, la aplicación del artículo 155, el discurso del Rey y la delegación del poder político en el judicial. En medio, el 1 de octubre: una jornada de movilización masiva y ejemplar a la que los observadores internacionales negaron carácter vinculante.
El país necesita una amplia mayoría por el diálogo aunque no coincida con la que ha permitido formar gobierno
La elección de Pere Aragonès como nuevo presidente de la Generalitat y el posicionamiento de Oriol Junqueras pueden abrir una nueva etapa. Y en el otro lado, por primera vez hay alguien dispuesto a negociar. Frente al “cuanto peor, mejor”, se demuestra que no es lo mismo un gobierno del PP que uno del PSOE y Unidas Podemos, a pesar de la lentitud exasperante del ministro de Justicia. Los votos particulares en el Tribunal Constitucional y el informe que tiene que debatir el Consejo de Europa lo avalan. Los que hace quince años rompieron la convivencia con la recogida de firmas repiten ahora la misma táctica suicida, capitalizada en la plaza Colón por la extrema derecha y secundada por una parte del poder judicial. Un sector del independentismo, descolocado, critica los indultos y ve traidores por todas partes.
Hay varias alternativas, y el profesor Rubio Llorente, jurista de referencia para el PSOE, apuntó una: si una “minoría territorializada” desea la independencia, aunque la Constitución no reconoce el derecho a la autodeterminación, hay que verificar la solidez de esta aspiración a través de un referéndum consultivo que pregunte sobre las reformas legales que tendrían que permitir ejercer este derecho. Esta podría ser nuestra vía escocesa. Un camino difícil de tras*itar, pero más realista que una imposible independencia unilateral y que la utilización de la represión y la vía judicial como única respuesta.
Secuela de esa parálisis, la congelación, cuando no el descarte, de las decisiones económicas. Públicas: ¿cuál es la política económica del Govern? ¿Qué espera obtener del Estado? De la agenda del Govern. ¿Qué posibilidades de intercambios económicos se pueden ofrecer al presidente de Corea del Sur, cuando visita Barcelona? ¿Alguien en la administración catalana ha pensado en reunirse con su nutrida delegación? ¿Y con el primer ministro italiano, Mario Draghi, de visita también hoy en la capital catalana? ¿Habrá encuentro con el president de la Generalitat?
La élite económica se agarra al indulto de Sánchez como a clavo ardiendo en pos de la normalización
También privadas. ¿Qué inversiones acometer sin un horizonte estable en cualquier calendario imaginable? ¿Las empresas que han trasladado la sede siguen apostando por Barcelona como su lugar preferente de desarrollo futuro? ¿Su crecimiento se orienta a la mejora de sus activos en la capital catalana?
Se trata de asuntos que no se debaten con franqueza en Catalunya desde hace años. El mantra era que los acontecimientos políticos no tenían consecuencias económicas. Como el de que Europa iba a darle cobertura a todo. O el de que los mercados preferirían un estado independiente con solvencia futura a un Estado vigente supuestamente quebrado. Hasta que la realidad, siempre implacable, ha dado una sacudida. Súbita, como la llegada de la madurez.
Ansioso por encontrar –no ya una tercera vía, ahora las expectativas son mucho más modestas que hace tan solo tres años– simplemente un clavo al que agarrarse para recuperar la normalidad económica. Con este ánimo se ha acogido en este mundo económico la oferta del Gobierno de Pedro Sánchez, la amnistía a los líderes políticos independentistas presos. Una esperanza de normalización, de estabilización política.
La colocación de las piezas en el tablero incentiva la convergencia de la élite económica catalana con el Gobierno central: el programa de este ofrece el bálsamo político que aquella ansía. Tendencia que también empuja al Govern de Pedro Aragonès, pese a sus roces y conflictos internos, dado su interés en los indultos y en influir en las grandes decisiones económicas del Estado, comenzando por los fondos europeos y acabando en los Presupuestos.
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Hace quince años, el 18 de junio del 2006, el pueblo catalán aprobaba, mediante un referéndum vinculante, un nuevo Estatut pactado con el Estado. El PP, que había impulsado una agresiva campaña de recogida de firmas, no aceptó su derrota e interpuso un re
La sentencia del 2010 abriría la caja de los truenos. El Tribunal Constitucional desactivaba la voluntad de la ciudadanía con una decisión más próxima a la minoritaria visión centralista de la Constitución que en el año 1978 había defendido Fraga Iribarne que a la interpretación de otros ponentes constitucionales como Roca Junyent, Solé Tura o Herrero y Rodríguez de Miñón. El tribunal rompió el pacto de 1978 abriendo un periodo convulso que culminó el 2017 con errores generalizados: los plenos de septiembre, la declaración de independencia, la aplicación del artículo 155, el discurso del Rey y la delegación del poder político en el judicial. En medio, el 1 de octubre: una jornada de movilización masiva y ejemplar a la que los observadores internacionales negaron carácter vinculante.
El país necesita una amplia mayoría por el diálogo aunque no coincida con la que ha permitido formar gobierno
La elección de Pere Aragonès como nuevo presidente de la Generalitat y el posicionamiento de Oriol Junqueras pueden abrir una nueva etapa. Y en el otro lado, por primera vez hay alguien dispuesto a negociar. Frente al “cuanto peor, mejor”, se demuestra que no es lo mismo un gobierno del PP que uno del PSOE y Unidas Podemos, a pesar de la lentitud exasperante del ministro de Justicia. Los votos particulares en el Tribunal Constitucional y el informe que tiene que debatir el Consejo de Europa lo avalan. Los que hace quince años rompieron la convivencia con la recogida de firmas repiten ahora la misma táctica suicida, capitalizada en la plaza Colón por la extrema derecha y secundada por una parte del poder judicial. Un sector del independentismo, descolocado, critica los indultos y ve traidores por todas partes.
Hay varias alternativas, y el profesor Rubio Llorente, jurista de referencia para el PSOE, apuntó una: si una “minoría territorializada” desea la independencia, aunque la Constitución no reconoce el derecho a la autodeterminación, hay que verificar la solidez de esta aspiración a través de un referéndum consultivo que pregunte sobre las reformas legales que tendrían que permitir ejercer este derecho. Esta podría ser nuestra vía escocesa. Un camino difícil de tras*itar, pero más realista que una imposible independencia unilateral y que la utilización de la represión y la vía judicial como única respuesta.
