Con 1.573 € de sueldo medio, el alquiler canario se come más de la mitad
Un sueldo medio de 1.573 euros. Un piso de 40 metros cuadrados. La cuenta que sale de cruzar ambos datos es la que ha encendido la mecha: si el propietario aplica la regla del 30% que repiten los manuales de economía doméstica, el
alquiler debería quedarse en 943,80 euros. En la práctica, ese mismo piso se ofrece por bastante más en Santa Cruz de Tenerife y en buena parte del archipiélago. La brecha entre lo que dice el recibo de la nómina y lo que pide el casero es el verdadero asunto de este debate, que lleva casi cuatro años coleando.
El punto de partida es una cifra que se repite como un mantra:
1.573 euros netos al mes. A partir de ahí, cada cual hace su aritmética. Hay quien sostiene que en 40 metros cuadrados caben perfectamente dos nóminas —la incorporación de la mujer al mercado laboral multiplicó los ingresos del hogar— y que, por tanto, el propietario calcula sobre 3.146 euros y pide 943,80. El problema es que ese cálculo asume que todo hogar tiene dos sueldos completos, algo que no siempre ocurre. Un albañil y una dependienta, se argumenta, no llegan a esa cifra ni de lejos.
¿Cuánto cuesta realmente alquilar en Canarias?
Los testimonios que se cruzan en la conversación dibujan un mapa desigual. En el centro de Santa Cruz, los precios se disparan; en zonas periféricas de la isla aparecen pisos por 500 euros, aunque no siempre en las condiciones que uno esperaría. En La Laguna, un piso que en 2019 se alquilaba por 550 euros ahora se ofrece al doble. En el sur, directamente, la cosa se vuelve inasumible para un asalariado medio. Y en otras islas, la falta de vivienda empieza a ser un obstáculo para cubrir puestos de trabajo: hay empresas que no encuentran quién acepte un empleo porque no hay dónde dormir.
La explicación que más se repite apunta al
alquiler vacacional. Cada piso que se reconvierte en alojamiento turístico es un piso que sale del mercado residencial. El resultado es una oferta cada vez más corta y una demanda que no baja, lo que empuja los precios hacia arriba. No es un fenómeno exclusivo de Canarias: en Baleares llevan años librando la misma batalla, y el diagnóstico que se hace desde el archipiélago es que allí la partida ya está perdida. Piso o casa que se construye, piso o casa que compra un comprador extranjero.
El turista que paga y el residente que no llega
Hay una corriente que señala directamente al visitante extranjero con alto poder adquisitivo: nómadas digitales con sueldos de otro país, jubilados con pensiones europeas, compradores que llegan, alquilan o compran, se empadronan y acceden a ventajas fiscales y a vuelos subvencionados. Para ellos, los precios que aquí parecen abusivos resultan baratos. Esa capacidad de pago tira hacia arriba de todo el mercado y deja fuera al residente que cobra en euros canarios.
Enfrente, otra línea de análisis sostiene que el problema no es el turista de a pie, sino la estructura productiva. Canarias vive del turismo, y el turismo genera mucho empleo de bajos salarios, horarios rotos y temporalidad. La riqueza que entra no se traduce en sueldos más altos para quien la atiende. Se apunta incluso a un efecto psicológico: el clima, la luz y el mar relajan la urgencia por prosperar, y esa comodidad se acaba pagando en forma de estancamiento salarial. La productividad se resiente y el círculo se cierra.
La burocracia como freno económico
Otro frente del debate apunta a la maraña administrativa. Se describe un ecosistema donde proliferan leyes, contraleyes, organismos y entes que generan más papeleo del que resuelven. La queja es que la Zona Especial Canaria, concebida como incentivo fiscal, queda lastrada por trámites que desaniman a las empresas. Y aunque se reconoce que la burocracia no es la causa directa de los precios del alquiler, sí se considera un factor que limita la creación de empleo cualificado y, con él, la capacidad de subir salarios.
En paralelo, se menciona el intento de aprobar una ley de residencia canaria al estilo de la que aplica Suiza, donde un extranjero no compra vivienda con la misma facilidad. La idea lleva dos o tres años sobre la mesa, pero desde Europa habrían señalado que no encaja con la normativa comunitaria. El debate sigue abierto y sin desenlace claro a la fecha de esta discusión.
¿Es la solución irse a Móstoles o dormir en una furgoneta?
Las salidas que se proponen van del sarcasmo a la resignación. Están los que recomiendan compartir piso entre cinco, okupar, dormir en una furgoneta o buscar más lejos del centro. También los que apelan al ahorro previo para la entrada de una hipoteca, con el argumento de que las generaciones anteriores lo hicieron y las actuales se lo gastan en fiesta. La respuesta a esa tesis es rápida: con los precios actuales, el ahorro necesario para una entrada se ha vuelto inalcanzable para quien dedica más de la mitad del sueldo a pagar el techo.
El fondo del asunto es una tensión que no se resuelve con eslóganes. Subir los sueldos, dicen algunos, solo serviría para que los precios suban aún más si la oferta de vivienda no crece. Construir más choca con la limitación del suelo y con la presión turística. Regular el alquiler vacacional tropieza con la normativa europea. Y mientras tanto, el residente que cobra 1.573 euros mira los anuncios y hace cuentas que no salen. ¿Cuánto tiene que subir un sueldo para que deje de ser una utopía vivir donde uno trabaja?