ÚLTIMA HORA 2023: Aumento Increíble de las Mujeres forzadas

El repunte de violencia de género en 2023 reabre el debate sobre las cifras​

El número de mujeres que sufrieron violencia de género en 2023 registró el repunte más grande de la última década. El dato, difundido por Cadena SER y replicado por okdiario con la exministra Irene Montero en el punto de mira, ha servido para que una parte del público atribuya el aumento a las políticas de igualdad y otra lo explique por el cambio en la tipificación de los delitos. La discusión, lejos de cerrarse, se ha convertido en un pulso sobre qué miden realmente las estadísticas.

Qué dicen los datos oficiales y qué se discute​

El punto de partida es una cifra incómoda: el repunte más grande de la última década en mujeres víctimas de violencia de género. A partir de ahí, las interpretaciones se bifurcan. Hay quien sostiene que el aumento responde a una mayor concienciación y a una mejora en la respuesta institucional, lo que elevaría el número de denuncias sin que ello implique necesariamente más agresiones. En el lado opuesto, se argumenta que el cambio legal —la reforma que amplió el concepto de agresión sexual— ha inflado artificialmente el recuento al incluir conductas que antes no se computaban como tales.

La discusión sobre la tipificación no es menor. Según esta segunda lectura, la modificación normativa habría permitido que hechos antes calificados de otra forma pasaran a engrosar la estadística de violencia de género, lo que explicaría parte del salto. Quienes defienden la primera tesis replican que el aumento de denuncias es en sí mismo un indicador de que las víctimas se sienten más respaldadas para denunciar, y que ese respaldo es precisamente el objetivo de las políticas públicas.

El cálculo de las denuncias falsas: un terreno resbaladizo​

Uno de los intercambios más sustanciosos del debate giró en torno al porcentaje de denuncias falsas. Se manejó la hipótesis de que hasta un 10% de las denuncias podrían ser falsas, una cifra que, aplicada al total, dejaría un volumen de casos reales muy superior al de años anteriores. El razonamiento esgrimido es que, incluso descontando ese margen, el incremento de violaciones con penetración denunciadas en ocho años sería incompatible con una simple variación estadística.

La contraargumentación no se hizo esperar: si se admite que un tercio de las denuncias actuales son falsas, el número de casos reales seguiría siendo muy superior al de hace una década. El problema, señalan, es que no existe una serie histórica homogénea que permita comparar con rigor, porque la forma de contabilizar los delitos ha cambiado y porque la disposición a denunciar también ha evolucionado. El resultado es un laberinto en el que cada parte puede encontrar el dato que refuerza su tesis.

El contexto migratorio y el gasto público, en el punto de mira​

Otra línea de argumentación, presente en el debate, vincula el aumento de la criminalidad sexual con la llegada de población migrante. Se trata de una afirmación que no está respaldada por los datos aportados y que se formula como opinión, no como hecho. Lo que sí aparece con insistencia es la crítica al gasto público: se sostiene que el Ministerio de Igualdad maneja cientos de millones de euros anuales y que, a la vista de los resultados, el retorno de esa inversión es más que discutible. La cifra que se repite es la de 500 millones al año.

Ese argumento conecta con una desconfianza más amplia hacia las instituciones: si el problema no se resuelve, se dice, es porque hay un interés en que no se resuelva. Es la lógica del incentivo perverso, la misma que se aplica a otros ámbitos de la economía. La conclusión que extraen quienes defienden esta postura es que el aumento de recursos no ha servido para reducir la violencia, sino para ampliar la estructura burocrática que la gestiona.

La evolución del debate: de la noticia al escepticismo​

A lo largo de las respuestas, el foco se desplazó desde la noticia inicial hacia la metodología. Varios intervinientes pidieron datos concretos de años anteriores para poder comparar, y se reprochó a otros que no los aportaran. La discusión derivó hacia la fiabilidad de las estadísticas oficiales: ¿se aceptan siempre o solo cuando convienen? La pregunta quedó flotando, sin una respuesta que satisficiera a ambas partes.

También apareció la comparación con décadas pasadas. Se afirmó que en los años ochenta la delincuencia común era mucho más alta y que la percepción actual de inseguridad no se corresponde con los datos objetivos. Otros replicaron que la comparación es tramposa, porque la sociedad, la legislación y los mecanismos de denuncia han cambiado por completo. El intercambio, más que resolver la cuestión, dejó claro que el desacuerdo no es solo sobre las cifras, sino sobre qué se considera una prueba válida.

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Con estos mimbres, el repunte de la violencia de género en 2023 se ha convertido en un campo de batalla donde cada cifra se lee en clave política. ¿Es posible un debate sobre violencia de género que no acabe siendo un debate sobre quién gobierna?