Llaman a 7.500 parados para darles un trabajo de hostelería en Cantabria y solo acuden 70

Cantabria: la patronal hostelera dice que llamó a 7.500 parados y solo 70 acudieron​

La Asociación de Empresarios Hosteleros de Cantabria admite su «profunda preocupación» por la escasa respuesta de los parados a su iniciativa de cobertura de puestos para la temporada de verano. Según la patronal, se contactó con 7.500 personas en desempleo y únicamente 70 se presentaron a las ofertas. El dato, difundido por medios locales, ha desatado una discusión que va mucho más allá del sector servicios: toca el diseño de las prestaciones, el precio de la vivienda, la fiscalidad del trabajo y la propia definición de lo que se considera un empleo aceptable.

Los números que la patronal no desglosa​

La primera grieta aparece en la propia metodología. No hay constancia pública de cómo se convocó a esas 7.500 personas: si hubo cartas individualizadas, llamadas telefónicas o correos. Tampoco se detalla cuántas vacantes reales había detrás. Un cálculo que circula en la discusión señala que para movilizar a semejante volumen de candidatos debería existir una oferta de 1.500 a 2.000 puestos, no de un centenar. Sin ese desglose, la cifra funciona más como titular que como diagnóstico.

Hay quien sostiene que la información es directamente tendenciosa. Varios parados con experiencia en hostelería afirman que nunca recibieron ninguna oferta, y se apunta a que lo que se estaba ofreciendo no era un empleo, sino formación no remunerada seguida de prácticas gratuitas. Si eso es así, el relato cambia por completo: no es que 7.430 personas rechacen trabajar, es que no se les estaba ofreciendo un trabajo en condiciones.

¿Por qué un sueldo de 1.000 euros no compensa?​

El núcleo económico del asunto está en la comparación entre lo que paga el puesto y lo que cuesta aceptarlo. Un salario de 1.000 euros netos por jornadas de hostelería, con horarios partidos y temporada corta, compite contra una prestación por desempleo que en muchos casos se acerca a esa cantidad sin gastos de desplazamiento, sin comida fuera de casa y sin renunciar a la disponibilidad para buscar algo mejor.

El cálculo que más circula es implacable: si del salario bruto cerca del 50% se va en cotizaciones e impuestos, y el trabajador además pierde la prestación, el incentivo para aceptar el puesto se estrecha hasta desaparecer. No es una cuestión de vagancia, es una cuestión de aritmética. Cuando la diferencia entre trabajar y no trabajar se reduce a unos pocos euros al mes, el mercado laboral deja de competir contra otras empresas y empieza a competir contra el propio Estado.

La hostelería tiene un problema añadido: sus condiciones son las peores del mercado en relación esfuerzo-retribución. Horas partidas, festivos, temporada, clientes. Quien tiene experiencia lo sabe y exige más. Quien no la tiene, mira el sueldo y hace la cuenta.

El alquiler se come cualquier nómina​

Hay un factor que ninguna oferta de empleo puede resolver por sí sola: el precio de la vivienda. Con alquileres que en zonas tensionadas alcanzan los 2.000 euros, ningún salario de convenio hostelero permite vivir cerca del puesto de trabajo. La ecuación se rompe antes de empezar.

Eso explica por qué la movilidad geográfica no funciona como debería. Una vacante en una localidad costera para alguien que reside a dos horas de distancia no es una oportunidad, es un problema logístico: desplazamiento, alojamiento, comida. El salario se lo come el coste de acceder al salario. La patronal habla de falta de mano de obra; el trabajador habla de falta de vivienda asequible.

La sombra de la mano de obra importada​

En el trasfondo del debate aparece la sospecha de que el objetivo real de este tipo de campañas no es cubrir vacantes con parados locales, sino justificar la contratación en origen. Se argumenta que la patronal lleva años pidiendo más trabajadores extranjeros para puestos que los residentes rechazan por precarios, y que las cifras de escasa respuesta sirven como coartada.

Es una tesis que se repite en distintos sectores y que conviene tratar con cautela: no hay prueba de que exista un plan coordinado, pero sí un patrón de declaraciones públicas que apunta en esa dirección. Lo que está documentado es que hay personas en situación irregular esperando trabajo en puntos concretos de las ciudades, dispuestas a aceptar condiciones que un trabajador con derechos no aceptaría. Eso presiona los salarios a la baja y perpetúa el problema.

El problema no es el parado, es el puesto​

La conclusión que emerge de todo esto es incómoda para ambos lados. Para la patronal, porque significa que su oferta no es competitiva y que subir el carajillo o la habitación es la única vía para pagar más. Para el discurso oficial, porque revela que las políticas de empleo no pueden competir contra la combinación de prestaciones bajas y costes altos.

Un trabajo no es una obligación moral. Es una transacción. Y como toda transacción, se cierra cuando ambas partes ganan. Si el hostelero no puede pagar más y el parado no puede aceptar menos, el problema no se resuelve con campañas de concienciación ni con reproches. Se resuelve subiendo el precio del producto, bajando el coste de la vida o aceptando que hay puestos que, tal como están diseñados, nadie va a querer cubrir.

Ahí se atasca el análisis. Porque aceptar eso último implica admitir que el modelo turístico español tiene un suelo salarial que ya no sostiene a quien lo trabaja.