No se vam a trevé cuñao: Pedro Sánchez ha cumplido las quinielas y ha creado un Ministerio de Vivienda.

Isabel Rodríguez asume el nuevo Ministerio de Vivienda​

El 20 de noviembre de 2023, Isabel Rodríguez dejó la portavocía del Gobierno y Política Territorial para asumir el recién creado Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, según informó la prensa. Las competencias de vivienda están transferidas a las comunidades autónomas, y varias de ellas, gobernadas por el PP, han anunciado recursos contra la Ley de Vivienda por invasión de competencias. La ministra tendrá que aplicar una norma que algunas comunidades rechazan.

¿Por qué se crea un ministerio si las competencias están transferidas?​

La creación de un ministerio no implica necesariamente que asuma competencias ejecutivas. Como ocurre con Sanidad o Educación, el Estado puede fijar marcos generales, coordinar políticas y gestionar fondos europeos. En el caso de la vivienda, el Gobierno central mantiene la capacidad de legislar sobre aspectos como los límites a los alquileres o la regulación de los desahucios, siempre que no invada competencias autonómicas. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana nace con la promesa de aplicar la Ley de Vivienda, aprobada en 2023, que entre otras medidas introduce índices de precios de referencia para limitar las rentas en zonas tensionadas. Sin embargo, su aplicación depende de las comunidades, que son quienes declaran esas zonas y gestionan los programas de ayuda. Varias regiones del PP ya han anunciado que no la aplicarán y han recurrido ante el Tribunal Constitucional. La ministra tendrá que negociar o buscar fórmulas para que la ley no quede en papel mojado.

El problema de fondo: oferta insuficiente y precios al alza​

El diagnóstico es compartido por la mayoría de analistas: en España se construye muy poca vivienda y la demanda supera con creces la oferta, lo que empuja los precios. Los datos que manejan los expertos apuntan a un déficit de vivienda nueva que se arrastra desde la crisis de 2008. Durante el boom inmobiliario se llegaron a construir más de 400.000 viviendas anuales, pero tras el estallido de la burbuja el ritmo cayó a mínimos. Entre 2011 y 2019 apenas se levantaron 200.000 viviendas en total, según las cifras que se citan en los análisis. La pandemia y la subida de costes de materiales agravaron la situación. Ahora, con el euríbor en niveles elevados, la financiación es más cara y muchos promotores frenan proyectos. El resultado: una escasez estructural que presiona al alza los precios de compra y alquiler.

Medidas anunciadas: alquileres temporales y golden visa​

La vicepresidenta Yolanda Díaz ha prometido regular el alquiler por temporada, acabar con las golden visa y revisar las desgravaciones por compra de vivienda, según declaraciones recogidas en el debate. Son medidas que buscan atajar la especulación y aumentar la oferta residencial. El alquiler por temporada se ha disparado un 40% tras la Ley de Vivienda, según datos que circulan, porque algunos propietarios lo usan para esquivar los límites de precios. La regulación de esta figura es compleja: debe distinguir entre alquiler vacacional y alquiler de temporada para trabajadores o estudiantes. En cuanto a las golden visa, el Gobierno quiere eliminarlas por su vinculación con la compra de vivienda por parte de inversores extranjeros, aunque su impacto real en el mercado es limitado. Las desgravaciones por compra, suprimidas en 2013, podrían volver si se aprueba la reforma fiscal que negocia el Ejecutivo.

Cataluña cierra 28.000 pisos turísticos​

La Generalitat ha anunciado que cerrará 28.000 pisos turísticos ilegales, una medida que busca reducir la presión sobre el alquiler residencial. Cataluña ya había aprobado un decreto para limitar las licencias turísticas, y ahora da un paso más. La medida ha sido recibida con escepticismo por algunos sectores, que dudan de su eficacia. En otras ciudades como Nueva York, la regulación de los alquileres vacacionales ha reducido el número de pisos turísticos legales de 40.000 a 3.000, pero ha disparado los precios hoteleros, según se afirma en el debate. El debate está servido: ¿se trasladará esa presión al alquiler residencial o simplemente se encarecerá el turismo?

El PP recurre la ley al Constitucional​

Las comunidades autónomas del PP han anunciado recursos contra la Ley de Vivienda ante el Tribunal Constitucional. Argumentan que invade competencias autonómicas y que ahuyentará la inversión. El Gobierno sostiene que la ley es plenamente constitucional y que las comunidades tienen margen para adaptarla. La batalla judicial podría retrasar la aplicación de la norma durante meses o años. Mientras tanto, los precios siguen subiendo y la oferta no reacciona. La ministra Isabel Rodríguez tendrá que lidiar con esta contradicción: un ministerio con pocas competencias directas y una ley que depende de quienes la rechazan.

¿Qué se puede esperar?​

El nuevo ministerio no tiene varitas mágicas. Su éxito dependerá de la capacidad de negociación con las comunidades y de la voluntad política de aplicar medidas impopulares entre los propietarios. La construcción de vivienda pública a gran escala, como se ha hecho en otros países, requeriría inversión sostenida y suelo disponible. En España, el suelo público existe, pero su movilización es lenta. Sin un aumento significativo de la oferta, cualquier medida de control de precios puede quedarse corta. La predicción con reservas: si no se construye más y no se regulan los alquileres de forma efectiva, el problema persistirá. El Ministerio de Vivienda es una declaración de intenciones, pero los hechos aún están por ver.