El enfado de Podemos al quedarse sin ministerio
El reparto de carteras se cerró sin Podemos. Ione Belarra e Irene Montero quedaron fuera del Consejo de Ministros cuando su formación abandonó el Gobierno de coalición, apenas unos días después de votar a favor de la investidura de Pedro Sánchez. La pregunta que hay debajo es mucho menos épica: ¿cuánto cuesta gobernar desde fuera, en escaños y en nómina?
El punto de partida es el enfado de las dos dirigentes, que el debate da por descontado, y la sospecha —nunca confirmada— de que el paso siguiente sería una denuncia judicial contra el presidente del Gobierno. De eso no consta nada. Lo verificable es la aritmética parlamentaria y el precio de haber votado que sí.
¿Cuántos diputados tiene Podemos y para qué le sirven?
Cinco, según el cálculo que circula en el debate al medir el peso parlamentario de la formación morada. Sobre esa cifra se monta el argumento estrella: que cinco escaños bastan para condicionar una mayoría ajustada. La letra pequeña desmonta media tesis. La investidura se cerró con
176 escaños, umbral que ya está superado, y los mismos diputados que ahora se presentan como amenaza fueron quienes lo hicieron posible. Quien sostiene que Podemos puede tumbar al Gobierno olvida que Podemos fue quien lo dejó en pie.
La versión contraria también circula: si el grupo hubiera votado en contra, no habría investidura, no habría coalición y, con bastante probabilidad, habría elecciones. Ese escenario se agitó durante la negociación y nunca se activó. Con los votos ya prestados, la capacidad de presión se reduce a lo que permite el reglamento: enmiendas, recursos y ruido.
¿Qué pasa con la ley de amnistía?
La amnistía aparece en la conversación como la única palanca con recorrido real. Hay quien plantea que los diputados de Podemos podrían frenar su tramitación y forzar así una negociación con el Ejecutivo. El mismo razonamiento sirve para descartarlo: quienes amenazan con frenarla votaron a favor del acuerdo que la hizo posible, y ese pago ya está hecho. A la fecha de este análisis, la norma seguía su curso sin desenlace conocido.
Conviene recordar que la ley se ha convertido en el comodín de todas las quinielas de la legislatura. Cada actor la usa como moneda de cambio y ninguno ha explicado todavía qué precio tiene exactamente.
¿Hay margen para una moción de censura?
Se ha planteado como escenario teórico: que los cinco diputados de Podemos sumen con el PP y Vox para intentar tumbar al Ejecutivo. La cuenta no sale por ningún lado. La oposición no tiene los números y la formación morada no va a votar junto a la derecha sin firmar su desaparición electoral. Hay quien recuerda que el líder del PP ya incomodó a las dirigentes de Podemos durante la investidura y que el mecanismo existe, aunque su utilidad práctica fuera nula. Plantear una moción de censura sin votos es hacer campaña, no hacer oposición.
La izquierda que no cabe en el PSOE
El diagnóstico más repetido no habla de Podemos, sino del hueco que ocupa. Sumar absorbió el espacio, Izquierda Unida quedó diluida dentro de la nueva marca y la formación morada se quedó con un grupo reducido y sin estructuras propias de gobierno. Una de las lecturas que se repiten en el debate es que el PSOE ha aglutinado a toda la izquierda —y a buena parte de la derecha periférica— bajo la premisa de que no apoyarle equivale a apoyar al fantasma de Franco. Es una hipótesis discutible, pero explica por qué nadie ha movido ficha.
En ese marco, las salidas se reparten entre el escaño, la opinología televisiva y algún puesto institucional. Una retirada con sueldo y sin responsabilidad no es un castigo: es una jubilación anticipada con micrófono.
El sueldo que no sale en los titulares
Lo que queda cuando se apaga el foco ministerial es una cifra poco glamurosa. El cálculo que circula en el debate habla de
dos años de prestación por cese a razón de 5.300 euros mensuales, con la duda de si la cantidad es bruta o neta. No hay confirmación oficial del importe y quien lo maneja lo presume. Aun así, el orden de magnitud permite comparar: el sueldo de diputado, la indemnización por cese y el retorno a la empresa privada o a la tertulia dibujan un colchón que muy pocos asalariados tienen.
Y aquí está el detalle que descoloca. La conversación pública se ha centrado en la venganza política, en las carteras perdidas y en las advertencias cruzadas, mientras el dato más concreto de toda la operación —el coste real del cese— sigue sin que nadie lo haya verificado.