Noticia para los MADMAXIANOS.
Desde luego, el futuro Español va cobrando carices cada veaz más apocalípticos.
Ahora se quieren jugar a la timba no sólo los fondos de reserva de la Seguridad Social, sino también los fondos de reserva de los resíduos nucleares, o sea, el dinero que está reservado para tratar los resíduos que se generarán en el futuro.
Si entiendo esto bien, significa que sin esos fondos, los resíduos no se podrán tratar, y las centrales no se podrán desmantelar, con lo cual prepárense ustedes para un futuro radiactivo.
Industria quiere invertir en renovables el fondo de residuos nucleares.
http://www.cincodias.com/articulo/e...uos/nucleares/cdscdi/20070912cdscdiemp_1/Tes/
Desde luego, el futuro Español va cobrando carices cada veaz más apocalípticos.
Ahora se quieren jugar a la timba no sólo los fondos de reserva de la Seguridad Social, sino también los fondos de reserva de los resíduos nucleares, o sea, el dinero que está reservado para tratar los resíduos que se generarán en el futuro.
Si entiendo esto bien, significa que sin esos fondos, los resíduos no se podrán tratar, y las centrales no se podrán desmantelar, con lo cual prepárense ustedes para un futuro radiactivo.
Industria quiere invertir en renovables el fondo de residuos nucleares.
http://www.cincodias.com/articulo/e...uos/nucleares/cdscdi/20070912cdscdiemp_1/Tes/
Eléctricas, Gas y Agua Residuos
Industria quiere invertir en renovables el fondo de residuos nucleares
El fondo para la gestión de residuos nucleares, que gestiona Enresa y suma ya unos 2.000 millones, podría ser invertido en proyectos de energías renovables, cuya rentabilidad alcanza hasta el 9%, frente a la renta fija, que ronda el 4%. Esta propuesta de Industria se suma a la decisión de eliminar de la tarifa la compensación que se da los municipios con nucleares, que deberán sufragar directamente las eléctricas.
Al igual que el fondo de la Seguridad Social, que se podrá invertir en un futuro en renta variable, el Gobierno quiere capitalizar otro fondo cuyo grueso no se utilizará hasta dentro de 20 años, y que acumula ya 2.000 millones de euros. Se trata del destinado al tratamiento de los residuos radiactivos y el desmantelamiento de las centrales nucleares que gestiona Enresa y que financian desde 2005 las empresas eléctricas (con anterioridad lo pagaban los consumidores a través de la tarifa).
En estos momentos, los criterios de inversión de ese fondo son altamente conservadores y el dinero se coloca casi únicamente en renta fija o cuentas remuneradas, de las que se obtiene una rentabilidad de algo más de un 4%. De los citados 2.000 millones de euros, un 35% procede de la gestión financiera que ha venido realizando Enresa desde su creación como empresa pública en 1984.
Sin embargo, a la vista de la decisión sobre el fondo de la Seguridad Social y de algunas recomendaciones de la Dirección General del Tesoro, el Comité de Gestión de Residuos de Enresa, que preside el Secretario General de la Energía, Ignasi Nieto, ha decidido indagar otros caminos para capitalizar la cantidad reservada a los residuos, siempre “dentro de los criterios de rentabilidad, legalidad y suficiencia que impone la ley”, según fuentes próximas a la compañía.
Sin cambiar la ley
Entre las inversiones que se plantean están los nuevos proyectos de energías renovables, cuya retribución está asegurada con tasas de retorno de la inversión del 7% y, que en muchos casos, llega al 9%. Frente a la renta fija esta inversión (por las que pelean duramente en el mercado los promotores privados) provocaría una pérdida temporal de liquidez.
En cualquier caso, el porcentaje a destinar a este tipo de proyectos está aún por concretar y no requeriría, según fuentes jurídicas, la modificación de la ley eléctrica, que establece que el fondo es finalista, esto es, que el dinero sólo se puede destinar a la financiación de las actividades de los planes de residuos radiactivos que el Gobierno aprueba periódicamente. Por tanto, la decisión de ampliar las vías de capitalización no supone alterar ese objetivo, según las mismas fuentes. El último plan establece que el coste de la gestión de residuos en ese periodo se eleva a 13.000 millones, en el escenario 1985-2070, de los cuales, se ha incurrido ya en un 25% del coste (unos 3.000 millones).
En abril de 2005, en línea con la normativa europea, Industria obligó a las eléctricas a internalizar la cantidad anual destinada al fondo de gestión de residuos, que ahora pagan a Enresa a través de una tasa y en proporción a las ventas de energía de cada una. Esta cantidad varía según los años, pero en los últimos ejercicios ha superado los 100 millones de euros.
Sin embargo, en aquella ocasión, se decidió mantener como un encargo de la tarifa eléctrica otras partidas que también paga Enresa, como son las compensaciones que reciben los ayuntamientos con centrales nucleares en su término municipal (entre 18 y 20 millones de euros al año).
Ahora, aprovechando la tramitación parlamentaria de la nueva Ley del Consejo de Seguridad Nuclear, Industria ha modificado la ley eléctrica y obliga a las compañías del sector a asumir también el pago a los ayuntamientos con instalaciones nucleares, así como el impuesto que la Junta de Andalucía cobra a Enresa por el almacén de residuos de El Cabril (Córdoba).
Las eléctricas pagarán a los municipios nucleares
En su afán de “limpiar” la tarifa eléctrica y de que “cada tecnología aguante sus costes”, el Ministerio de Industria ha aprovechado la reforma de la ley del Consejo de Seguridad Nuclear para incorporar una enmienda en el Congreso con el fin de modificar la financiación del fondo de gestión de residuos radiactivos. De esta forma, en una disposición adicional, se establece que “se imputará” a las eléctricas las “asignaciones que Enresa destina a los municipios afectados por centrales nucleares”.
Se trata de una compensación “por pérdida de actividad económica” (entre 18 y 20 millones de euros al año) que se da a los municipios que tienen en un radio de 20 kilómetros alguna instalación nuclear. Asimismo, en la nueva norma se obliga a las empresas eléctricas a hacerse cargo del impuesto que la Junta de Andalucía cobra desde algunos años a Enresa por su almacén radiactivo de El Cabril (Córdoba) y que asciende a otros 12 millones de euros anuales.
Estas medidas han provocado el malestar de las compañías que, a través de Unesa, van a intentar frenar estas modificaciones en el Senado a través de contactos que ya se han mantenido con el principal grupo de la oposición. El PP no dispone de excesivo margen para modificar la ley porque el grueso de la misma lo ha pactado con el PSOE.
