ULTIMA HORA: Junts le saca a Sánchez el control total de la inmi gración para Cataluña.

Junts arranca a Sánchez el traspaso integral de la inmigración​

Un comunicado breve anunció la abstención de Junts per Catalunya en la votación de los decretos del Gobierno. El precio estaba escrito en el mismo texto: la delegación integral de las competencias de inmigración a la Generalitat y la publicación inmediata de las balanzas fiscales. Con esa abstención —y no con un voto a favor— Pedro Sánchez salvaba la papeleta. El asunto de fondo es delicado: el artículo 149.1.2 de la Constitución reserva al Estado, en exclusiva, «nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo». Ahora su gestión se delega a una comunidad autónoma. Y no es lo único que viaja en el acuerdo.

Qué ha conseguido Junts además de la inmigración​

El paquete es más ancho de lo que sugiere el titular. En el mismo lote entran la reforma de la Ley de Sociedades, un IVA del 0% para el aceite, una inyección de 6,2 millones de euros para la justicia catalana, el compromiso de que el Estado asuma el 100% de los descuentos al transporte y el reconocimiento de «derechos históricos» del Régimen Local. Es una lista que mezcla asuntos fiscales, judiciales y de financiación. La pregunta que sobrevuela el acuerdo es qué queda para las demás comunidades autónomas, porque el artículo 14 de la Constitución las iguala ante la ley. Hay quien ya ha insinuado que pedirán lo mismo.

• Delegación integral de las competencias de inmigración
• Reforma de la Ley de Sociedades
• IVA del aceite al 0%
• 6,2 millones de euros para la justicia catalana
• El Estado asume el 100% de los descuentos al transporte
• «Derechos históricos» del Régimen Local

¿Sirve de algo tener la competencia de inmigración?​

Aquí empieza el laberinto. La expulsión de un extranjero se ejecuta contra el territorio español, no contra una comunidad. No hay fronteras interiores que cruzar ni aduanas entre autonomías, así que un extranjero expulsado de Cataluña al resto de España, si el dispositivo no sale del país, simplemente vuelve. La libertad de circulación dentro del Estado anula casi todo el efecto práctico del traspaso. Hay quien sostiene que la clave no es expulsar, sino cerrar el grifo: aplicar de verdad la ley en el papeleo, denegar renovaciones y endurecer los requisitos administrativos. Eso, con la competencia delegada, sí se puede hacer desde la Generalitat.

Y luego está la reversibilidad, que es el detalle que nadie subraya. Las competencias no pasan a ser originarias de la comunidad: son delegadas, y su titularidad sigue en el Estado. Este Gobierno, o cualquier otro, puede retirarlas. Un acuerdo presentado como histórico se deshace con otro decreto. En política nadie firma nada eterno.

Los Mossos no quieren controlar la inmigración​

El primer frente abierto no es jurídico, sino policial. Mandos policiales han criticado el movimiento y el cuerpo autonómico ha rechazado asumir el control de la inmigración con una expresión contundente: «Es una burrada». La letra pequeña obligaría a los Mossos a situarse en aeropuertos, puertos y aduanas, lo que a juicio de sus responsables desnaturaliza su función. En el debate también se sostiene que ese reparto redefiniría el papel de la Policía Nacional y la Guardia Civil en territorio catalán. Ninguno de esos cambios es cosmético, y ninguno está resuelto en el comunicado.

La grieta en el independentismo: ERC acusa a Junts de criminalizar​

El pacto ha abierto una brecha en el bloque independentista. ERC sostiene que el acuerdo criminaliza a los inmigrantes, y su líder habla abiertamente de que Junts abraza discursos que antes se situaban en la extrema derecha. Junts responde que si se expulsa o no a delincuentes multirreincidentes debe poder decidirse desde Cataluña. Es una discusión sobre competencias, sí, pero también sobre relato. El partido que presume de haber ganado la partida es el mismo que debe explicar a su electorado por qué se abstiene en vez de tumbar al Gobierno.

Dónde está el dinero que mueve la inmigración​

La parte económica es la que menos titulares ha generado y la que más puede pesar. La gestión del ramo mueve partidas cuantiosas: acogida, integración y programas financiados con fondos europeos. Si la Generalitat asume la competencia, administra ese dinero sin pasar por la caja central del Estado. Voces críticas advierten de que ahí está el verdadero incentivo del acuerdo y de que la suma puede superar con holgura las cifras de justicia o de transporte incluidas en el mismo lote. El cálculo completo, partida a partida, es lo que conviene mirar con lupa antes de dar por cerrada la factura.

El voto de Coalición Canaria y el precedente de 1992​

Uno de los apoyos más difíciles de explicar es el de Coalición Canaria, que respaldó la transferencia mientras las islas siguen lidiando con una presión migratoria que golpea su principal industria. También se ha puesto sobre la mesa el precedente: en el debate se recuerda que en torno a los Juegos Olímpicos de 1992 ya se trasladaron familias en situación de exclusión desde Barcelona hacia otras provincias, con billete y una ayuda de mano. Si aquello ocurrió, no hay motivo para pensar que ahora sería distinto.

El dato que descoloca, al final, no es la competencia en sí. Es que todo lo concedido cabe en una abstención, y que todo lo concedido se puede revertir con otro Gobierno. Las balanzas fiscales, en cambio, se publican antes. Eso ya no hay quien lo retire.