Detenido el descendiente de Cándido Conde Pumpido (Presidente del Tribunal Constitucional) por agresión sensual grupal, ojo a la juez del caso.

El hijo de Conde Pumpido, detenido por presunta agresión sexual​

Un abogado penalista de 43 años, hijo del presidente del Tribunal Constitucional, sale en libertad sin medidas cautelares después de que una mujer lo denunciara por una presunta agresión sexual grupal en su chalet de San Blas, en Madrid. Lo llamativo no es solo el apellido. Es el calendario: el caso salta en plena tramitación de la amnistía, la misma norma que su padre, Cándido Conde Pumpido, tendrá que avalar desde la presidencia del TC. Demasiadas casualidades para unos. Demasiados antecedentes, para otros.

Qué se denuncia y qué dice el examen médico​

Los hechos, tal como se han publicado: la Policía Nacional detiene a Cándido Conde Pumpido Varela junto a otros dos hombres tras la denuncia de una mujer de origen brasileño. La joven es trasladada al Hospital de La Paz, donde se activa el protocolo de agresión sexual. Según las informaciones difundidas, el examen médico habría certificado lesiones compatibles con una violación y la mujer habría tenido que ser ingresada. Ella identificó a los tres hombres, que fueron arrestados.

La defensa sostiene otra versión. El abogado del detenido llegó a declarar que la denunciante, si no era prostituta, «lo parecía». Una frase que, por sí sola, explica buena parte del ruido posterior. La jueza acabó dejándolo libre.

La jueza del caso y el parentesco que nadie confirma​

Aquí empieza el asunto que lo envenena todo. La jueza que instruye el caso y la fiscal que se querelló de oficio contra Luis Rubiales por el beso a Jenni Hermoso serían hermanas, según se afirma en distintos análisis. Un mismo apellido, dos criterios opuestos: en un caso se actúa de oficio por un gesto; en el otro, un informe que apunta a violación no impide la puesta en libertad. No hay confirmación oficial de ese parentesco, pero la comparación se ha repetido hasta la saciedad.

Padre en el TC, madre en el CGPJ​

El entorno familiar del detenido no es un detalle menor. Su padre preside el Tribunal Constitucional, el órgano que debe pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía. Su madre, Clara Martínez de Careaga, es magistrada de la Sala Quinta del Tribunal Supremo y vocal del Consejo General del Poder Judicial, donde preside la Comisión de Igualdad. Que la responsable de igualdad del órgano de gobierno de los jueces sea la madre de un investigado por violencia sexual es, como mínimo, un titular incómodo.

Los antecedentes que se le atribuyen​

Los precedentes tampoco ayudan. Según las informaciones citadas, habría sido investigado por blanqueo de capitales vinculado a una trama de proxenetas, con 1,09 millones de euros en billetes intervenidos. En septiembre habría sido detenido por amenazar presuntamente con una pistola a unos empresarios para cobrar una deuda. Nada de esto es una condena firme. Todo es, por ahora, material de instrucción y de hemeroteca.

Los otros dos detenidos y el nombre fantasma​

Los otros dos arrestados tienen nombre: Fidel Emilio Cerecedo Mandillo y Mayker Isaac Ramírez Rivera. Del primero se publicaron fotos y datos en cuestión de minutos. Del segundo, casi nada: desapareció de las redes y su rastro se volvió esquivo. Ese desequilibrio entre dos compañeros de causa ha alimentado toda clase de teorías sobre quién es quién en el chalet de San Blas. Cuando un expediente tiene un nombre que se desvanece, el relato se llena de agujeros.

Libertad sin medidas cautelares y hospitalización​

La puesta en libertad sin orden de alejamiento fue el primer giro. La jueza consideró que los vídeos grabados en la casa desvirtuaban la versión de la denunciante. Semanas después, el propio detenido reaparecía con una declaración que nadie esperaba: que trabaja como repartidor de Glovo. Antes había sido ingresado en un centro psiquiátrico por conducta autolesiva, tras episodios de ansiedad. El hombre que un día amenazaba con una pistola y al siguiente repartía pedidos. El guion no lo firma nadie.

El tratamiento mediático del caso​

El asunto se ha convertido en munición de todos. Un sector lo usa para atacar al Gobierno y a la cúpula judicial; otro, para no hablar de él. En televisión pública, un presentador llamó «acusada» a la denunciante antes de corregirse a «denunciante»: un lapsus que resume cómo se está contando esto. En España, según la ley, hay presunción de inocencia. Según el apellido, a veces también hay otra cosa.

Con estos mimbres, la pregunta no es si el caso llegará a juicio. Es si alguien con ese apellido llega a sentarse alguna vez en el banquillo, o si el expediente acabará archivado como tantos otros. Y si el padre, entretanto, sigue presidiendo el tribunal que decide qué es constitucional y qué no.