La 'Manada de la Toga' sale libre y ya se habla de indulto
Tres hombres fueron detenidos tras la denuncia de una mujer por una agresión sexual grupal. El examen médico del Hospital de La Paz certificó que había sido violada, según los datos que maneja la investigación. La mujer identificó a los tres arrestados. Uno de ellos es descendiente de Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional. Todos quedaron en libertad sin medidas cautelares en un tiempo récord. El asunto, que apenas ha tenido eco mediático, ha derivado en una discusión sobre el funcionamiento de la justicia cuando el apellido pesa.
El examen médico y la puesta en libertad exprés
El protocolo de agresión sexual se activó en el hospital. El informe médico certificó que la mujer presentaba signos compatibles con una violación, aunque sin detallar la gravedad de las lesiones. La Policía detuvo a los tres señalados. Horas después, la jueza los dejó libres. El argumento: las grabaciones no mostraban a los otros dos implicados y los signos médicos podían ser compatibles con un encuentro consentido pero agresivo. La decisión ha generado estupor incluso entre profesionales del derecho, que esperaban medidas cautelares dado el certificado médico.
Hay quien sostiene que la puesta en libertad es de libro, que las pruebas no sostienen una prisión provisional. En contra pesa el criterio de otros casos: en la agresión de San Fermín, los acusados también negaron los hechos y la presión mediática fue feroz. La diferencia, señalan, es que allí no había un apellido ilustre de por medio.
¿Por qué se habla de indulto antes de juicio?
La hipótesis que circula es que el caso podría acabar en indulto. El presidente del Tribunal Constitucional ya ha indultado a delincuentes con condena firme, como el ladrón de la próstata, y de facto al ladrón del fuet y su familia. La
amnistía no serviría: el margen temporal tendría que ser tan concreto que resultaría sospechoso. El indulto, en cambio, solo requiere la propuesta del Gobierno y la firma del jefe del Estado. No necesita votos ni mayoría parlamentaria.
El precedente de los GAL o el de la corrupta política con lunar sexi se citan como ejemplos de indultos a delincuentes peligrosos. La pregunta es si el caso encaja en esa tradición o si se trata de una figura pensada para proteger a los poderosos. La respuesta, por ahora, no está en los tribunales.
El silencio mediático y la maquinaria del descrédito
Ni un titular a toda pastilla. Ni manifestaciones de colectivos feministas. Ni debates en televisión. El caso ha pasado casi desapercibido. La maquinaria del descrédito ya está en marcha, según quienes siguen el asunto: se filtrará que la denunciante es una mala mujer, que devolvía los VHS sin rebobinar, que tiraba las cáscaras de pipas al suelo. Los sindicatos no han puesto una denuncia por nocturnidad ni festivo. La investigación quedará en manos de una comisaría concreta.
La jueza que dejó libres a los detenidos tiene un artículo en un medio de tirada nacional en el que se reivindica como magistrada feminista. La coincidencia con el apellido del principal implicado ha sido señalada por algunos analistas. No hay pruebas de favoritismo, pero el dato alimenta la desconfianza.
El doble rasero de las denuncias falsas
La estadística oficial sostiene que las denuncias falsas son un porcentaje ínfimo. Sin embargo, en este caso, la defensa ha puesto el acento en la falta de pruebas. El debate sobre el doble rasero recorre los mentideros: si el acusado fuera un desconocido, ¿habría salido libre? ¿Se habría cuestionado el testimonio de la víctima con la misma intensidad?
El asunto se complica con la condición de la denunciante: mujer, migrante y trabajadora sexual. Tres capas de vulnerabilidad que, según algunos, explican el abandono institucional. Los mismos que exigen creer a la víctima en otros casos guardan silencio aquí. No hay manifestaciones, no hay pancartas, no hay 'yo sí te creo'.
El caso sigue abierto. Los detenidos están en la calle. La investigación continúa. Nadie sabe si habrá juicio, condena o indulto. Lo único claro es que la justicia, cuando el apellido es Conde-Pumpido, funciona a otra velocidad.