450 € la hora y una vida que la denuncia no explica
¿Cómo se sostiene una agenda de champán en el Amazónico, reservados en Madrid y viajes a Abu Dhabi y Mykonos si la empresa textil que fundaste duró dos años? Esa pregunta no aparece en el atestado, pero recorre todo el caso. Y la respuesta que circula tiene números: un perfil en una página de contactos, fotos de fiesta y una tarifa de
450 euros por la primera hora. Es la mitad del expediente de la que no se habla en un juzgado.
La otra mitad es una denuncia. El 3 de noviembre, Aline Fernanda de Maschietto Siqueira, de 29 años, presentó una acusación por presunta agresión sexual grupal en el domicilio de
Cándido Conde-Pumpido Varela, abogado e hijo del presidente del Tribunal Constitucional. El hombre quedó en libertad sin cargos. Su versión, difundida por su abogado, sostiene que la mujer se negaba a marcharse y que el plan era que un chófer la llevara a casa.
¿Por qué la jueza resta credibilidad al relato de la denunciante?
Porque las imágenes no acompañan. La magistrada María Isabel Durantez Gil escribe en el auto que en las cámaras de seguridad se ve a la denunciante y al denunciado «en uno de los dormitorios durante varias horas, entrando y saliendo, bebiendo, etc., sin que pueda adivinarse ninguna situación coincidente con el relato de los hechos por ella mantenido». La escena que sostiene la acusación no asoma por ninguna parte.
Sobre la casa planea otro debate. Está en el barrio de San Blas, tiene
285 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 419 y se levantó en 1981. Fuentes cercanas al acusado lo resumen así: quien tiene cierto nivel económico pone cámaras para protegerse; quien no las pone, se queda con la palabra del otro. No hay más misterio, aunque haya quien insista en buscarlo.
¿Cuánto cuesta una escort de lujo y por qué se paga ese precio?
La primera hora, 450 euros. En el domicilio del cliente, 300. Son las tarifas que se atribuyen al perfil de la denunciante en una web de contactos, y son el motivo por el que media conversación derivó hacia el precio. En el otro extremo, en el debate se menciona como ejemplo el llamado escalón de la calle, en torno a 30 euros. La horquilla entre ambos mundos explica mucho del asunto.
Hay quien sostiene que el precio alto no compra sexo, compra despedida sin consecuencias: se paga para que la persona se marche después. La formulación económica es más fina todavía, y lleva años circulando en boca de quien presume de haber aprendido la lección. Un testimonio recogido al hilo del caso describe una negociación real: 200 euros por 45 minutos y taxi aparte, cerrada en 90 euros y 50 minutos, 110 con el transporte. La conclusión de quien lo cuenta es que
hay mucha competencia.
Gemidox, una textil que duró dos años y 29 procesos en Brasil
Antes de las cámaras, el rastro documental. La mujer fundó en 2017 la empresa textil Dolce Vita junto a un socio, y la aventura duró dos años. Su nombre aparece en Escavador, un contenedor de información pública brasileño, con
29 procesos judiciales abiertos, 25 de ellos en el estado de São Paulo. Del perfil en la web de contactos ya ha desaparecido el precio.
Según fuentes del sector, el patrón es conocido: viajar de país en país, vivir una media de
90 días en cada ciudad y hacer de turista mientras se conciertan encuentros. Una cuenta de Instagram cerrada después de saltar a los medios y otra que sigue abierta muestran dos versiones de la misma persona.
El doble rasero: a quién se cree y a quién se investiga
Aquí el asunto deja de ser un caso y se convierte en un patrón. Una corriente sostiene que la credibilidad de una denuncia depende de quién la firma y contra quién se dirige, y que eso se nota cuando el denunciado tiene apellido. La respuesta habitual es que existe una demanda por denuncia falsa sobrevolando el expediente, aunque nada de eso esté resuelto.
El auto lo firma una magistrada que militó en la asociación Juezas y jueces para la democracia y dirigió Marina Mercante entre 2009 y 2012. Hay quien lo cita como contexto y hay quien lo usa como argumento. Ambas cosas caben en un mismo párrafo, y ninguna de las dos sustituye a una sentencia.
Al final queda una denuncia sin cámara que la sostenga, una tarifa sin nómina que la explique y un catastro de San Blas perfectamente documentado. Si alguien encuentra la factura del champán, que avise: probablemente sea lo único capaz de cerrar el expediente.