Cada día lo tengo más claro: no ser funci joroba vidas.

Funcionario con 1.800 € o 60 horas en la privada: el dilema​

El sueldo más bajo puede salir ganando. Un funcionario raso cobra entre 1.300 y 1.800 € netos al mes, con algo de antigüedad, y rara vez por debajo de los 2.000 € en catorce pagas si acumula pluses y complementos. A cambio, echa 35 o 37,5 horas semanales. Al otro lado, el asalariado de la empresa privada ingresa una cifra parecida y firma 50 o 60 horas más algún fin de semana. La comparación no se decide en la nómina. Se decide en todo lo que va alrededor.

¿Cuánto cobra de verdad un funcionario?​

El grueso del empleo público se mueve en esa franja de 1.300 a 1.800 € netos, siempre con la antigüedad sumando. Los complementos y productividades permiten a muchos superar los 2.000 € en catorce pagas sin haber pisado un puesto directivo. Es la parte de la escala que casi nunca sale en los titulares, porque el morbo está arriba.

Arriba la cifra se dispara. Hay quien sostiene que los inspectores de Hacienda alcanzan los 90.000 € a los dos años de entrar, que un juez con veinticinco o treinta años de carrera ronda los 95.000 € y que un técnico de Hacienda de nivel 24 se queda en unos 45.000 €. En la Administración General del Estado hay A1 sin prestigio asentados en los 60.000 €, con el añadido de que muchos no rinden lo que su nivel sugiere. Ese es el tramo que convierte una reclamación salarial en un escándalo.

El salario que no sale en la nómina: banco, alquiler y estatus​

La ventaja real de la plaza fija, según quienes la defienden, no es el importe. Es la puerta que abre. Con un contrato indefinido de la administración pública se accede a financiación que a otros se les niega, y los propietarios de pisos en alquiler compiten por firmar con ese inquilino aunque ingrese menos que un candidato con nómina temporal.

Suma el horario y suma el respeto social. En una economía donde el trabajo privado se ha convertido en una sucesión de picos de demanda y ajustes, la plaza aporta algo que no se cotiza: la certeza de que el mes que viene se cobra igual. Es difícil de valorar en euros y explica por qué gente con ofertas mejores no se mueve.

¿Qué esconde la jornada de la privada?​

La letra pequeña del otro lado incluye lo que nadie cuenta en la oferta. Horas extra que no se pagan, fines de semana absorbidos y una edad a partir de la cual el mercado deja de llamar. Hay quien añade episodios de despidos ejecutados con premura, finiquitos discutidos y plantillas que acaban en el fondo de garantía salarial mientras el negocio sigue funcionando bajo otra sociedad.

No es una descripción universal. Es el riesgo que justifica, para mucha gente, renunciar a doscientos o trescientos euros más al mes.

¿Por qué los días de asuntos propios no son un mes extra?​

Porque el cálculo real deja mucho menos margen del que se repite. Frente a los ocho o nueve días de asuntos propios que maneja el empleo público, la empresa privada concede uno o dos. La diferencia neta, una vez descontado lo que cada convenio reparte, se queda en torno a cuatro o cinco días al año. Venderlo como un mes adicional es literariamente resultón y numéricamente falso.

La otra cara: cuando la plaza también es miseria vital​

La estabilidad tiene un precio y algunos lo describen sin paños calientes: rutina, desmotivación y veinte o treinta años mirando la misma silla. Hay funcionarios que reconocen haber pedido el traslado o la excedencia por no soportar el ambiente de una unidad concreta, porque un mal destino es un mal destino en cualquier sector.

La respuesta habitual es que la empresa privada tampoco reparte aventura. Los puestos cambian poco, la movilidad interna existe más de lo que aparenta y el discurso del trabajo apasionado rara vez sobrevive al tercer año. Sobre quién vive peor hay división, y no poca.

El canario en la mina: la recaudación se hunde​

Mientras se discute si la plaza vale lo que cuesta, llega el dato que debería preocupar a unos y a otros. El IVA recaudado cae un 22,1% y el IRPF un 3,8%, según el informe de ejecución presupuestaria de septiembre. La caída del consumo es la señal que en 2009 anticipó el desplome. Con menos actividad, sostener una estructura de gasto como la actual entra en terreno pantanoso.

Y ahí se cruzan las dos mitades del asunto: el empleo público se paga con impuestos que recaen sobre el empleo privado que se está enfriando. Cuando la caja mengua, la discusión sobre sueldos, complementos y productividades deja de ser una pelea de barra de bar.

¿Y si el cálculo estuviera mal planteado desde el principio? Porque si la balanza fuera tan favorable a un lado, las colas en las oposiciones deberían vaciarse y nadie devolvería la plaza.