La confederación hidrográfica del júcar contrató un seguro de negligencia penal hace 1 mes

Seguro por negligencia tres semanas antes de la riada​

¿Se puede asegurar la negligencia? Sí, y la Confederación Hidrográfica del Júcar lo hizo. El organismo estatal formalizó el 7 de octubre un seguro de responsabilidad civil derivada de procedimiento penal para 212 empleados públicos, según el anuncio publicado en el BOE. Veintidós días después, la dana arrasaba parte de la provincia de Valencia. El texto que ahora se discute no habla, según quienes lo defienden, de responsabilidad profesional ordinaria: habla, palabras textuales, de negligencia.

La publicación en el BOE desató la polémica. Una parte de quienes la leyeron vio de inmediato una cobertura preventiva ante lo que viniera; otra respondió que cualquier arquitecto, médico o conductor lleva encima una póliza parecida. Pueden ser verdad las dos cosas a la vez, y ahí empieza exactamente el problema.

Qué dice el contrato que se publicó en el BOE​

El documento recoge la contratación de un seguro de responsabilidad civil derivada de un procedimiento penal para el personal del organismo. No es un seguro de responsabilidad penal: eso, como tal, no existe en el mercado. Es una póliza que cubre la indemnización civil que puede derivarse de una condena penal, igual que el seguro de un coche paga a la víctima de un atropello aunque el conductor acabe condenado.

La discusión se enredó justo ahí. Se sostiene que el texto se refiere a negligencias leves, y los propios defensores de esa lectura añaden que una negligencia grave no sería asegurable porque lleva aparejada pena de prisión. El matiz tiene su lógica, pero también admite una lectura incómoda: la póliza cubriría el tramo de responsabilidad que va desde el descuido administrativo hasta el error con consecuencias irreversibles.

¿Es un seguro normal o hay algo anómalo en él?​

El argumento más repetido a favor de la normalidad es la comparación profesional. Un arquitecto firma con su seguro de responsabilidad civil; un cirujano, también. Un funcionario que tramita expedientes de presas no es distinto en teoría. La objeción llega cuando se pone el ejemplo concreto: no es lo mismo dejar un tornillo dentro de un paciente que equivocarse en la gestión de una infraestructura con miles de personas aguas abajo.

Ahí está el nudo del asunto. En el hilo se pregunta si es legal que se pague con dinero público la responsabilidad civil de un empleado público en un asunto penal. La duda razonable que nadie ha despejado es si esa cobertura es una práctica extendida en todos los organismos de cuenca o si aquí se contrató con una prisa inusual.

Renovación o contratación nueva: la fecha que cambia el relato​

Uno de los datos más citados para rebajar la alarma es que la póliza ya existía desde 2020, con términos idénticos a los actuales. Si es una renovación periódica, el contrato pierde la carga de intencionalidad que se le atribuye. Pero hay quien sostiene que el propio anuncio habla de contratación, no de prórroga, y quien apunta a un solape entre el contrato antiguo y el nuevo: la tragedia habría pillado al organismo con dos seguros en vigor simultáneamente.

De ser cierta esa lectura, el foco se desplaza. La pregunta deja de ser por qué se firmó en octubre y pasa a ser por qué no se renovó antes, o por qué cambió de aseguradora, o qué decía el pliego anterior. Los detalles finos de esa cronología —fechas de inicio, vencimientos, importes de prima— no están cerrados y conviene no darlos por hechos consumados.

Forata, el barranco del Poyo y los caudales que circulaban​

Los números que se manejan son los que más incomodan. El embalse de Forata recibió una entrada de 2.000 m³/s y desaguó en torno a 900 m³/s, según los propios mensajes difundidos por la Confederación en la madrugada del 30. El barranco del Poyo, a las 18.00 del día 29, transportaba 1.725 m³/s, casi cuatro veces el caudal del río Ebro, según lo apuntado en el hilo.

La precisión importa y conviene repetirla: Forata desagua al río Magro, que anegó Catadau, Alfarp, Carlet, La Alcudia, Guadassuar y Algemesí. Está a unos 30 kilómetros de donde se produjo la mayor parte de las víctimas. Atribuir la catástrofe a la apertura de compuertas es, con los datos sobre la mesa, una simplificación que no sostiene el detalle hidrográfico.

La alerta, el presupuesto y el resto del relato​

Los mensajes de aviso a la población no llegaron a los móviles hasta las 20.00 horas, según lo sostenido en el debate, cuando buena parte de los afectados ya tenía agua en la planta baja. La reconstrucción que circula sitúa la decisión en el terreno político y no técnico, y apunta a que la información sobre el caudal del Poyo ya estaba sobre la mesa horas antes. Son afirmaciones que se cruzan entre acusaciones y desmentidos y que, a día de hoy, no están cerradas.

El otro dato que descoloca es presupuestario: 96.000 euros repartidos en cuatro años para mantener 30 kilómetros de cauce hidrográfico, según una cifra que se maneja en el hilo. Con esa cifra, el coste de redactar los pliegos se come una parte notable del total. Y eso, al margen de seguros y alertas, dice bastante sobre cómo se ha tratado históricamente el mantenimiento de los cauces.

Al final, la póliza es lo de menos. El seguro cubre negligencias leves porque las graves no son asegurables, y ningún dueño de aseguradora va a la cárcel por nadie. Lo llamativo es que alguien considerase necesario contratar esa cobertura y que, veintidós días después, hiciera falta.