Cargas policiales en valencia

Cargas policiales en la protesta de Valencia contra la gestión de la DANA​

La manifestación contra Mazón celebrada en Valencia por la gestión de la DANA acabó con cargas policiales y con dos relatos irreconciliables sobre lo que pasó en la calle. Las imágenes muestran a agentes de la Policía Nacional avanzando sobre los asistentes. Antes, según una de las versiones difundidas durante la jornada, el cuerpo había aumentado el número de efectivos para disuadir la convocatoria. Lo que sigue sin cerrarse es lo de siempre: quién debía haber avisado, quién no lo hizo y a quién le conviene que la discusión se centre en las porras.

Quién convocó la manifestación contra Mazón y a quién beneficia​

Una lectura defiende que la convocatoria la impulsaron Podemos y Sumar, con el PSOE de tapadillo y sucursales valencianas de los independentistas catalanes. El resumen que hace esta corriente es tajante: «el Gobierno». Su tesis es que motivos para protestar sobraban, pero que el objetivo real de los organizadores era repartir culpas sobre el Consell, blanquear al Ejecutivo central y sacar rédito electoral.

La versión opuesta subraya otro dato: la manifestación fue multitudinaria y atravesó el eje izquierda-derecha, con votantes del PP y de Vox, jóvenes, mayores y niños, pancartas contra Sánchez e incluso alguna contra el rey, y un destinatario principal que era la Generalitat y su president, no el PP nacional.

Entre ambos relatos hay un punto de acuerdo incómodo. La legitimidad del malestar no está en discusión. Lo que se discute es a quién sirve.

¿Quiénes protagonizaron los disturbios en Valencia?​

Aquí las versiones se multiplican. Una sostiene que los altercados los provocó un grupo pequeño de jóvenes que no llegarían a los veinte años y que buscaron a la policía. Otra, justo lo contrario: que las unidades antidisturbios cargaron contra gente que protestaba de forma pacífica y que la noticia fueron las cargas, no la reacción. Una tercera apunta a infiltrados de extrema derecha y una cuarta sitúa la orden en el Ministerio del Interior.

Ninguna de esas hipótesis viene respaldada por pruebas en este asunto. Lo verificable es la secuencia: concentración, despliegue reforzado y cargas. Sobre esa base, cada cual coloca a sus sospechosos.

La escena tuvo un efecto llamativo. Una parte del público aplaudió que los agentes actuaran contra quienes considera responsables del abandono de los damnificados. Otra parte leyó lo mismo como una demostración de fuerza del Estado contra sus propios ciudadanos. La misma porra, dos películas.

¿Se parece esta protesta a las del ciclo del 15M?​

Hay quien sitúa lo ocurrido en la estela de las movilizaciones que se vivieron con el PSOE en el Gobierno y Rubalcaba al frente de Interior, y sostiene que la receta es la misma: tensión, caos y después una excusa para medidas de seguridad más duras. Es la lectura que atribuye a la protesta un guion previo y no una reacción espontánea.

La objeción es razonable: una cosa es que exista un ciclo de protesta y otra que cada convocatoria sea una pieza del mismo plan. En medio queda el dato que nadie discute, que es la indignación real de miles de personas que perdieron casa, coche o vecinos.

Los bulos que circularon durante la jornada​

En paralelo a las cargas corrió una segunda capa de ruido. Que si alguien había cortado la mensajería para impedir que la gente se coordinara. Que si las compuertas de un pantano se abrieron sin avisar a nadie. Que si el número real de fallecidos es muy superior al reconocido y se está ocultando. Que si todo responde a un plan global.

Ninguna de esas afirmaciones cuenta con pruebas y varias forman parte de repertorios conspirativos que ya circulaban antes de la catástrofe. Conviene decirlo sin adornos: sostener que hay miles de muertos escondidos no es una sospecha fundada, es un bulo, y como tal se difundió.

Menos fantasioso, y más significativo, fue el pulso con la cobertura informativa. Se difundieron escenas de vecinos echando de una localidad a un equipo de la televisión pública y hubo críticas explícitas al enfoque con que la cadena estatal cubrió la protesta. Ahí no hay teorías: hay una pelea abierta por el relato, en directo y en abierto.

El fondo: quién paga la fiesta y quién la cobra​

Debajo del ruido hay un diagnóstico que se repite con distintos acentos: los gobiernos autonómico y estatal tenían información sobre lo que se avecinaba y no la usaron. «El pueblo valenciano fue abandonado a su suerte», resume un mensaje, mientras se reclama depurar responsabilidades no solo políticas y se advierte de que los medios dejarán de hablar del asunto dentro de quince días.

Encima de la mesa hay además una petición muy concreta: identificar a quienes ensuciaron edificios públicos durante la protesta para que paguen los servicios de limpieza contratados, con la idea de que sin impunidad nadie repetiría. La respuesta a esa propuesta llega en forma de réplica: aplicada tal cual, esa vía podría devolver el conflicto a formas violentas del pasado.

Y luego está la lectura que trasciende el mapa de partidos. Un votante corriente de la izquierda tiene más en común con un votante corriente de la derecha que con sus propios dirigentes. Dos grupos, dicen: los que viven de la fiesta —políticos, medios, estructuras sindicales— y los que la pagan, voten lo que voten.

A eso se suma el desgaste acumulado. La advertencia de que un cambio de gobierno no garantiza nada, porque ya hubo etapas anteriores en las que se prometió revertir leyes y lo que llegó fue un rescate bancario y una subida de impuestos.

Ahí se atasca el análisis. Sabemos que hubo cargas, sabemos que hubo muertos y sabemos que la gestión llegó tarde. Falta saber quién firma, con qué responsabilidad jurídica y cuánto de todo esto se quedará en un titular de quince días.