España necesita menos políticos prometiendo soluciones y más gente preguntando cuánto nos cuestan sus promesas

Cada nuevo plan, ayuda o partida debería publicar cuánto cuesta, qué resultado obtiene y con qué dinero se financia. Sin esa evaluación, las promesas se pagan con impuestos y no se corrigen cuando fallan.

En España, cuando un problema se hace evidente, suele aparecer un anuncio de nuevo plan, ayuda o partida presupuestaria. La vivienda y la burocracia son dos casos claros: los precios suben, se aprueban medidas y la discusión pública se centra en culpas antes que en costes y resultados.

El caso de la vivienda y la Ley 12/2023

La Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, forma parte de esa respuesta legislativa. Saber que existe no basta. Hay que medir cuánto cuesta aplicarla, cuántas viviendas moviliza y qué efectos tiene sobre los precios y el alquiler.

Si cada anuncio sobre vivienda llegara con una memoria de coste y una fecha de evaluación, el debate cambiaría. Se podría discutir si la medida funciona o si conviene corregirla. El debate público se centra sobre todo en quién tiene la culpa.

Trámites que se suman a otros trámites

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, ordena el procedimiento administrativo común y la administración electrónica. Es una norma básica para ciudadanos y empresas. Su existencia no garantiza que cada trámite nuevo aporte un beneficio suficiente.

Los procedimientos se crean para resolver problemas administrativos. Con el tiempo, algunos añaden capas, duplicidades y horas de gestoría. Ese coste no aparece en los titulares, pero lo paga el contribuyente.

PP y Vox: rebajas fiscales con cuentas

El PP y Vox plantean distintas medidas de reducción fiscal y reforma administrativa. Comparar sus programas exige el mismo rigor que se debería pedir a cualquier otro partido. No vale el eslogan sin financiación.

Una rebaja de impuestos puede ser deseable o no, pero necesita explicar de dónde sale el dinero y qué efectos se esperan sobre el empleo, la inversión y los servicios públicos. Tampoco todo gasto público es innecesario: hay servicios esenciales que financiar.

Gobernar es también rendir cuentas

Gobernar no consiste solo en decidir dónde gastar. Consiste en saber de dónde sale el dinero, qué resultados produce y qué alternativas se descartaron. Una empresa justifica sus gastos y resultados; el gasto político debería someterse a una evaluación seria.

Los grandes programas públicos pasan por los Presupuestos Generales del Estado, aprobados por las Cortes Generales según la Constitución Española de 1978. Si el contribuyente paga, tiene derecho a preguntar. Menos promesas y más cuentas claras: gobernar es también rendir cuentas. Nada de esto es asesoramiento fiscal ni legal.