¿Por qué un español que trabaja tiene que pensárselo dos veces antes de alquilar su propio piso?

Un propietario particular no solo cobra una renta: asume gastos, impuestos, reparaciones y el riesgo de un impago que puede acabar en los juzgados. Por eso, antes de alquilar, muchos se lo piensan dos veces.

El alquiler no empieza cuando entra el inquilino

En España, poner un piso en alquiler es una actividad económica aunque la haga un particular. La Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos fija duración, renta, fianza y causas de resolución. La Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda añadió cambios en zonas tensionadas y actualización de rentas.

Antes de firmar, toca revisar comunidad, seguros, certificados y obras. Un piso comprado hace años puede necesitar reformas para competir. Esa inversión no se recupera si el alquiler dura poco o el inquilino deja de pagar.

Impuestos y reparaciones que salen del bolsillo del dueño

Los ingresos del alquiler se declaran en el IRPF como rendimientos del capital inmobiliario. Se deducen gastos necesarios como intereses, reparaciones, tributos, seguros o comunidad, pero el resultado tributa. El IBI y los gastos ordinarios de conservación suelen corresponder al propietario, salvo pacto válido.

Las reparaciones urgentes no esperan. Una avería de fontanería o una caldera rota puede comerse meses de renta. Si no, el dueño afronta igualmente la factura.

Impagos: el conflicto se resuelve en los juzgados

Cuando el inquilino deja de pagar, el propietario no puede echarle sin más. Debe reclamar judicialmente y seguir un procedimiento judicial de desahucio. Los plazos dependen del juzgado, de la carga de trabajo y de si hay oposición. Mientras tanto, la renta no entra y los gastos siguen.

La ley protege al inquilino cumplidor, y debe hacerlo. El problema surge cuando esa protección se percibe como un coste inevitable para el dueño.

Más oferta y protección: el equilibrio que se busca

España necesita más vivienda en alquiler, sobre todo donde hay empleo y demanda. Para que un particular saque su piso al mercado, necesita seguridad jurídica, incentivos fiscales y procedimientos rápidos ante incumplimientos. El PP suele poner el acento en esa seguridad y en aumentar la oferta. Vox también defiende la propiedad privada y cambios fiscales y regulatorios, con propuestas no idénticas.

El reto es proteger al inquilino sin que cada vez más propietarios prefieran no alquilar. Si el riesgo supera la rentabilidad esperada, muchos dejarán el piso vacío o lo venderán. Antes de decidir, conviene consultar a un asesor fiscal y a un abogado especializado.