De forzador a forzado: el juez destroza a errejón

El juez usa el discurso de Errejón contra él en plena instrucción​

El interrogatorio del caso que enfrenta a Íñigo Errejón con la denunciante Elisa Mouliaá ha dejado una escena que resume el estado del debate público en España: un juez preguntando al acusado por qué su formación defendía que hay que creer siempre a las mujeres y, sin embargo, ahora sostiene que la denuncia contra él es falsa. La pregunta, recogida en el material del caso, ha dividido a quienes siguen el procedimiento entre los que ven una línea de interrogatorio legítima y los que consideran que el juez se ha pasado de frenada.

Errejón, exdirigente de Podemos y exdiputado, comparece como investigado por un presunto delito sexual a raíz de la denuncia de Mouliaá. El juez, según el relato de los hechos que circula, le habría preguntado si su cambio de criterio sobre la credibilidad de las denuncias se debe a que ahora es él el señalado. La defensa del acusado no ha aclarado si piensa recusar al instructor.

Qué se le reprocha al juez en el interrogatorio​

La crítica más repetida apunta a que el juez está mezclando dos cosas: la coherencia ideológica de Errejón y la veracidad de los hechos que se investigan. Un juez no está ahí para dar zascas ni para debatir la hipocresía de un acusado, sostiene una parte del análisis. Su trabajo es evaluar si el testimonio de la denunciante es creíble, no si el investigado fue consecuente con lo que defendía en sus mítines.

Hay quien va más allá y describe el interrogatorio como una chapuza procesal. Se cuestiona que el juez ponga en duda la versión de la testigo usando preguntas dirigidas al acusado, e incluso que le haga reconstruir el relato de la denunciante. En ese punto, el debate jurídico se mezcla con el político: hay quien percibe la instrucción como un ajuste de cuentas con quien impulsó la ley del solo sí es sí.

En el otro lado, la defensa del instructor se apoya en un argumento técnico: evaluar la credibilidad de los sujetos es parte del trabajo judicial. Si Errejón sostuvo públicamente que toda denuncia equivale a verdad y luego, al ser denunciado, cambia de criterio, el juez tiene derecho a preguntar. La contradicción no sería un adorno, sino material relevante para medir la fiabilidad de su testimonio.

El contexto político que arrastra el caso​

El caso Errejón no se entiende sin el marco político que lo envuelve. El acusado fue uno de los principales impulsores de la ley de libertad sexual, conocida como ley del solo sí es sí, y su partido defendió durante años que las denuncias por violencia sexual deben creerse por defecto. Ahora, esa misma doctrina se vuelve contra él en forma de pregunta judicial.

La paradoja ha sido explotada por todos los lados. Desde la derecha se subraya la hipocresía del dirigente que defendía una cosa y ahora invoca garantías procesales. Desde la izquierda se avisa de que un juez no puede convertir una causa en un juicio a las ideas del investigado. Y en medio, la denunciante, Elisa Mouliaá, cuya credibilidad es el objeto real del procedimiento.

El asunto tiene además una derivada económica que no pasa desapercibida: el coste de la instrucción, la eventual indemnización si la causa se archiva y el desgaste institucional de un sistema judicial que cada vez más se percibe como arena política. Quien pague la factura, en cualquier caso, será el contribuyente.

Qué pasa si el juez mantiene el pulso​

La causa sigue en instrucción y no hay resolución firme. Cualquier escenario sobre condena o absolución es especulación. Lo único verificable es que el interrogatorio ha instalado la sensación de que el procedimiento se ha convertido en un campo de batalla donde cada gesto del juez se lee en clave política.

Si el instructor mantiene la línea de preguntar al acusado por sus declaraciones públicas, la defensa de Errejón podría intentar recusarlo por pérdida de imparcialidad. Si el juez rectifica y se limita a los hechos, el caso volverá al terreno probatorio puro, donde la denuncia de Mouliaá tendrá que sostenerse sobre algo más que la palabra.

Mientras tanto, el debate público sigue atascado en la misma pregunta que el juez le lanzó a Errejón: por qué hay que creer siempre a las mujeres cuando la denunciada es la víctima y no cuando el denunciado es el aliado.