Errejón dimite y la denuncia de Mouliaá llega al juzgado
La denuncia por acoso sexual de Elisa Mouliaá contra Íñigo Errejón ya tiene fecha en el calendario judicial: un juez ha citado como imputado al exportavoz de Sumar el próximo 12 de noviembre. La actriz y presentadora formalizó el escrito ante la Brigada Provincial de la Policía Judicial de la UFAM en las mismas fechas en que Errejón anunciaba su dimisión, después de una ronda de acusaciones anónimas por violencia sexual. El relato que sostiene la acusación sitúa los hechos en septiembre de 2021 y arranca en la presentación de un libro. Todo lo demás —la credibilidad, el momento y el envoltorio político— lleva desde entonces discutiéndose sin resolverse.
¿Qué relata la denuncia de Elisa Mouliaá?
Según el escrito al que ha tenido acceso
El Confidencial, Errejón invitó a la actriz a tomar una cerveza después de la presentación de su libro y ambos acabaron en una cervecería de la zona de Ópera, en Madrid. Hasta ese momento había mantenido «una actitud buena hacia ella», aunque durante la cita mostró un tono «serio y frío», siempre según la denuncia.
Por educación, Mouliaá lo invitó a una fiesta que organizaban unos amigos suyos. Ya en el vehículo que pidieron para desplazarse, el dirigente, según ese relato, adoptó una actitud dominante e impuso tres condiciones: que no se alejase mucho de él, que si lo hacía no se fuese a más de veinte metros y regresase en un minuto, y que esa noche le diese un beso. La denunciante asegura que se sintió «violentada» y «cortada», pero que decidió guardar silencio «por ser quién era».
Ya en casa de sus amigos, sostiene que el dirigente la besó y la tocó en distintas partes del cuerpo sin su consentimiento y que, en un momento dado, la empujó sobre la cama. Mouliaá describe que se sintió «paralizada» y que «no consintió nada de lo que sucedió». La versión de Errejón no ha trascendido con ese nivel de detalle. Sobre el papel, la acusación es de acoso sexual; la calificación definitiva la decidirá el juzgado.
Por qué la denuncia llega casi cuatro años después
Los hechos son de septiembre de 2021. La denuncia se presenta casi cuatro años más tarde. Ese desfase es el terreno donde más se pelea, y conviene separar dos cosas que a menudo se mezclan: la duración del silencio y la existencia de pruebas.
La denunciante sostiene que llevaba «más de un año» hablando con el expolítico por Instagram y Telegram, un vínculo previo que se utiliza para cuestionar el relato. Una parte del análisis subraya que un contacto prolongado y voluntario no equivale a consentimiento sobre lo que ocurre después; para otra, ese historial previo es precisamente lo que hace difícil sostener que hubo una agresión. La fecha del 12 de noviembre ya está fijada. Lo que no está es el resultado.
El calendario parlamentario que envuelve el caso
El asunto no aparece en el vacío. Horas antes, PP y Sumar habían alcanzado un acuerdo para facilitarse con sus votos la tramitación en el Congreso de las proposiciones de ley que cada uno había presentado. Es el tipo de alineación insólita que coloca al principal partido de la oposición y a una parte del Gobierno en el mismo lado de una votación, y deja fuera al otro sector del Ejecutivo.
De ahí nace la tesis más repetida en la conversación pública: que la denuncia funciona como cortina de humo para tapar otros asuntos y para advertir a Sumar de que no repita ese tipo de acuerdos. Como sostén de esa idea se señala el papel de la periodista Cristina Fallarás y se citan, en un mensaje de la escritora Lucía Etxebarria, los 100.000 euros de subvención del Ministerio de Igualdad que habría recibido una fundación vinculada a ella. Es un dato que circula atribuido y sin verificación independiente.
¿Qué valor tiene la palabra de la denunciante en un juzgado?
Depende de con quién se hable, y ahí está el nudo. Hay quien sostiene que la ley concede al testimonio de la víctima un peso probatorio que no tienen otros testimonios, hasta el punto de que bastaría para sostener una condena. Frente a eso, se recuerda que las sentencias se construyen sobre el apartado de hechos probados y que ese apartado se apoya en informes forenses, en pruebas biológicas o documentales y en corroboraciones externas, no solo en una declaración.
El relato, además, tiene que ser coherente y persistente en el tiempo. Esa exigencia es la que convierte el caso en un campo de minas: cualquier detalle que cambie, cualquier mensaje antiguo o cualquier diferencia de fechas se leerá como grieta. Y cualquier grieta se leerá, a su vez, como prueba de que el relato era falso. Ninguna de las dos lecturas es automáticamente cierta.
Qué le pasa a Sumar y a la izquierda que lo rodea
El coste político recae sobre una formación que ya venía de una legislatura complicada. En la conversación se repite la idea de que Errejón es un chivo expiatorio útil: alguien con perfil bajo en el reparto de poder del bloque, que se queda sin silla mientras otros nombres siguen colocados. También circula la versión opuesta, según la cual el partido actuó con rapidez precisamente porque la denuncia era verosímil.
El eco mediático ha sido enorme. El asunto ha desplazado a un segundo plano otros temas de la agenda y ha reabierto la discusión sobre cómo se han usado la intimidad y los escándalos sexuales como arma política en los últimos años. De momento, nadie ha aportado una prueba que cierre la discusión en ningún sentido.
Lo que el procedimiento todavía no ha resuelto
Errejón ha dimitido, está citado como imputado y no existe sentencia. La presunción de inocencia sigue vigente, y arrastrarla como si fuera un estorbo no ayuda a nadie salvo a quien quiere que el caso se decida en las redes antes que en un juzgado. Al mismo tiempo, el hecho de que la denuncia se presente casi cuatro años después tampoco convierte por sí solo el relato en falso.
Ahí se atasca el análisis. Ni la política sabe cuánto hay de estrategia y cuánto de daño real, ni el derecho sabe todavía qué pruebas existen más allá de la palabra. En ese hueco, cada cual coloca lo que ya creía antes de leer la denuncia.