Casi un millón de españoles cobra una pensión de 2.500€ al mes

Un forero calcula que casi un millón de pensiones supera los 2.500 euros al mes​

Hay una cifra que descoloca a cualquiera que mire su nómina: según un cálculo que circula en un foro, casi un millón de pensiones en España paga 2.500 euros al mes, y muchas se abonan catorce veces al año. El dato, que no está respaldado por una fuente oficial en el material, ha reabierto la guerra generacional. Mientras el Gobierno sostiene que 38 millones para los enfermos de ELA son un gasto inasumible, hay quien calcula que el desembolso en pensiones altas multiplica esa cantidad por varios ceros. La discusión no es nueva, pero esta vez los números duelen más.

Cuánto cuesta de verdad una pensión de 2.500 euros​

La aritmética es sencilla y brutal. Un solo pensionista que cobre 2.500 euros al mes con dos pagas extras se embolsa 35.000 euros al año. Multiplíquese por casi un millón de beneficiarios y la factura supera los 30.000 millones anuales. Ese cálculo, que circula entre quienes siguen las cuentas públicas, es el que ha encendido la mecha. El agujero no está en las pensiones bajas, sino en la cúpula de la tabla.

Hay quien sostiene que el sistema es una estafa piramidal de manual: los cotizantes de hoy pagan las pensiones de hoy, y cuando lleguen los de mañana, no habrá suficiente masa salarial. El contrato social, dicen, está roto. La generación que ronda los 45 años asume que su jubilación será un espejismo. Pan para hoy, hambre para mañana.

El cálculo más optimista asume que la economía crecerá lo suficiente para sostener el sistema. El escenario pesimista parte de una premisa distinta: los ingresos por cotizaciones no cubren el gasto y la diferencia se paga con deuda o con impuestos. La Seguridad Social lleva años en déficit estructural, y nadie quiere ponerle el cascabel al gato.

La brecha entre lo que se cotiza y lo que se cobra​

El sistema español tiene una particularidad que sus defensores subrayan y sus críticos detestan: no hay proporcionalidad estricta entre lo aportado y lo recibido. Quien cotiza por la base máxima durante 40 años puede acabar cobrando más del doble que quien lo hizo por la mínima. Pero también hay quien no cotizó lo suficiente y recibe una pensión no contributiva. La solidaridad intergeneracional se ha convertido en un campo de batalla.

Una parte del análisis sostiene que el problema no son los pensionistas, sino la estructura del mercado laboral: salarios bajos, temporalidad y una economía que no genera suficiente riqueza para financiar el Estado del bienestar. Otra corriente señala directamente al gasto público improductivo: televisiones, fundaciones, observatorios, asesores y una constelación de organismos que se come parte del pastel. El dinero no falta, se malgasta, repiten.

La comparación con otros países es inevitable. En Alemania, la pensión media ronda los 1.500 euros, pero el sistema es diferente y la demografía también. En Grecia, los ajustes tras los rescates incluyeron recortes de hasta el 40% en las pensiones y un endurecimiento brutal de la edad de jubilación. España no ha pasado por ese trance, pero hay quien cree que acabará pasando.

El patrimonio de los jubilados: la variable que nadie quiere mirar​

Hay un dato que suele quedar fuera del debate: muchos pensionistas que cobran 2.500 euros al mes tienen además patrimonio inmobiliario. Pisos alquilados, segundas residencias, locales. La pensión no es su única fuente de ingresos. Quien tiene tres inmuebles alquilados no está en situación de necesidad, y sin embargo cobra como si lo estuviera.

Ese es el argumento que más ha calado entre los críticos del sistema actual. La pensión nació para cubrir la falta de ingresos al cesar en el trabajo, no para complementar rentas patrimoniales. Si el patrimonio supera cierto umbral, sostienen, la pensión debería modularse. La propuesta no es nueva, pero cada vez tiene más defensores.

En el otro lado, la defensa del sistema contributivo es firme: quien cotizó tiene derecho a cobrar, independientemente de lo que haya ahorrado o heredado. Meter el patrimonio en la ecuación abriría una caja de truenos: ¿se revisarían también las herencias, los planes de pensiones privados, los fondos de inversión? La línea es difícil de trazar.

Quién paga la fiesta y quién decide​

La discusión deriva rápidamente hacia el terreno político. Hay quien sostiene que el sistema se ha convertido en una transferencia masiva de riqueza de los jóvenes a los mayores, y que los segundos deciden con su voto cómo se reparte el dinero de los primeros. La democracia tiene estas cosas: quien cobra, vota.

Las propuestas más radicales hablan de vincular el derecho al voto a la contribución neta al sistema. Quien aporta más de lo que recibe, vota; quien recibe más de lo que aporta, no. Es una idea que suena a ciencia ficción política, pero que circula con creciente naturalidad en ciertos círculos. Sufragio censitario 2.0, ironizan otros.

Mientras tanto, la realidad sigue su curso. Las pensiones se pagan cada mes, los cotizantes siguen aportando y el debate se recicla cada vez que se publica un dato nuevo. El sistema aguanta, pero las costuras se ven. La pregunta no es si habrá ajustes, sino cuándo y de qué tamaño.

Qué pasará con las pensiones en los próximos años​

El escenario que manejan los analistas más pesimistas incluye recortes, retraso de la edad de jubilación y una revisión a la baja de las pensiones más altas. No hay una hoja de ruta oficial, pero la presión demográfica es un hecho: cada vez hay más jubilados y menos cotizantes por pensionista. La ratio se estrecha y el margen de maniobra se agota.

La experiencia griega se cita a menudo como advertencia. Allí los ajustes llegaron de golpe, con interrupciones televisivas para anunciar recortes y cierres bancarios para evitar fugas de depósitos. España no está en esa situación, pero el precedente asusta. Quien tenga la edad de jubilarse en los próximos años haría bien en no fiarlo todo a la pensión pública.

El debate, en cualquier caso, no se cerrará pronto. Cada generación cree que la anterior lo tuvo más fácil y que la siguiente lo tendrá peor. Los datos de hoy apuntan a que, por primera vez en décadas, esa sospecha puede ser cierta.