No venían a pagarnos las pensiones? “El 44% de los forasteros en edad de trabajar no están afiliados a la Seguridad Social”

El 44% de los inmigrantes en edad de trabajar no están afiliados a la Seguridad Social​

Mientras el Gobierno insiste en que la inmigración es la solución al déficit de las pensiones, los datos de afiliación cuentan otra historia: el 44% de los extranjeros en edad laboral no cotiza. La cifra, recogida en un informe de la Seguridad Social, contrasta con el 74,4% de los españoles que sí lo hacen. La brecha es aún mayor entre los procedentes de fuera de la UE, donde más de la mitad no están dados de alta.

La paradoja de la regularización masiva​

El argumento oficial sostiene que una regularización de hasta 800.000 inmigrantes permitiría aflorar empleo sumergido y reforzar las arcas de la Seguridad Social. Sin embargo, los datos disponibles apuntan a que muchos de los que obtendrían papeles engrosarían las filas de perceptores de prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Según cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el diseño del IMV desincentiva la búsqueda de empleo, y entre los inmigrantes la tasa de paro alcanza el 14%, su nivel más alto en cinco años.

La cuestión clave es si el sistema puede sostener el incremento de gasto en pensiones no contributivas y subsidios. Un análisis de Libertad Digital estima que las ayudas a colectivos vulnerables ya cuestan 28.500 millones de euros y cubren a 7 millones de personas. Añadir medio millón de nuevos perceptores potenciales agravaría el desequilibrio.

¿Quién cotiza y quién no?​

Entre los inmigrantes extracomunitarios, el porcentaje de afiliación es aún menor. Según datos de Gaceta.es, solo uno de cada cinco marroquíes en España cotiza a la Seguridad Social. En el otro extremo, los trabajadores de países comunitarios presentan tasas de afiliación más altas, aunque muy por debajo de la media española.

El economista Miquel, en una intervención en televisión catalana, advirtió de que la regularización masiva no servirá para pagar las pensiones, y puso el foco en el envejecimiento de la población inmigrante: muchos de los que llegan superan los 50 años, según observaciones en el transporte público, lo que les acerca a la edad de jubilación sin haber cotizado lo suficiente.

El debate sobre el efecto real en las cuentas públicas​

Dos posturas enfrentadas recorren el análisis. Por un lado, quienes sostienen que la inmigración es un coste neto para el Estado: los inmigrantes consumen servicios públicos (sanidad, educación, prestaciones) y su contribución fiscal no compensa el gasto. El argumento se refuerza con la elevada proporción de trabajadores en economía sumergida o con contratos de baja cotización (fijos discontinuos, bonificados).

Por otro lado, hay quien defiende que el verdadero problema es la rigidez del mercado laboral español, que expulsa a los inmigrantes hacia la economía informal. La regularización, en esta visión, permitiría aflorar ingresos fiscales, pero el diseño de las ayudas sociales debe reformarse para no crear trampas de pobreza. La AIReF ya ha propuesto modificar el IMV para incentivar la búsqueda de empleo.

Un sistema al límite​

Mientras tanto, el sistema de pensiones se resiente. Exministros del PSOE y del PP han advertido de que la edad de jubilación deberá retrasarse para sostenerlo, y la deuda pública vinculada a prestaciones sigue creciendo. La pregunta que queda abierta es si la inmigración será el salvavidas o el lastre que acelere la quiebra del Estado del bienestar.