Insostenible: los ingresos de la Seguridad Social solo cubren el 70% del gasto en pensiones. Con la inmigración ilegal. No hay suficientes trabajos

La Seguridad Social solo cubre el 70% del gasto en pensiones​

Cuatro de cada diez nuevos residentes llegados de otro país ni trabaja ni busca empleo, según un titular recogido en el hilo. Más de 2,2 millones de inmigrantes viven en España sin trabajar, según otro de los titulares. El 70% de los extranjeros que residen en el país no cotizan a la Seguridad Social, según denuncia el sindicato Solidaridad. Con esos mimbres, el cesto de las pensiones no se sostiene, según los participantes: los ingresos por cotización cubren hoy apenas el 70% del gasto, y el resto lo pone el Estado. La discusión, lejos de zanjarse, se ha convertido en un pulso sobre si traer más gente arregla la pirámide o la hunde más.

El agujero que ya no es futuro​

El diagnóstico dominante en el arranque del asunto era de manual: la inmigración no va a pagar las pensiones porque, cuando llegue su turno, habrá que pagarles pensión y sanidad. La respuesta más repetida fue que el problema no es de 2050, sino de la nómina de este mes. «En el futuro no, ya mismo nos cuesta dinero», resume la postura que se impuso desde el primer momento.

Los números que acompañan esa tesis son tozudos, según los enlaces del hilo. El Ingreso Mínimo Vital supera por primera vez los dos millones de beneficiarios, y el gasto en pensiones de funcionarios se dispara un 76%, un capítulo que varios análisis señalan como dinamita pura para las cuentas públicas. No es que el sistema vaya a quebrar: es que ya está funcionando con respiración asistida, según los participantes.

¿Cuántos cotizantes hacen falta para pagar una pensión?​

La respuesta corta: más de los que hay, según los datos del hilo. El porcentaje de contratos indefinidos a tiempo completo cayó del 63% al 38% en solo un año. Seis de cada diez afiliados al Régimen General cotizan con empleos a tiempo parcial, temporales o fijos discontinuos. Traducido: solo cuatro de cada diez cotizantes aportan con estabilidad y jornada completa.

Y el mercado laboral no genera empleo neto, lo reparte, según los mensajes. La jornada real ha caído a 35 horas, señal de una economía que trocea el trabajo disponible en lugar de crear puestos nuevos. España es el país con menos ofertas de empleo de la eurozona pese a liderar el paro continental. Con ese panorama, importar mano de obra sin demanda previa no arregla la ecuación: la empeora, según los participantes.

El saldo fiscal de la inmigración: el cálculo que incomoda​

Aquí el asunto se encona. Hay quien sostiene, apoyándose en un informe danés de hace años, que la inmigración no cualificada es deficitaria a lo largo de toda la vida laboral: los puestos de baja cualificación, con salarios en torno al SMI, generan cotizaciones que no cubren sanidad, paro, subsidios y jubilación. El cálculo completo, partida a partida, arrojaría un saldo negativo.

La inmigración irregular, además, trabaja en negro por definición y no cotiza, según un participante. Y cuando se regulariza, el nivel de aportación sigue siendo bajo, según el mismo. Frente a esto, la otra corriente recuerda que el economista Juan Ramón Rallo sostenía hace años que abrir fronteras era lo mejor para la economía española; hoy, según se le atribuye en el hilo, defiende que el saldo fiscal de la inmigración es negativo. El giro no ha pasado desapercibido.

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Pensiones pagadas con lo recaudado cada año​

Una de las propuestas que más recorrido tiene en la conversación es sencilla: que las pensiones se paguen con lo que se recauda anualmente, sin deuda. Así, dice el argumento, los votantes elegirían a quien gestiona mejor la economía y no a quien sube las pensiones por decreto. La crítica generacional es explícita: la generación joven y adulta afronta más años de cotización, cotizaciones más altas, IRPF e IVA superiores e impuestos de solidaridad intergeneracional para sostener a quienes ya tienen la vida hecha.

El sueño de ser funcionario, mientras tanto, sigue intacto: 355.000 personas aspiran a un puesto en el sector público. Y el gasto en estructuras paralelas —ONG, sindicatos, redes clientelares— no se toca, según los mensajes. Siempre falta dinero para pensiones, sanidad o educación, nunca para políticos, ONG o sindicatos, resume una de las intervenciones más repetidas.

El caso que ilustra el sistema​

Hay un ejemplo que circula y que vale más que cualquier gráfico, según quien lo cuenta: una familia marroquí en un bloque cualquiera. El hombre trabajaba solo cuando entraba en un plan de ocupación municipal, seis meses de empleo y un año de espera hasta el siguiente. La mujer no trabajaba. Entre escolarización, becas de comedor, ayudas al alquiler e Ingreso Mínimo Vital, más la comida que ponía Cáritas, el saldo para el sistema no salía a cuenta.

No es un caso aislado, según quienes lo cuentan. Es el patrón de un modelo que combina salarios bajos, empleo intermitente y prestaciones universales, según los participantes. España ha alcanzado los 8,8 millones de inmigrantes, y la pregunta que sobrevuela es cuántos de ellos están en disposición real de sostener el sistema.

Nadie quiere tocar la pirámide​

La hipótesis más incómoda que se plantea es política: si se nacionaliza a inmigrantes a paladas, el peso del voto jubilado se diluye y algún partido podría atreverse a reformar las pensiones. Hoy ninguno lo hace. La alternativa que se abre paso es otra: alargar la vida laboral hasta los 72 años y recortar las pensiones a la mitad. Con esas cifras, el sistema sería viable, según quienes defienden esa vía. La pregunta es quién lo vota.