Puigdemont abre la puerta a una moción de censura contra Sánchez
Quien sostiene un gobierno con
siete votos puede tumbarlo con esos mismos siete votos. Carles Puigdemont verbalizó en Bruselas lo que su aritmética parlamentaria ya sabía: si no hay avances suficientes en los acuerdos con el PSOE, Junts sumará sus votos a los del Partido Popular para derribar leyes como los presupuestos del Estado. El anuncio llegó con la legislatura recién abierta en el Congreso, en noviembre de 2023, y sonó menos a farol que a recordatorio de dónde está la llave.
La advertencia se produjo en la gala en la que el medio
Politico desveló su lista de las 28 personalidades más influyentes de Europa en 2024, donde el expresidente catalán figura
segundo entre los nueve «disruptores». De allí salieron la frase sobre los presupuestos, la del referéndum consultivo y la del
lawfare. Ninguna era nueva. Esta vez venían con nombre y apellidos.
Qué dijo Puigdemont y a quién se lo dijo
En su conversación con el presidente del Partido Popular Europeo y líder de ese grupo en la Eurocámara,
Manfred Weber, Puigdemont fue más lejos que en público: llegó a plantear un acuerdo con el PP para derrocar a Pedro Sánchez a mitad de mandato mediante una moción de censura. La condición, según el relato de esa conversación, es que ambos partidos se pongan de acuerdo en un presidente del Gobierno independiente que sustituya a Sánchez.
Y aquí aparece el precio político.
«Para eso, el PP debe dar un paso hacia nosotros. No pueden seguir tratándome como a un terrorista», sostuvo. Añadió que su único delito fue colocar urnas en el referéndum del 1-O, una afirmación suya, no un hecho acreditado. La línea la completó su compañero de partido y eurodiputado Toni Comín, que avisó de que el PSOE debe estar preparado para tener muchos disgustos en el Congreso si no hay acuerdos, y anticipó una legislatura de negociaciones duras.
¿Se puede presentar una moción de censura sin candidato?
No, y ese detalle desactiva buena parte del órdago. La moción de censura no es un voto de castigo contra el Gobierno: exige un candidato alternativo dispuesto a someterse a la investidura, y ese nombre no existe hoy. Tampoco conviene perder de vista el otro extremo: una vez presentada la moción, el presidente no puede disolver las Cortes. Son las dos reglas que convierten el anuncio en un arma de doble filo, y ambas estuvieron sobre la mesa en cuanto se conoció la amenaza.
El cálculo es sencillo de leer. En el propio debate se repite que los números no dan para ninguna mayoría alternativa salvo coaliciones improbables, y nadie parece cerca de pactar un nombre para La Moncloa. Sin candidato, la moción es un titular. Con candidato, sería una crisis. Y nadie ha dado el primer paso.
El lawfare y la cabeza de caballo de El Padrino
La referencia cultural de la semana la puso el propio Puigdemont al defender el término
lawfare incluido en el pacto con el PSOE, muy criticado por las asociaciones de jueces.
«El término es como la cabeza de caballo en 'El Padrino': es una advertencia de que hablamos en serio», dijo. Es decir, el concepto no describe una práctica: avisa de lo que puede pasar si se mantiene.
En el mismo terreno, Puigdemont sostuvo ante Weber que un referéndum consultivo sobre la independencia era posible si se acordaba políticamente, y Comín insistió en que esa consulta encaja en la Constitución española. Son afirmaciones de parte, cuestionadas por el PPE, cuyo líder, Manfred Weber, criticó el acuerdo con el PSOE.
Feijóo se descuelga antes de que nadie pregunte
El líder del PP no tardó en cerrar la puerta con una frase:
«A mí no me nombra presidente el señor Puigdemont». La respuesta tiene lógica interna y un coste táctico evidente: al descartarse tan rápido, Feijóo renuncia a mantener la intriga que hubiese puesto nervioso a su adversario. Hay quien lo lee como coherencia y quien lo lee como una ocasión regalada.
Uno de los comentarios del hilo recuerda otra jugada: la propuesta que, según ese relato, Feijóo había puesto encima de la mesa a Sánchez,
dos años de gobierno para cada uno con el objetivo de cortar de raíz los chantajes de los partidos territoriales. Salomónica en teoría, inviable en la práctica cuando ninguno de los dos está dispuesto a soltar el timón a mitad de travesía.
La reforma electoral que nadie toca
La pregunta incómoda sobrevuela toda la función: si PSOE y PP están tan hartos de depender de los partidos independentistas, por qué no cambian las reglas. Basta una segunda vuelta a la francesa, se argumenta, para que los votos catalanes dejen de ser imprescindibles para gobernar. La respuesta que se da desde fuera es que a ambos les conviene el equilibrio actual: cada uno espera su turno de chantaje y ninguno quiere abrir un melón que le puede explotar en su propio feudo.
Mientras tanto, el guion se repite con actores distintos. Cada amenaza es un órdago, cada órdago un tira y afloja, y cada tira y afloja un titular. El ciudadano mira la función, comprueba que las cuentas públicas se decide en despachos a los que no entra y espera su turno, que siempre llega en forma de impuesto o de recorte.
Lo que queda por ver
Puigdemont no ha registrado nada. Ni una moción, ni un candidato, ni un documento. Solo ha dicho en voz alta lo que sus siete votos ya sabían y ha puesto fecha a la primera factura: los presupuestos. Si la ley de amnistía avanza y las cosas se calman, la amenaza se archivará como un episodio de postureo. Si se atasca, el PSOE tendrá que elegir entre tragar o convocar.
¿Cuánto tarda un chantaje anunciado en convertirse en chantaje ejercido?