1,2,3 responda otra vez. POR 25 PESETAS digamos GASTOS ABSURDOS que un pais que DEBE EL 110% DEL PIB tendría que CORTAR INMEDIATAMENTE

Deuda al 110% del PIB: el gasto público que sobra​

¿Qué se puede recortar en un país que arrastra una deuda del 110% del PIB? La pregunta no es retórica: con el Estado absorbiendo más de la mitad de la actividad económica, cada euro de gasto público es una decisión política que alguien defiende. El punto de partida lo puso una cifra oficial —la del 110%— que algunos elevan hasta el 170% si se suma la deuda de las comunidades autónomas, aunque técnicamente parte de esa deuda es interna y se debe al propio Estado, como matiza algún análisis.

La lista de partidas prescindibles que sale de este ejercicio tiene un patrón claro: estructuras administrativas duplicadas, subvenciones a dedo y organismos que nadie sabría justificar. El Senado, las diputaciones provinciales, los parlamentos autonómicos y los cargos de confianza aparecen una y otra vez. La propuesta más repetida: fusionar o eliminar ayuntamientos hasta dejar solo los de más de 5.000 habitantes, lo que reduciría los más de 8.200 municipios a unos 2.600.

El Senado, las diputaciones y los cargos de confianza​

La crítica a la arquitectura institucional no distingue colores. Hay quien propone reducir el Senado a un tercio de sus miembros, recortar los gobiernos regionales a dos tercios y suprimir los parlamentos de las diputaciones. La cifra que circula como objetivo: despedir a 300.000 cargos políticos y devolver la plantilla pública al millón y medio de 1975.

El argumento de fondo es que la política se ha convertido en una industria propia. Se describe a cargos que fichan y se van de tiendas, con cafés interminables, y que solo vuelven para fichar la salida. La conclusión que se extrae: si se elimina el incentivo de vivir de la política, desaparecen también muchas corruptelas asociadas.

Subvenciones a partidos, sindicatos y medios públicos​

El segundo bloque de gasto señalado es el de las subvenciones. Aparecen las ayudas a partidos y sindicatos, las televisiones y radios públicas —estatales y autonómicas—, las campañas publicitarias institucionales y las subvenciones al cine. También las ayudas a la iglesia y a todo lo relacionado con el culto, sea la religión que sea.

El caso de los conciertos en fiestas de pueblos merece apartado propio. La crítica no va contra el evento, sino contra el pago de 100.000 euros a un artista por afinidad política. El criterio que se defiende: si el ayuntamiento es titular de la plaza o la sala y la alquila a un empresario, es aceptable; si suelta dinero de la caja a un cantante de su cuerda, no. Y se subraya que el reproche vale para cualquier color político.

El coste de la corrupción y la omertá administrativa​

El diagnóstico más repetido es que el problema no es el volumen del gasto, sino su calidad. La corrupción se describe como el primer problema del país, muy por encima del resto. La cifra que se lanza: menos del 1% de las adjudicaciones públicas serían limpias, según la impresión de quien ha tratado con contratos públicos.

El mecanismo que se denuncia es la falta de auditoría. Cuando cambia un gobierno, el siguiente no revisa dónde fue el dinero ni busca responsables. Nunca. La comparación que se hace es con la omertá italiana, que quedaría corta. Y el patrón que se describe es distinto al de otros países: aquí la corrupción iría de los niveles medios-altos hacia arriba, no desde el funcionario de ventanilla.

Pensiones, funcionarios y empresas zombis​

En el capítulo social, las pensiones aparecen como la partida más voluminosa: en torno al 42% del gasto público. Las propuestas van desde limitar la pensión máxima a 2.000 euros hasta reducir todas a un máximo de 900 euros, pasando por una bajada progresiva desde las altas que dejaría intactas las mínimas. El cálculo que se apunta: la pensión media ronda los 19.000 euros brutos anuales frente a los 12.000 que darían las cotizaciones.

El empleo público también entra en la lista. Se propone eliminar toda oferta de empleo público y amortizar los puestos de los funcionarios jubilados, con el argumento de que sobra plantilla. Y en el sector empresarial, se señala el rescate de compañías que pierden dinero mientras sus directivos mantienen sueldos de 200.000 euros.

El aviso sobre el efecto de recortar​

No todo es unanimidad. Un análisis advierte de que el gasto público supera el 55% del PIB y que recortarlo un 20% restaría de golpe un 11% al PIB. El efecto positivo solo llegaría a largo plazo, y sin alternativas reales para sustituir ese gasto habría que andar con pies de plomo.

La conclusión de ese mismo análisis devuelve el foco al origen: los problemas vienen de la corrupción, porque todo sale el doble de caro por lo que se roba y se crean organismos a medida de gente con padrino. Con ese diagnóstico, la pregunta no es cuánto recortar, sino quién se atreve a auditar lo ya gastado. Nadie, por ahora.