Vox anuncia su intención de distribuir viviendas entre los jóvenes y los liberales estallan

Vox plantea repartir vivienda entre jóvenes y su ala liberal se rebela​

¿Se puede ampliar la propiedad sin que el Estado meta la mano en el bolsillo de nadie? El vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, sostuvo en redes que urge «facilitar una distribución equitativa y lo más amplia posible de la propiedad» y que «para que funcione la economía de mercado hacen falta propietarios». La frase, en apariencia inocua, encendió el polvorín interno: su propio partido se partió entre quienes ven ahí la Doctrina Social de la Iglesia y quienes huelen socialismo a kilómetro y medio.

El detonante no fue una ley, sino un tuit. García-Gallardo se reclamó lector de Sowell —«¿en qué parte del libro se dice que no es deseable la distribución lo más amplia y equitativa de la propiedad?»— y remató citando la Quadragesimo Anno de Pío XI contra el «veneno suave» del socialismo. El economista Juan Ramón Rallo respondió con la pregunta que nadie quiere contestar en voz alta: «¿Distribución de quién hacia quién y a través de qué mecanismos específicos?». Traducción: si el mecanismo es el BOE, esto no es liberalismo, es otra cosa.

Qué propone exactamente Vox con la vivienda para jóvenes​

El planteamiento oficial es deliberadamente ambiguo. Se habla de patrimonialización de los jóvenes, de facilitar el acceso a la primera vivienda y de que España vuelva a ser «un país de propietarios». No hay cifra de inversión, ni número de unidades, ni vehículo jurídico concreto. Y ahí está el problema: sin mecanismo, cada cual rellena el hueco con lo que más teme.

Una parte del análisis lo lee como una vuelta a la vivienda protegida de promoción pública, esa que en España llegó a construir cientos de miles de unidades al año y que hoy está prácticamente extinguida entre corrupción y clientelismo. Otra corriente, mayoritaria entre los críticos internos, lo interpreta como un cheque con dinero ajeno: subir impuestos, penalizar el ahorro y repartir lo recaudado entre un grupo definido por edad. La diferencia entre ambas lecturas es la diferencia entre una política de oferta y un plan de subvenciones.

El choque liberal: Rallo pregunta quién paga y con qué​

La intervención de Rallo fijó el marco del rechazo. Su objeción no es moral, es mecánica: se puede defender que los jóvenes acumulen patrimonio sin que eso implique «un creciente rol intervencionista del Estado». Pero añadió la sospecha —«me temo que no será el caso»— y esa sospecha es la que ha prendido.

El argumento liberal clásico aparece en varias versiones: los políticos no tienen que dar nada, solo dejar de quitar. Menos impuestos, menos regulación del suelo, menos traba a la construcción y el problema se corrige solo. Quien usa la palabra «distribuir», sostiene esta corriente, casi siempre acaba usando «distribuir» como eufemismo de otra cosa. Y el dinero que se reparte nunca sale del Estado, sale del bolsillo de alguien que aún no ha sido consultado.

La otra mitad del partido: Doctrina Social y el fantasma de Franco​

En el extremo opuesto, la defensa es explícita y sin complejos. Hay quien sostiene que esto es sencillamente la Doctrina Social de la Iglesia, que ya la enseñan en la universidad, y que confundir la búsqueda del bien común con socialismo es analfabetismo económico. La referencia a la Quadragesimo Anno no es decorativa: es la carta que la Iglesia jugó contra el colectivismo y contra el capitalismo desalmado a la vez.

Más allá, el debate deriva hacia el franquismo. Se recuerda que la política de vivienda protegida de mediados de siglo convirtió a España en uno de los países con más propietarios del mundo, y se pregunta por qué eso hoy es pecado. La respuesta liberal es que aquello se hizo con un país miserable, sin libertad de circulación de capital y con un mercado intervenido de arriba abajo. El resultado, dicen, no fue propiedad: fue dependencia del Estado para conseguir techo.

El problema real: no es la vivienda, es el salario​

Aquí el consenso es más amplio de lo que parece. Varios análisis coinciden en que el diagnóstico correcto no es el precio, sino la capacidad de compra. Un obrero sin estudios de 1980 se metía en un piso que costaba cuatro millones de pesetas y veinte años después ganaba eso en uno o dos años. Hoy la relación entre salario y precio se ha roto, y no solo para los menores de 35.

Se apunta también a un problema generacional más ancho: hay gente de 50 años que tampoco ha podido comprar. Ahorró, se lo comió la burbuja de 2003-2008, luego sobrevivió hasta 2020 y ahora se enfrenta a otro ciclo alcista que le expulsa del mercado. Repartir vivienda «entre los jóvenes» deja fuera a media España.

Quién entra en el reparto y quién se queda fuera​

La pregunta más incómoda no es económica, es administrativa. ¿Qué es un joven? ¿Solo los que tienen hijos? ¿Los que ya tienen trabajo? ¿Los nacidos aquí? En el momento en que se define el criterio, la política deja de ser vivienda y pasa a ser política migratoria, política natalista o política clientelar, según el criterio elegido.

Ahí es donde el debate se encona. Hay quien exige que las ayudas se limiten a ciudadanos españoles, hay quien avisa de que cualquier reparto discrecional acaba en manos de los amigos, y hay quien recuerda que las listas de adjudicación de vivienda protegida en algunas comunidades son un documento incómodo. Sin reglas claras, el reparto no resuelve el problema: lo traslada a la ventanilla.

Medidas concretas que se están poniendo sobre la mesa​

Más allá del choque ideológico, hay propuestas técnicas repetidas: eliminar el IVA de la primera vivienda, suprimir el IBI —que grava al comprador sin darle ningún servicio directo—, limitar por ley la compra de vivienda a personas físicas con un máximo de dos inmuebles, impedir que las empresas acumulen pisos y equiparar la vivienda turística a la normativa hotelera. Son medidas de oferta, no de subvención, y no requieren repartir nada.

La otra vía es la construcción masiva de vivienda protegida. No cien o doscientas unidades: cien mil o doscientas mil. Con promotores públicos, licitación y suelo liberado. El problema es que ese modelo existió durante décadas y se abandonó, y reconstruirlo exige dinero, tiempo y una administración que hoy no está para muchos trotes.

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Al final, la pelea no es sobre ladrillos. Es sobre si la derecha puede hablar de bien común sin que su ala liberal le acuse de roja, o si el liberalismo español está condenado a confundir cualquier política de vivienda con una expropiación. García-Gallardo ha abierto la caja. Ahora falta ver quién la cierra, y con qué.