El Gobierno aprueba la sanidad universal total: Todos los ilegales tendrán derecho a los mismos servicios que un ciudadano español-

Doce años después, el Gobierno vuelve a intentar la sanidad universal​

Tercer intento en doce años. El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud, la norma con la que el Ejecutivo pretende cerrar la vía burocrática que ha dejado fuera del sistema a las personas no registradas ni autorizadas como residentes en España. La ministra de Sanidad, Mónica García, aseguró tras la reunión que con este paso se «garantiza el derecho a la salud» y se «desierra la exclusión sanitaria del Partido Popular». «Nadie está a salvo hasta que todo el mundo esté a salvo», añadió. El empadronamiento deja de ser requisito: bastará una declaración responsable.

Qué cambia la ley de universalidad del Sistema Nacional de Salud​

El texto fija la «homogeneidad en la efectividad del derecho a la protección de la salud» para quienes no están registrados ni autorizados como residentes. La cobertura se extiende, además, a varios colectivos concretos:

• Personas ascendientes reagrupadas a cargo de su hijo o hija titular del derecho
• Víctimas de trata de seres humanos o de explotación sexual
• Solicitantes y beneficiarios de protección temporal
• Españoles residentes en el exterior durante sus desplazamientos temporales y sus familiares acompañantes

Para los ascendientes reagrupados, las autoridades no exigirán seguro de enfermedad al autorizar la residencia o la inscripción en el registro central de extranjeros cuando comprueben que la persona está a cargo del titular. Serán las comunidades autónomas las que fijen el procedimiento para expedir el documento acreditativo, y el Estado asumirá el coste desde el momento de la solicitud. En farmacia, estos colectivos no pagarán el 100% del precio de los medicamentos: asumirán un 40% si el texto sale adelante en el Congreso.

Del decreto de Rajoy a la ley de Darias que decayó: tres intentos en doce años​

La exclusión sanitaria la impuso en 2012 el real decreto 16/2012 del Gobierno de Mariano Rajoy. El Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó en 2018 un decreto dirigido a corregir las limitaciones de acceso de las personas sin papeles. No funcionó: el propio Gobierno reconoció en 2020 que se seguían produciendo casos en distintas comunidades, porque la redacción dejó grietas que se aprovecharon para imponer trabas administrativas. De ahí salió una ley que llegó al Congreso en 2022, con Carolina Darias al frente de Sanidad, y que nunca llegó a aprobarse por el adelanto electoral. El texto que ahora inicia su tramitación añade variaciones sobre aquel borrador.

¿Por qué se denegaba la asistencia a las personas sin papeles?​

Por la combinación de una norma con agujeros y una aplicación desigual según el territorio. En la práctica sobrevivía un resquicio que permitía a las autonomías denegar el derecho a quienes no llevaran más de tres meses viviendo en España o no pudieran acreditarlo. El ministerio no ha ofrecido datos de cuántos casos de exclusión se han producido en estos doce años: «Es difícil medir lo que es desigual y heterogéneo en comunidades y no se ha cuantificado porque no tienen derecho a asistencia», respondió la ministra, que defendió que la medida «no solo es eficiente desde el punto de vista de la salud, sino también de la economía».

Las dos leyes: universalidad por un lado, blindaje de lo público por otro​

Sanidad ha partido en dos lo que antes se intentó sacar en un solo texto. La universalidad y la equidad se cubren con este proyecto; el blindaje de la gestión pública va en una norma aparte, ya en consulta pública, que busca limitar las privatizaciones, facilitar las reversiones donde ya existan y mejorar «la transparencia, auditoría y rendición de cuentas» en la relación de las compañías privadas con el sector público. El proyecto aprobado cierra además la puerta a nuevos copagos de los previstos en el real decreto de 2012.

Listas de espera, turismo sanitario y quién paga la fiesta​

El análisis se desplaza rápido del derecho al coste, y del coste a la capacidad real del sistema. Circulan relatos de esperas de hasta seis semanas para conseguir una cita con el médico de cabecera y de casi un año para ver a un especialista. Hay quien sostiene que el grueso del problema no es la demanda nueva, sino una red que ya hacía aguas antes de la medida. En contra juega el temor al turismo sanitario y a que la extensión del derecho acabe empujando a quien pueda permitírselo hacia seguros privados: hay quien augura que la pública quedará convertida en una suerte de beneficencia. Y reaparece la pregunta incómoda: qué pasa con los funcionarios adscritos a mutualidades como MUFACE, que cotizan y, según la queja de un participante, no siempre encuentran hueco en la red pública.

El coste que nadie ha cuantificado​

Sobre la financiación, el material disponible se queda en el terreno de la sospecha cruzada. Una corriente del análisis sostiene que ampliar derechos se pagará con más impuestos y que el calendario de la medida responde a un cálculo electoral, con las listas de espera como arma contra las comunidades gobernadas por el PP. La otra mitad del argumento, sin cifras, es la de siempre: no hay dinero que no salga de algún bolsillo. El ministerio no ha cuantificado los casos y remite a la dificultad de medir lo que es desigual y heterogéneo entre comunidades.

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Con el texto pendiente aún del trámite parlamentario y sin un solo dato oficial sobre cuántas personas quedaron fuera del sistema en estos doce años, la discusión se atasca exactamente donde empezó: en medir un derecho que hasta ahora nadie había contado.