Los jubilados superan en riqueza a la población activa
La riqueza ya no está donde se supone. El grupo con más patrimonio del país no es el de los que trabajan, sino el de los que ya cobran pensión. Es la conclusión que se desprende de los datos manejados en el debate: la generación que compró vivienda a precio de saldo y cotizó en un mercado laboral sin las rigideces actuales acumula hoy un capital inmobiliario y financiero que la población activa no puede igualar. El fenómeno tiene nombre: gerontocracia. Y tiene una consecuencia incómoda: la transferencia de rentas va de los jóvenes a los mayores, no al revés.
La vivienda como eje de la desigualdad
El diagnóstico más repetido apunta al ladrillo. Quien compró un piso hace tres décadas lo hizo con un esfuerzo salarial que hoy resulta inimaginable. Ese mismo inmueble se alquila ahora por cantidades que devoran el sueldo de un trabajador joven. El resultado es una doble extracción: primero en impuestos para pagar pensiones, después en alquiler para pagar la jubilación del propietario.
La pescadilla que se muerde la cola.
Hay quien sostiene que el problema no es que los mayores tengan más patrimonio, sino que sigan teniendo más ingresos que los que trabajan. La pensión media ha subido por encima de lo que gana buena parte de la población activa. Y eso, en un país con la natalidad por los suelos, convierte el sistema en una máquina de redistribución inversa: los que menos tienen financian a los que más acumulan.
El cálculo que nadie quiere hacer
La comparación entre lo que aporta un joven al sistema y lo que recibe un jubilado es el nudo gordiano del asunto. Un trabajador con un salario medio ve cómo una parte sustancial de su nómina se va en cotizaciones que financian pensiones que él, con toda probabilidad, no cobrará en términos equivalentes. El cálculo completo, desglosado partida a partida, da una diferencia que sorprende. No es solo una cuestión de solidaridad intergeneracional: es un problema de sostenibilidad.
La deuda pública supera ya los 1,5 billones de euros, un máximo histórico. Ese agujero se financiará, en última instancia, con impuestos de los que hoy tienen treinta años. La generación que se incorpora al mercado laboral no solo se enfrenta a salarios precarios y alquileres prohibitivos: también heredará una factura que no generó.
¿Por qué los jóvenes no se rebelan?
La pregunta sobrevuela el análisis. Si el sistema perjudica tan claramente a los jóvenes, ¿por qué no hay una reacción política proporcional? La respuesta que se apunta es demográfica: los mayores de 65 años son un bloque electoral decisivo. Cualquier partido que plantee tocar las pensiones firma su sentencia. La subida del 8,5% aprobada para retener votos es el ejemplo perfecto: se beneficia a los que ya tienen, se hipoteca a los que vienen.
La comparación con Alemania es reveladora. Según los datos manejados, es el único país occidental importante donde la riqueza descansa mayoritariamente en la población en edad productiva. En España, el capital está en manos de los que ya salieron del mercado laboral. La pregunta es cuánto tiempo puede sostenerse esa anomalía sin que el sistema cruja.
La herencia como lotería
Para los que no heredan, el horizonte es sombrío. Quien no recibe un piso en herencia lo tiene, en palabras del debate, jodido. La vivienda se ha convertido en el principal mecanismo de transmisión de desigualdad: no la genera el esfuerzo, sino la cuna. Y eso rompe el relato meritocrático que sostiene el sistema.
El impuesto de sucesiones aparece como posible corrector, pero su aplicación es desigual y su eficacia, discutible. La pregunta que queda en el aire es si una sociedad puede funcionar cuando la principal vía de acceso a la riqueza es haber nacido en el lugar adecuado.
Con estos mimbres, la tensión intergeneracional tiene todo el recorrido para agravarse. La predicción más prudente es que el conflicto no se resolverá por las buenas. Alguien tendrá que ceder, y no parece que vaya a ser el bloque que decide las elecciones.