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Un Juzgado de Madrid imputa a Sofía Puente por prevaricación en la Ley de Nietos
La Fiscalía había informado en contra de admitirla a trámite apoyando el criterio de la hermana de Óscar Puente, que es fiscal de profesión.
www.libertaddigital.com
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La Fiscalía había informado en contra de admitirla a trámite apoyando el criterio de la hermana de Óscar Puente, que es fiscal de profesión.
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Un Juzgado de Madrid imputa a Sofía Puente por prevaricación en la Ley de Nietos
La Fiscalía había informado en contra de admitirla a trámite apoyando el criterio de la hermana de Óscar Puente, que es fiscal de profesión.
(imagen visible para usuarios registrados)Paco Cobos Seguir a paco_cobosg
21/10/2026 - 12:00
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(imagen visible para usuarios registrados) El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y la secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia de España, Sofía Puente. | Europa Press
La titular del Juzgado de Instrucción Número 35 de Madrid, María Inmaculada Lova, ha admitido a trámite la querella de Hazte Oír contra Sofía Puente por su instrucción en la Ley de Nietos. Si bien la juez todavía no la ha llamado a declarar como investigada, la imputa al admitir la querella.
Sofía Puente dictó la instrucción, a juicio del querellante de forma falaz, de la norma que posteriormente ha dado pie a la obtención de la nacionalidad de extranjeros descendientes de personas que perdieron su condición de españoles tras la Guerra Civil. Se le acusa de un delito de prevaricación administrativa por estos hechos, referentes a la instrucción de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en el año 2022, cuando Sofía Puente ejercía el mencionado cargo en el Ministerio de Justicia de Félix Bolaños. Esta instrucción habría permitido ampliar la aplicación de la ley a todos aquellos descendientes de personas que abandonaran España en un lapso de tiempo concreto y no solo de los represaliados de la guerra.
En un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, la juez explica que la querella reúne los requisitos para ser admitida a trámite y le pide a la asociación que realice una aportación de 1.000 euros en concepto de fianza. "Los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito/s de Prevaricación administrativa cuya instrucción corresponde a este órgano judicial", asevera el auto de la magistrada.
En este marco, la juez considera procedente llevar a cabo las diligencias previas necesarias para investigar si la hermana del ministro de Transportes incurrió en un delito de prevaricación administrativa. Estas diligencias, según explica el auto, serán acordadas con la asociación querellante después de que la Fiscalía informase en contra de admitir la querella a trámite.
El Ministerio Fiscal apoyaba el criterio de la propia Sofía Puente, que había pedido que se sobreseyese el caso por tratarse de una causa ya juzgada. En el escrito de Sofía Puente, se aludía a dos causas instruidas en los juzgados 21 y 25 de Madrid que ya habían sido archivadas; así pretendía que se archivase el caso por ser un asunto ya juzgado.
La magistrada pidió a los citados juzgados que le entregaran toda la documentación de las querellas anteriormente presentadas contra Sofía Puente que, si bien fueron archivadas, no concurrían exactamente con la instrucción de la Ley de Nietos ni con los argumentos presentados por Hazte Oír en su querella.
Esta admisión a trámite se da al mismo tiempo que el Constitucional discute si debe levantar la suspensión del voto a aquellos nacionalizados por la Ley de Nietos que ha decretado cautelarmente el Tribunal Supremo. El Supremo, ante la imposibilidad de la Junta Electoral Central (JEC) de diferenciar aquellos casos que se acogieron a la norma enmarcados en las condiciones que aprobó el Congreso y aquellos en los que recibieron la nacionalidad por las normas de la instrucción, mantiene suspendido el voto extranjero de todo aquel que no sea capaz de demostrar individualmente que su caso sí que se enmarca en la voluntad del legislador.
En concreto, el legislativo aprobó que se pudiesen adherir a la disposición de la Ley de Memoria Democrática aquellos descendientes de exiliados por el franquismo; mientras que la instrucción de Sofía Puente ampliaba esos casos a toda aquella persona que, por unos u otros motivos, saliese de España entre los años 1936 y 1955.
