Sofía Puente imputada por prevaricar con el pucherazo de la Ley de Nietos.

La titular del Juzgado de Instrucción Número 35 de Madrid, María Inmaculada Lova, ha admitido a trámite la querella de Hazte Oír contra Sofía Puente por prevaricación administrativa en la instrucción de la Ley de Nietos. La Fiscalía había informado en contra de admitirla.

La titular del Juzgado de Instrucción Número 35 de Madrid, María Inmaculada Lova, ha admitido a trámite la querella de Hazte Oír contra Sofía Puente por su instrucción en la Ley de Nietos. La juez todavía no la ha llamado a declarar como investigada, pero la imputa al admitir la querella. El auto, al que ha tenido acceso Libertad Digital, pide a la asociación querellante una fianza de 1.000 euros y sostiene que los hechos «presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito/s de Prevaricación administrativa».

Qué se le atribuye a la instrucción de la ley

Sofía Puente dictó la instrucción de la norma que después ha dado pie a la obtención de la nacionalidad de extranjeros descendientes de personas que perdieron su condición de españoles tras la Guerra Civil. La querella considera esa instrucción falaz y le atribuye un delito de prevaricación administrativa por estos hechos, referidos a la instrucción de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, cuando Puente ejercía el cargo en el Ministerio de Justicia de Félix Bolaños.

El punto central es el alcance de la norma. El legislativo aprobó que pudiesen adherirse a la disposición de la Ley de Memoria Democrática los descendientes de exiliados por el franquismo. La instrucción de Sofía Puente ampliaba esos casos a toda persona que, por unos u otros motivos, saliese de España entre 1936 y 1955. Esa ampliación es la que el querellante califica de falaz y la que sostiene la acusación de prevaricación administrativa.

La Fiscalía pidió no admitirla

El Ministerio Fiscal informó en contra de admitir la querella a trámite y apoyaba el criterio de la propia Sofía Puente, que había pedido que se sobreseyese el caso por tratarse de una causa ya juzgada. En su escrito aludía a dos causas instruidas en los juzgados 21 y 25 de Madrid que ya habían sido archivadas.

La magistrada pidió a esos juzgados toda la documentación de las querellas anteriores contra Puente. Aunque fueron archivadas, según el auto no concurrían exactamente con la instrucción de la Ley de Nietos ni con los argumentos presentados por Hazte Oír. Con ese material, Lova considera procedente practicar diligencias previas para investigar si la hermana del ministro de Transportes incurrió en el delito.

El Supremo y el voto de los nacionalizados

La admisión a trámite coincide en el tiempo con otro frente abierto. El Tribunal Constitucional discute si debe levantar la suspensión cautelar del voto a los nacionalizados por la Ley de Nietos que decretó el Tribunal Supremo. La Junta Electoral Central no puede diferenciar los casos acogidos a la norma en los términos que aprobó el Congreso de aquellos que recibieron la nacionalidad por las normas de la instrucción.

Ante esa imposibilidad, el Supremo mantiene suspendido el voto extranjero de todo aquel que no sea capaz de demostrar individualmente que su caso se enmarca en la voluntad del legislador. El asunto tiene recorrido judicial en dos direcciones: la penal, con la imputación de Puente, y la electoral, con el alcance del sufragio de los nacionalizados.

La instrucción de la Ley de Nietos es una norma administrativa y su control judicial exige distinguir entre el margen de interpretación y el delito. Cualquier valoración sobre la responsabilidad de Puente corresponde a los tribunales.