La Ley de Nietos bajo la lupa: querella contra la hermana de Óscar Puente
¿Se usó una instrucción administrativa para colar por la puerta de atrás lo que el Congreso había rechazado? Eso es lo que sostiene Hazte Oír en la querella presentada contra la fiscal Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente, por un presunto delito de prevaricación.
El 25 de octubre de 2022, apenas cinco días después de que la Ley de Memoria Democrática se publicara en el BOE, Sofía Puente –entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública– firmó una instrucción que amplió la presunción de exiliado a todos los españoles que salieron del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La ley original solo otorgaba la nacionalidad a descendientes de exiliados por razones políticas, ideológicas o de orientación sexual; el Parlamento había rechazado enmiendas para extenderla a emigrantes económicos.
Hazte Oír considera que la instrucción ha permitido «nacionalidades masivas en fraude de ley» a través de los consulados, sin que los solicitantes acrediten la causa del exilio. La asociación señala que el texto de 18 páginas se elaboró en un tiempo materialmente imposible –cinco días–, lo que indicaría que estaba preparado antes de la publicación de la ley. Una operación planificada, según la acusación.
¿Prevaricación o audacia administrativa?
Los querellantes sostienen que Puente actuó con plena conciencia de que su instrucción contravenía la voluntad del legislador. «Era plenamente consciente de que el Parlamento acababa de rechazar exactamente lo que ella estableció por la sola virtud de su firma», reza el escrito de 34 páginas.
Por ahora, la fiscalía deberá decidir si admite a trámite la querella. De fondo, queda la pregunta: ¿cuántos de los centenares de miles de nacionalidades concedidas bajo esta interpretación podrían ser anuladas si se considera ilegal? El silencio del Ministerio de Justicia es, cuando menos, elocuente.