Resumen del debate: Sofía Puente imputada por prevaricar con el pucherazo de la Ley de Nietos.

Sofía Puente, imputada por la instrucción de la Ley de Nietos​

La titular del Juzgado de Instrucción Número 35 de Madrid, María Inmaculada Lova, ha admitido a trámite la querella de Hazte Oír contra Sofía Puente por su instrucción en la Ley de Nietos. La juez imputa a la hermana del ministro de Transportes un presunto delito de prevaricación administrativa, aunque todavía no la ha llamado a declarar como investigada. La Fiscalía había informado en contra de admitir la querella, apoyando el criterio de la propia Puente, que pedía el sobreseimiento por tratarse de una causa ya juzgada.

El auto sostiene que los hechos «presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito/s de Prevaricación administrativa». La querella se centra en la instrucción que Puente dictó cuando ejercía su cargo en el Ministerio de Justicia de Félix Bolaños, y que, a juicio del querellante, amplió la aplicación de la Ley de Memoria Democrática más allá de lo que aprobó el Congreso. El texto legislativo limitaba la nacionalidad a los descendientes de exiliados por el franquismo; la instrucción la extendía a cualquiera que hubiera salido de España entre 1936 y 1955.

Qué implica la imputación de Sofía Puente​

La admisión a trámite no es una condena ni equivale a un procesamiento formal. La juez Lova considera que la querella reúne los requisitos para ser admitida y exige a Hazte Oír una fianza de 1.000 euros. Las diligencias previas se acordarán con la asociación querellante, después de que el Ministerio Fiscal se pronunciara en contra. La defensa de Puente alegó que dos querellas anteriores, instruidas en los juzgados 21 y 25 de Madrid, ya habían sido archivadas, pero la magistrada pidió la documentación de ambos procedimientos y concluyó que no concurren exactamente con la instrucción de la Ley de Nietos ni con los argumentos de Hazte Oír.

El caso llega en un momento delicado para el Gobierno. El Tribunal Constitucional discute si debe levantar la suspensión cautelar del voto de los nacionalizados por la Ley de Nietos que decretó el Tribunal Supremo. La Junta Electoral Central no logra diferenciar qué casos se acogieron a la norma aprobada por el Congreso y cuáles recibieron la nacionalidad por la instrucción de Puente. El Supremo mantiene suspendido el voto exterior de todo aquel que no pueda demostrar individualmente que su caso se enmarca en la voluntad del legislador.

La instrucción que amplió la ley: 1936 a 1955​

El núcleo del conflicto está en un margen de casi dos décadas. El legislativo aprobó que pudieran adherirse a la disposición de la Ley de Memoria Democrática los descendientes de exiliados por el franquismo. La instrucción de Sofía Puente, según la querella, extendió ese derecho a toda persona que, por unos u otros motivos, saliese de España entre los años 1936 y 1955. Esa ampliación es la que, a juicio del querellante, constituye prevaricación administrativa: dictar una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia.

La consecuencia práctica, según el querellante, es una ampliación del censo electoral. El Supremo no puede distinguir entre los nacionalizados por la vía legislativa y los que lo hicieron por la vía administrativa, de modo que ha suspendido el voto de todos los que no acrediten su encaje en la ley. El Constitucional tiene la última palabra, pero su decisión llega con el caso de Puente ya en los juzgados.

Quién es Sofía Puente y por qué importa su apellido​

Sofía Puente es fiscal de profesión y hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente. Ocupó un cargo relevante en el Ministerio de Justicia que dirigía Félix Bolaños cuando se dictó la instrucción. Su condición de hermana de un ministro del Gobierno de Sánchez ha convertido el caso en un asunto político además de judicial. La querella de Hazte Oír la acusa de prevaricación administrativa, un delito que castiga a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo.

La imputación no implica que vaya a ser condenada. De hecho, las acusaciones por prevaricación suelen ser difíciles de sostener en los tribunales, porque exigen probar que la resolución se dictó con pleno conocimiento de su ilegalidad. La juez, sin embargo, aprecia indicios suficientes para investigar. El auto no la llama a declarar todavía, pero la sitúa como investigada a efectos procesales.

El pulso entre Fiscalía, juez y Gobierno​

La Fiscalía se alineó con la tesis de Puente: causa ya juzgada, sobreseimiento. La juez Lova no lo vio igual y admitió la querella. Ese desencuentro entre Ministerio Fiscal y órgano judicial no es habitual, y menos en un caso que toca directamente a una persona del entorno del ministro Bolaños. La magistrada pidió los expedientes de los juzgados 21 y 25 para comprobar si existía cosa juzgada y concluyó que los hechos no eran idénticos.

El resultado es una investigación abierta sobre una instrucción administrativa que afecta a nacionalidades concedidas. La pregunta que sobrevuela el expediente es si la instrucción de Puente fue una interpretación razonable de la ley o una extralimitación deliberada. La juez cree que hay indicios para investigarlo. La Fiscalía opinaba lo contrario. El Constitucional, mientras tanto, decide si esos mismos nacionalizados pueden votar.

Con la fianza de 1.000 euros ya fijada y las diligencias pendientes de acordarse, el caso entra en una fase de instrucción que puede durar meses. Nadie ha demostrado todavía que Puente prevaricara. Pero la imputación ya está en el registro y el apellido, en los titulares.