Se buscan profesionales, no somos capaces de activar al trabajador autóctono.

Faltan profesionales: el coste de contratar ahoga al autónomo​

El mercado laboral español no encuentra lampistas, carpinteros, mecánicos, conductores de autobús, maquinistas, camareros, cocineros, encofradores, programadores, albañiles, vidrieros, pintores, herreros ni instaladores. La lista de perfiles buscados es enorme y el diagnóstico oficial repite la misma cantinela: falta mano de obra. La respuesta que llega desde el terreno es otra: no faltan trabajadores, sobran condiciones que hacen inviable contratar. El artículo que abre el asunto, firmado por Enric Sierra en La Vanguardia, sostiene que el problema se ha acentuado en los últimos tiempos y que la preocupación es profunda en sectores menos mediáticos que la sanidad. Hasta ahí el relato. A partir de ahí, los números.

Cuánto cuesta de verdad contratar a un profesional​

Según un cálculo que circula en el debate, un profesional que exige 1.500 euros netos al mes le cuesta a la empresa alrededor de 2.800 euros contando cotizaciones y cargas. Esa brecha entre lo que cobra el trabajador y lo que paga el empleador es, para quienes lo sostienen, el corazón del problema, y explicaría por qué muchas pymes no amplían plantilla aunque tengan carga de trabajo. El cálculo, desglosado partida a partida, deja una diferencia que sorprende a quien solo mira el bruto del contrato.

Del lado del autónomo la cosa no mejora. La cuota mensual se ha convertido en un pago fijo que se abona tanto si facturas como si no. Hay quien recuerda que antes se pagaban 200 euros donde ahora se desembolsan 500, y esos 300 de diferencia eran el colchón con el que se invertía o se preparaba la jubilación. El resultado, según ese testimonio, es un profesional que trabaja como recaudador gratuito del IVA —se ingresa se cobre o no— y que después espera años a que el Estado obligue a un cliente moroso a pagarle. La consecuencia práctica que se extrae: menos autónomos, menos aprendices y menos oficio transmitido.

«No me renta contratar a un aprendiz»​

El testimonio más concreto llega de un taller con cuatro oficiales y cero peones. El dueño lo explica sin rodeos: los costes fijos de contratación y el salario mínimo hacen que contratar a alguien para tareas sencillas no sea rentable. Hace él mismo de peón cuando toca. Ni secretaria. Si le subvencionaran la Seguridad Social de los nuevos contratados durante dos años, asegura que contrataría a cuatro personas mañana. Y añade que como él hay miles de empresas y autónomos en la misma situación.

Ese es el punto que, para este participante, desmonta el relato de la escasez. No es que no haya candidatos: es que el precio de incorporarlos supera lo que la actividad puede soportar. La formación de un profesional joven exige tiempo y paciencia, y nadie invierte dos años en formar a alguien si el marco fiscal se come el retorno antes de que aprenda el oficio.

¿Por qué se dice que faltan camareros y camioneros?​

Porque, según esta lectura, es más barato pedir trabajadores que ofrecer condiciones. La secuencia es conocida: primero faltaron camareros, luego camioneros, ahora profesionales cualificados. El patrón se repite y la conclusión que se extrae es incómoda: sobran condiciones precarias, no candidatos. Cuando el salario y la estabilidad acompañan, los currículums aparecen. La hostelería y el transporte lo saben mejor que nadie.

Hay un matiz generacional que conviene no ignorar. Formar a un joven sin iniciativa, pegado al móvil y sin horizonte, es más difícil que formar a uno con expectativas. Pero el diagnóstico se invierte: no es que la juventud sea incapaz, es que el mercado no le ofrece nada que merezca la pena. Puestos industriales muy demandados se cubren sin problema cuando hay billetes visibles y futuro real. En dos años se puede poner a producir a veinte o treinta chavales si el oficio paga, según un participante.

La trampa del trabajador autóctono​

El mensaje inicial del asunto es una carga de profundidad contra la clase política y los perceptores de dinero público. Pide bajar impuestos a los autónomos, recuperar el sistema de módulos y bajar la edad de jubilación a los 65. Detrás hay una tesis más dura: que el país importa mano de obra mientras expulsa a la autóctona, y que quien vive del erario tiene interés en mantener ese circuito.

La acusación es gruesa y conviene separarla del dato. Lo verificable es que la carga fiscal y regulatoria sobre el trabajo por cuenta propia y sobre la contratación es alta, que la cuota se paga con independencia de los ingresos y que el IVA se ingresa antes de cobrar. Lo demás es interpretación política, legítima como opinión, no como hecho.

El sector público como imán y el privado como trampa​

Hay una corriente que señala la brecha entre empleo público y privado como causa estructural. Si la diferencia de condiciones es abismal, la gente intentará entrar en lo público y el privado se quedará sin relevo. No es una teoría descabellada: en sectores como administración, la oferta de candidatos por plaza es enorme, mientras los oficios físicos se quedan vacíos. El problema no es la falta de gente, es hacia dónde va.

El cierre del asunto deja una imagen que resume todo. Alguien presume de llevar cuarenta años sin trabajar y de tener capacidad para permitírselo. Al otro lado, quien trabaja lo hace para mantener una estructura que no le devuelve nada. La conversación no termina en acuerdo: termina en la constatación de que el sistema premia a quien no rema y castiga a quien se pone al timón.

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La pregunta que queda sin respuesta es la más simple: si las condiciones fueran dignas, ¿cuántos de los que hoy no trabajan volverían al tajo? Nadie en el debate se atreve a ponerle número.