El casero que divide pisos en zulos y factura 26.500 euros al año
Un inversor inmobiliario defiende en televisión que puede dejar su vivienda vacía o alquilarla al inquilino que más le convenga. En paralelo, presume de haber convertido un piso de 96 metros cuadrados con tres habitaciones y un baño en uno de cinco habitaciones y dos baños, con tabiques de pladur que él mismo califica de probablemente ilegales. El resultado: 26.500 euros anuales alquilando su piso de siete habitaciones. La cifra no es un desliz. Es el núcleo del negocio.
De tres habitaciones a cinco: así se estira un piso de 96 m²
La operación es sencilla de describir y difícil de digerir. Un inmueble de tres dormitorios y un cuarto de baño se convierte, a base de obra y tabiquería ligera, en cinco habitaciones y dos baños. Las estancias resultantes, según el propio relato del inversor, rondan los seis metros cuadrados; las de dieciséis se reservan para parejas. El precio por habitación se dispara respecto al alquiler tradicional del piso completo, y el propietario lo justifica con una frase que resume su lógica: si quiere dejar la vivienda vacía, la deja; si quiere alquilarla al inquilino que más convenga, también.
La práctica no es nueva, pero su exhibición pública sí. Hubo un tiempo, no muy lejano, en que un piso de tres habitaciones en un barrio obrero de Madrid se compraba por 69.000 euros, impuestos aparte. Quien lo hizo lo cuenta con precisión: entre 2016 y 2017 había oferta a ese precio. Hoy esos mismos pisos, si aparecen, lo hacen en fincas degradadas, con ocupantes dentro o directamente fuera del mercado residencial. El contraste entre ambas realidades explica por qué el fenómeno genera tanta fricción.
¿Por qué se alquilan habitaciones de seis metros cuadrados?
Porque hay demanda y no hay oferta. Ese es el argumento que repiten quienes defienden el modelo: si alguien paga 500 o 600 euros por una habitación, es porque no encuentra nada mejor. La objeción es igual de contundente: hace ocho años, ese mismo dinero alquilaba un piso entero en la misma zona. La diferencia entre una cosa y otra no es el libre mercado, es la asfixia de la oferta residencial.
El debate se encona cuando entra la comparación con los pisos turísticos. Para una parte del análisis, el alquiler por habitaciones es una variante del mismo negocio: exprimir al máximo cada metro cuadrado sin los permisos ni las obligaciones de una actividad reglada. Para otra, la culpa no es del propietario que optimiza, sino de la administración que no construye. Y en medio, una pregunta incómoda: ¿cuántos de estos zulos cumplen la normativa de habitabilidad?
El inquilino que no se va y la subida del 150%
La tensión no se queda en el plano teórico. El relato del inversor incluye el caso de un inquilino que se niega a abandonar la vivienda tras una subida del 150% al acabar el contrato. La escena condensa el pulso actual: contratos que vencen, rentas que se disparan y una legislación que, según los propietarios, no les protege; según los inquilinos, no les defiende.
En ese terreno, las posturas se cruzan sin matices. Hay quien sostiene que el impago prolongado es una estrategia consciente y que los casos de ocupación se han convertido en un negocio paralelo, con pisos vendidos a precio de saldo. Y hay quien responde que la mayoría de los inquilinos que se quedan lo hacen porque no pueden pagar la subida, no porque no quieran. La estadística no está en el aire, pero la percepción domina el relato.
La respuesta política: inspecciones, expropiaciones y construcción masiva
El catálogo de medidas que se reclama desde distintos frentes es amplio. Inspección inmediata de infraviviendas. Clausura de los zulos y demolición de los tabiques de pladur a cargo del propietario. Alquiler público a precio bajo de las viviendas vacías. Expropiación urgente a fondos y grandes tenedores para forzar la venta o la apertura al alquiler. Prohibición de compraventa a extranjeros no comunitarios. Y, en el horizonte, la construcción de millones de viviendas sin posibilidad de reventa ni alquiler a terceros.
Nada de eso está aprobado. Es el menú de propuestas que circula, y su sola mención provoca dos reacciones opuestas: quienes lo ven como la única salida y quienes lo leen como una declaración de guerra a la propiedad privada. La discusión sobre la vivienda se ha convertido en una discusión sobre el modelo económico entero.
El dato que descoloca
Mientras el debate se libra en platós y portales inmobiliarios, el negocio sigue funcionando. Un piso de siete habitaciones genera 26.500 euros al año. Si mañana la demanda se enfría, el propietario bajará el precio o dejará el piso vacío. Esa es, al final, la única regla que reconoce.