Hacienda se replantea eliminar la tributación conjunta del irpf, que afectaría a 3 millones de familias

Hacienda recupera el plan de eliminar la tributación conjunta del IRPF​

El Gobierno ha vuelto a poner sobre la mesa la supresión de la tributación conjunta del IRPF, una medida que afectaría a tres millones de familias y que reportaría más de 2.000 millones de euros anuales. La idea apareció por primera vez en el Plan de Recuperación pactado con Bruselas en abril de 2021, provocó tal revuelo que el Ejecutivo la tildó de «errata» y la enterró. Ahora regresa dentro del plan fiscal estructural enviado a la Comisión Europea, donde las revisiones de gasto de la AIReF se presentan como pieza indispensable para estirar los ajustes a siete años en lugar de cuatro.

Qué es la tributación conjunta y a quién beneficia​

La modalidad conjunta permite sumar las rentas de ambos cónyuges y aplicar una reducción de 3.400 euros sobre la base imponible. Solo sale a cuenta cuando uno de los miembros de la pareja no percibe ingresos o estos son muy bajos. En hogares donde ambos trabajan, la declaración individual suele ser más ventajosa. Ese es el punto que la AIReF subrayó: el beneficio se concentra en unidades familiares con un único perceptor, y en un 87% de los casos el segundo perceptor que renuncia al mercado laboral es mujer.

El organismo presidido por Cristina Herrero recomendó suprimirla por desincentivar la participación laboral femenina, aunque matizó que debería hacerse mediante un régimen transitorio que no afectara a los declarantes actuales. El informe de expertos de 2022 fue en la misma dirección. El componente de Igualdad del Plan de Recuperación ya hablaba de «paulatina desaparición».

El golpe a las familias con un solo sueldo​

La objeción más repetida es que la medida castiga justo a quienes menos margen tienen. Una familia donde uno de los cónyuges está en paro, cobra una pensión o se ha quedado al cuidado de los hijos pierde un alivio fiscal que en la práctica le salvaba el ejercicio. El cálculo que manejan quienes siguen este asunto ronda entre 1.000 y 2.000 euros de diferencia anual según tramos y comunidades, una cifra que para un hogar apretado no es un detalle.

Hay quien sostiene que el argumento feminista es una coartada. Que si de verdad se quisiera estimular la incorporación laboral de la mujer, se actuaría sobre guarderías, horarios y conciliación, no sobre la declaración de la renta. Y que la medida, en la práctica, solo busca recaudar. La contradicción es evidente: se presenta como progresista una supresión que golpea a rentas bajas con un solo perceptor.

El paquete fiscal completo: sucesiones, IVA y sociedades​

La supresión de la conjunta no viaja sola. Hacienda prepara una subida de impuestos para el próximo año con el objetivo de ganar margen de gasto —topado en el 3,7% para 2025— ante el regreso de las reglas fiscales. Entre las medidas que cocina hay dos especialmente polémicas: la armonización del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que ingresa cerca de 3.200 millones y está cedido a las comunidades, y la imposición de IVA a la educación y la sanidad privadas.

La primera cuenta con el respaldo previsible de ERC, Podemos y Bildu, pero no con el de Junts, que concurrió a las catalanas con la supresión del impuesto en su programa, ni con el del PNV. La segunda viene del Spending Review de la AIReF y Yolanda Díaz la exige para avalar los Presupuestos de 2025. A esto se suma la trasposición de la directiva europea del tipo mínimo del 15% en Sociedades, que elevaría la recaudación de los 538 millones de 2023 a unos 3.500 millones.

El fondo del problema: recaudar más sin tocar el gasto​

La recaudación está en máximos y aun así se buscan nuevas figuras. Ese es el dato que descoloca. Con la deuda pública en niveles que el Ejecutivo no detalla y el gasto público creciendo por encima de los ingresos, la pregunta que sobrevuela es por qué nunca se plantea la vía del ajuste del gasto. La respuesta que dan desde fuera es simple: porque no hay voluntad política de recortar nada.

El plan estructural enviado a Bruselas sirve para justificar los siete años de ajuste, pero también para empaquetar la reforma fiscal que exige el Plan de Recuperación y captar íntegramente el quinto pago de los fondos Next Generation, 7.000 millones a fondo perdido. La tributación conjunta es la pieza más visible de un rompecabezas que afecta a millones de hogares y que, a diferencia de otras medidas, no tiene vuelta atrás fácil una vez aprobada.

Queda por ver si el Gobierno mantiene esta vez el pulso o vuelve a dar marcha atrás como en 2021. La diferencia es que ahora no hay elecciones madrileñas a la vuelta de la esquina, pero sí un calendario de ajuste con Bruselas que aprieta. El punto exacto donde el análisis se atasca: nadie ha explicado todavía cómo se compensa a las familias que pierden el beneficio sin subirles otro impuesto.