¿Por qué todos los anarcocapitalistas son profesores de universidades públicas?

Anarcocapitalistas con plaza fija en la universidad pública​

El anarcocapitalismo predica la abolición del Estado. Y, sin embargo, una parte notable de quienes lo defienden en España cobra de ese mismo Estado. La paradoja no es nueva, pero cada cierto tiempo vuelve a estallar: si el Estado debe desaparecer, ¿por qué el sueldo llega puntual a final de mes desde una institución pública? La respuesta corta es que el sistema universitario español funciona como un cuasi monopolio de empleo intelectual, y quien quiere vivir de enseñar economía tiene pocas puertas fuera de la nómina pública.

El monopolio público de la enseñanza como refugio ideológico​

El argumento más repetido es estructural: en España la universidad pública concentra la oferta de plazas docentes e investigadoras. Quien disiente del consenso keynesiano dominante no encuentra acomodo en el sector privado —que apenas tiene masa crítica— y acaba cobijado en la pública. Allí, además, la plaza fija protege de la presión editorial: se puede defender la supresión del Estado sin miedo a que un cambio de línea provoque un despido. En una empresa privada, ese margen no existe.

Hay quien añade una capa más incómoda: la universidad pública permite hacer proselitismo con renta asegurada. El docente no arriesga su puesto por defender tesis heterodoxas, mientras el trabajador por cuenta ajena sí responde ante un jefe. La contradicción, señalan, no es solo económica: es de coherencia vital.

¿Es cierto que todos los anarcocapitalistas viven de lo público?​

No. El contraejemplo circula con nombre y apellidos: hay economistas de esa órbita que ejercen en universidades privadas y escuelas de negocio, y otros que han trabajado como asesores económicos de grupos empresariales privados. La generalización falla por la base. Lo que sí resiste es el patrón: la mayoría de los referentes visibles de esa corriente en España pasan o han pasado por la nómina pública, porque es donde está el empleo académico.

La discusión deriva entonces hacia el enchufismo y las rentas heredadas. Se sostiene que muchos de los que pontifican sobre mercado libre son herederos de empresas familiares o viven de patrimonios recibidos, sin haber competido nunca en un mercado real. El emprendimiento, en esa lectura, es una palabra que se llena la boca mientras la cuenta corriente viene de antes.

El debate de fondo: ¿es incoherencia o es imposición?​

Aquí el asunto se vuelve interesante. Una parte del análisis defiende que la incoherencia es inevitable mientras el Estado monopolice servicios y rentas: si no puedes comprar un pollo sin pagar IVA, tampoco puedes renunciar a una nómina pública sin renunciar a comer. La coherencia anarcocapitalista solo sería exigible en un sistema que permitiera salirse de verdad. Otra parte responde que eso es una excusa cómoda: nadie obliga a dar clase en una institución cuya desaparición se predica.

El trasfondo es más amplio. España, se argumenta, nunca ha tenido un capitalismo maduro ni un socialismo real: todo está estamentado, hiperregulado y atravesado por contactos y enchufes. En ese ecosistema, la universidad pública es una casta más, y las élites intelectuales de cualquier signo se nutren de ella.

La grieta que no se cierra​

El desgaste del relato liberal tras episodios como la gestión de la pandemia ha añadido leña. Quien defendía recortar lo público y luego reclamaba su protección sanitaria queda señalado. La discusión, sin embargo, no se resuelve: los datos disponibles apuntan a que la mayoría de los referentes anarcocapitalistas españoles han pasado por la pública, pero no a que sea una regla universal. Con ese patrón, la coherencia ideológica seguirá siendo el flanco débil de un movimiento que predica menos Estado mientras cobra de él.