Patrimonio inmobilario de Oscar Camps, presidente de Open Arms

Tres inmuebles, una hipoteca y un chalé de 900 m²: el patrimonio que se atribuye a Camps​

Según el desglose que circula sobre su patrimonio, el fundador de Open Arms acumula propiedades en Tiana, Santa Coloma de Farners y Els Poblets. La cifra que más ha llamado la atención es la hipoteca de 408.800 euros sobre el chalé de 256 m² en Tiana (Barcelona), mientras el palacete de Santa Coloma de Farners alcanza los 900 m² y el inmueble de Els Poblets (Alicante) supera los 200.000 euros de valor. Todo ello bajo el paraguas de una organización presentada como «sin ánimo de lucro». El detalle no es menor: la etiqueta de ONG no obliga a la transparencia patrimonial de sus directivos, y ahí empieza el ruido.

Qué patrimonio inmobiliario se atribuye a Oscar Camps​

El desglose que ha circulado atribuye a Camps un chalé de 256 m² en Tiana con una hipoteca de 408.800 euros, un palacete de 900 m² en Santa Coloma de Farners y un chalé en Els Poblets valorado por encima de los 200.000 euros. Son tres inmuebles en tres provincias distintas, con perfiles muy diferentes: el de Tiana responde al patrón de vivienda residencial hipotecada, el de Santa Coloma de Farners entra en la categoría de gran propiedad, y el alicantino se sitúa en la franja de segunda residencia costera.

La comparación entre la hipoteca y el valor del resto de activos es lo que ha alimentado la suspicacia. Un chalé hipotecado no es señal de nada por sí solo; un palacete de 900 m² sin hipoteca conocida, tampoco. Pero juntos dibujan un patrimonio que difícilmente encaja con la imagen de austeridad que suele acompañar al Tercer Sector. La pregunta que sobrevuela no es cuánto tiene, sino con qué lo compró.

El origen del dinero: ¿empresa privada o herencia familiar?​

La trayectoria empresarial previa de Camps aparece en el material: antes de Open Arms, habría estado al frente de una empresa de socorrismo y servicios acuáticos que operaba en playas y piscinas municipales, con concesiones de ayuntamientos catalanes. Esa actividad, según los testimonios recogidos, acumuló conflictividad laboral y condenas por despidos improcedentes e incumplimientos de convenio.

Hay quien sostiene que el patrimonio procede de esa etapa empresarial, no de la ONG. Otros apuntan a un posible origen familiar, sin aportar documentación. Lo cierto es que ninguna de las dos hipótesis se ha verificado con registros públicos en el material disponible, y esa ausencia de trazabilidad es, precisamente, el agujero por el que se cuela la desconfianza.

El modelo de las ONG: subvenciones, donaciones y opacidad contable​

El argumento que más recorrido tiene en el material es estructural, no personal: hay quien sostiene que las ONG no declaran beneficios contables, y esa sería su única diferencia formal con una empresa. Se financian con subvenciones públicas y donaciones privadas, y sus dirigentes no están obligados a publicar su patrimonio personal. El resultado es un perímetro opaco donde coinciden dinero público, fondos privados y activos personales.

La discusión deriva hacia el modelo de financiación del rescate en el Mediterráneo. Se argumenta que cada persona rescatada puede traducirse en financiación europea o en donaciones, lo que convertiría la actividad en un negocio indirecto. No hay cifras en el material que confirmen ese cálculo, y conviene tratarlo como lo que es: una hipótesis sostenida por una parte del análisis, no un hecho probado.

La dimensión política: Cataluña, esclavitud y memoria histórica​

Una parte del material desplaza el foco desde lo contable hacia lo identitario. Aparecen referencias a un supuesto vínculo entre Cataluña y el tráfico de esclavos en Cuba, y comparaciones con el empresario Eusebi Güell. Son asociaciones retóricas, sin aportación documental, que sirven para encuadrar a Camps en una tradición de burguesía catalana enriquecida con negocios coloniales.

Ese encuadre no resiste un análisis serio sin fuentes, pero explica por qué el asunto ha escalado más allá de lo económico. Cuando el debate sobre el patrimonio de un directivo de ONG se cruza con la cuestión territorial, el resultado es una discusión donde los datos importan menos que la trinchera.

Qué se puede verificar y qué no​

Según el desglose que circula, los tres inmuebles, sus superficies y la hipoteca de 408.800 euros. También aparece en el material la existencia de una empresa previa de socorrismo y las condenas laborales que se le atribuyen. No verificable con el material disponible: el origen exacto del capital, la existencia de activos no declarados y el destino real de los fondos de la organización.

La consecuencia práctica es que el escrutinio público se queda en la superficie registral. Sin obligación legal de publicar patrimonios, cualquier directivo de una entidad sin ánimo de lucro puede mantener su esfera personal fuera del foco. Eso no lo convierte en culpable de nada. Simplemente deja la pregunta abierta.

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Con estos mimbres, lo previsible es que la presión sobre la transparencia del Tercer Sector aumente en los próximos meses, aunque nadie debería esperar una reforma legal rápida: el coste político de meter la nariz en los patrimonios de los gestores de ONG es alto, y el rédito electoral, dudoso. Si algo cambia, será por escándalo, no por diseño.