La legitimidad popular de la amnistía

La amnistía: 12,5 millones de votos y un partido que dijo lo contrario​

Doce millones y medio de españoles votaron a los partidos que ahora sostienen la amnistía. Es el 33% del censo. De ellos, 7,5 millones lo hicieron a una formación que, antes de las elecciones, calificaba la medida de inmoral e ilegal. El cálculo circula desde el mismo día en que se conoció el acuerdo y resume el nudo del asunto: no se discute si el Gobierno tiene escaños suficientes, sino si esos escaños autorizan a hacer lo contrario de lo prometido.

La cifra no es un recuento oficial, es una lectura política. Y como toda lectura política, admite dos versiones. Una dice que 12,5 millones legitiman cualquier mayoría parlamentaria. Otra responde que la legitimidad no se mide en votos recibidos sino en votos engañados. El resto del debate es una pelea por ver cuál de las dos frases aguanta mejor el escrutinio.

Qué pasó entre la campaña y el acuerdo​

El argumento central del mensaje que abre la polémica es sencillo: los votantes del partido que ahora impulsa la amnistía no fueron informados. Se les dijo lo contrario. Y no hace falta remontarse a ningún programa lejano: basta con la semana anterior al pacto, cuando desde el propio partido se repetía que la amnistía era inconstitucional y que todo lo demás eran bulos de la oposición.

Hay quien lleva esa cronología al extremo: si el miércoles era imposible y el jueves es deseable, entonces no cambió el derecho, cambió la aritmética. La amnistía no se justifica por convicción sino por necesidad de seguir gobernando. Es la tesis que recorre buena parte de la discusión y que nadie ha refutado con datos, solo con escaños.

La defensa: un parlamento puede legislar lo que quiera​

La réplica más repetida es de manual: en un sistema parlamentario, el Gobierno legisla mientras conserve la confianza de la cámara. Punto. Si la tiene, puede hacerlo; si no la tiene, cae. Bajo esa lógica, hablar de legitimidad popular es confundir dos cosas distintas: el respaldo electoral y el respaldo parlamentario.

El contraargumento llega rápido y con ejemplos incómodos: las leyes del régimen nacionalsocialista también contaron con respaldo parlamentario. Que una mayoría vote algo no lo convierte en democrático si el ordenamiento no lo permite. La separación de poderes y el imperio de la ley existen precisamente para limitar a esa mayoría. Sin límites, dicen, no hay democracia sino la dictadura de turno.

¿Se puede amnistiar sin cambiar la Constitución?​

Aquí el debate se vuelve técnico y es donde más se nota que nadie tiene la última palabra. Una parte sostiene que la amnistía no es inconstitucional y que basta con aprobarla por ley orgánica. Otra responde que los cambios de ese calado exigen mayorías reforzadas y, si hace falta, reforma constitucional: para eso están los 3/5 y no el 51%.

El matiz jurídico se cruza con el político. Si el partido que ahora la defiende sabía que nunca tendría ese consenso, la vía elegida no es un acuerdo sino una imposición de la mitad sobre la otra mitad. La respuesta desde el otro lado es que el consenso no es un requisito legal, solo una preferencia.

El votante que se siente estafado​

Uno de los puntos más repetidos es la perplejidad del votante socialista que dice sentirse engañado. La objeción es lógica: después de años de gobierno, de líneas rojas cruzadas y de pactos con formaciones independentistas, sorprenderse ahora es de una ingenuidad notable. La democracia permite votar a todo el mundo, incluido a quien no lee el programa hasta después.

La comparación con el otro bloque aparece enseguida. Si el partido más votado hubiera ofrecido lo mismo a los mismos socios, también sumaría. La diferencia no sería de principios sino de quién firma el papel. Y ahí se abre la grieta que recorre todo el asunto: no se discute la amnistía, se discute quién la cobra.

Un referéndum que no se convoca​

La comparación histórica que más se repite es la entrada en la OTAN: se convocó una consulta después de haber prometido lo contrario. Se hizo con la mayoría en contra y con la decencia de preguntar. La amnistía, en cambio, se tramita sin consulta. Es el argumento que más incomoda a la defensa parlamentaria, porque no niega la legalidad, solo la cobardía.

La respuesta es que un referéndum sobre esto no está previsto y que la ley no lo exige. Cierto. Pero la política no se agota en la ley, y quien promete una cosa y hace la contraria suele pagarlo en la siguiente cita electoral. O no. Ese es el dato que todavía no tiene respuesta.

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Queda una cifra sobre la mesa: 7,5 millones de votos emitidos a favor de quien dijo que no. Si esos votantes vuelven a votar lo mismo, la amnistía habrá sido un detalle sin coste. Si no vuelven, habrá sido la factura más cara de la legislatura. Nadie ha hecho todavía esa cuenta.