Importante desafección contra la monarquía y el Rey por su extraordinaria pasividad

El anuncio de la firma y el desgaste del trono​

El anuncio, difundido en un tuit, de que Felipe VI firmaba la ley de amnistía y de que el BOE la publicaría en las horas siguientes bastó para que una parte del electorado que hasta entonces defendía la monarquía empezara a hablar de república. No por convicción ideológica ni por nostalgia. Por agotamiento. El reproche central es que firme sin dar pasos para frenarla, ante una norma que muchos consideran inconstitucional.

El artículo 62 y el debate sobre indulto y amnistía​

El argumento jurídico estrella de esta discusión es el apartado i) del artículo 62 de la Constitución, que prohíbe al Rey sancionar indultos generales. De ahí varios participantes saltan a la conclusión de que la amnistía queda atrapada por esa prohibición y que el Monarca debería negarse a firmar. La lectura tiene defensores y detractores. En contra pesa un matiz que suele pasarse por alto: el indulto lo concede el poder ejecutivo y la amnistía el legislativo, dos figuras distintas que la discusión mezcla. Quien subraya esa diferencia sostiene que todo el razonamiento está viciado desde el arranque. El choque, en cualquier caso, deja al Rey en una posición complicada.

De la indiferencia a un felipismo condicional​

La postura más repetida no es republicana, es transaccional. Hay quien pone precio a su lealtad: si el Rey planta cara al Gobierno, se convierte en monárquico; si se pliega, se le mete en el mismo saco que a los aliados del Ejecutivo. La fórmula funciona casi como un contrato de resultado, un intercambio de apoyo por gesto. Explica por qué hay quienes se declaraban monárquicos de toda la vida y afirman haber cambiado de bando a raíz de una sola decisión.

El cálculo tiene su lógica interna. Para este público, el valor del trono no reside en lo que firma, sino en lo que se atreve a frenar. Y esa idea, más que cualquier editorial, resume el malestar.

La inviolabilidad protege al Rey, no a la institución​

Aquí el análisis se bifurca. Una corriente recuerda que la inviolabilidad es un escudo jurídico, no una patente para hacer lo que plazca, y que extralimitarse tiene consecuencias políticas aunque no penales: la inhabilitación temporal o una salida honorable, como la del anterior Monarca, figuran entre los escenarios que se barajan. La otra corriente responde que un Jefe del Estado con ese blindaje y con el mando supremo de las Fuerzas Armadas no es un florero, y que quien ocupa el cargo debería ejercerlo cuando la ocasión lo exige.

¿Para qué sirvió el discurso del 3 de octubre de 2017 o la intervención del 23 de febrero de 1981? La pregunta se lanza con retintín. En ambas citas el Rey salió, habló y marcó terreno. Ahora, en cambio, firma sin más. El contraste escuece.

¿Quién decide si la amnistía es inconstitucional?​

El rifirrafe se extiende al Tribunal Constitucional. Frente a quienes sostienen que sus sentencias son de obligado cumplimiento y que no es un órgano consultivo, otros replican que el Ejecutivo ha decidido en más de una ocasión sin esperar sus resoluciones. La pregunta de fondo —quién tiene la potestad de hacer cumplir esas conclusiones— se queda sin respuesta. La Constitución asigna al Monarca la función de arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones, pero nadie concreta cómo se traduce eso en un pulso entre el Gobierno y la Corona.

El pin, la agenda y el desgaste simbólico​

Hay un detalle que encona el ánimo más que cualquier artículo: la imagen del Rey con el pin de la Agenda 2030, leído por una parte del público como señal de sumisión a un programa global. Sobre eso se montan teorías sin respaldo probatorio —incluida la que retuerce las iniciales del nombre hasta el 666— que conviene tomar por lo que son, consignas sin pruebas. Pero su eco mide algo que varios participantes expresan: el desgaste de la figura simbólica y la sensación de que la Corona ha dejado de representar a quien la defendía.

---

Con la ley camino del BOE, la pregunta que queda abierta es hasta dónde llega la paciencia de quienes aún defienden el trono. El escenario más amable para Palacio asume que el descontento se diluirá en semanas. El menos amable sostiene que la desafección ya no distingue entre el Rey y el sistema que lo sostiene. Nadie ha encontrado todavía el argumento que cierre esa brecha.