Inmobiliaria: J. M. de Prada: Trampantojos para alienados y resentidos

El acceso a la vivienda en España se debate entre el fomento del alquiler y la construcción masiva de vivienda en propiedad. Una línea crítica sostiene que priorizar el alquiler responde a necesidades de movilidad laboral, no al arraigo de las familias.

El problema de la vivienda en España no es solo una cuestión de precios. Es un pulso sobre qué tipo de sociedad se quiere construir y quién debe ser el interlocutor del Estado.

El problema de fondo: suelo, construcción y precio

España lleva más de una década construyendo menos viviendas de las que necesita. El desplome del sector de la construcción tras 2008 dejó un déficit estructural que no se ha corregido. La edificación de obra nueva se ha mantenido por debajo del ritmo de creación de hogares, lo que ha empujado al alza tanto los precios de compraventa como los alquileres. En muchas zonas urbanas, el alquiler de un piso consume más de la mitad del salario medio.

El debate sobre cómo responder a esa situación va más allá de la política de vivienda. Toca qué tipo de tenencia debe promoverse. Una corriente de opinión sostiene que el énfasis en el alquiler como solución principal no aborda la escasez de oferta. La propuesta que sale de esa perspectiva es un pacto de Estado para la calificación de suelo y la construcción de cientos de miles de viviendas sociales en propiedad.

El razonamiento es que si el Estado garantiza vivienda asequible en compra, las familias liberan renta para otros gastos. Eso reactiva el consumo, genera empleo directo e indirecto y, al convertir al Estado en el principal cliente de los proveedores de materiales de construcción, presiona a la baja los precios. Los promotores privados se benefician de costes más bajos, lo que reduce el precio final de la vivienda y, por extensión, el del alquiler. El Estado recuperaría parte de la inversión vía impuestos.

El marco regulatorio actual también recibe críticas por generar inseguridad jurídica. Los dos decretos-ley de vivienda aprobados por el Gobierno han sido descritos como propaganda que arroja a propietarios e inquilinos a una situación de incertidumbre legal. Las normas cambian el equilibrio entre las partes sin atajar la falta de oferta. Para los críticos, eso es una receta para el conflicto y para una reducción adicional de la oferta de alquiler.

BlackRock y la contradicción del discurso oficial

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido en varias ocasiones con Larry Fink, consejero delegado de BlackRock. BlackRock es uno de los mayores gestores de activos del mundo, con billones de dólares bajo gestión y posiciones significativas en el sector inmobiliario español. La compañía administra dinero de fondos de pensiones, fondos soberanos e inversores individuales. Sus decisiones de inversión mueven mercados y afectan a los precios de la vivienda en los países donde opera.

Una de esas reuniones tuvo lugar en Estados Unidos, en la sede de BlackRock. Otra se produjo en el Foro de Davos, donde Sánchez celebró que estos gestores «renovasen su apuesta por España» con nuevas inversiones. Después, un ministro utilizó esas mismas inversiones de BlackRock para presentar la economía española como robusta.

Se crea así una contradicción aparente. El Gobierno ataca públicamente a los «fondos buitre» mientras mantiene canales directos con el mayor gestor de activos del planeta. La crítica sostiene que los fondos atacados en público no son los reales. Los reales, según este argumento, son los interlocutores del propio Gobierno.

La escala de BlackRock hace difícil descartar el punto. Cuando el mayor gestor de activos del mundo anuncia nuevas inversiones en un país, ese anuncio tiene efecto en los mercados y en la percepción pública. Usarlo como prueba de fortaleza económica mientras se ataca a la propiedad privada y a los propietarios de alquiler es, para los críticos, una señal de incoherencia.

El caso de la renta antigua y la etiqueta de «fondo buitre»

El debate sobre qué es un fondo buitre tiene un caso concreto en España. Una mujer llamada Maricarmen tenía la segunda subrogación de un contrato de alquiler firmado en 1956. Fue desahuciada en aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, aprobada en 1994 por un gobierno socialista, y la ejecución llegó décadas después de la firma del contrato.

Al casero se le tildó repetidamente de fondo buitre en el discurso público. Luego se supo que el propietario era una sociedad pequeña cuyo patrimonio consistía en un único piso. El caso ilustra una tensión más amplia del derecho de vivienda español: los contratos de renta antigua, firmados bajo condiciones de mercado muy distintas, crean conflictos entre la protección del inquilino y los derechos del propietario.

La subrogación es el mecanismo que permite a familiares heredar rentas por debajo de mercado. Con los años, eso puede reducir la rentabilidad de un inmueble a una fracción de su valor real. El propietario no puede recuperar fácilmente la vivienda ni actualizar la renta a los niveles actuales. Cuando el desahucio finalmente se ejecuta, la batalla legal y política es intensa. La etiqueta de «fondo buitre» se aplica tanto a pequeños propietarios como a grandes fondos de inversión, lo que, para los críticos, distorsiona el debate.

La alternativa: construir y vender, no solo alquilar

La propuesta que sale de este debate es un cambio de modelo. La idea es que una comunidad sana quiere que sus miembros tengan un trabajo estable que los arraigue a su tierra y un hogar propio donde cobijar a su familia. La sociedad de alquiler, por el contrario, generaría desarraigo y dependencia de la movilidad laboral. La filósofa Simone Weil escribió que el arraigo es quizá la necesidad más importante y más desconocida del alma humana.

Una de las formas de ese arraigo es la propiedad de una casa. En una sociedad no dominada por lo que los críticos llaman el reinado plutocrático mundial, el alquiler sería una realidad residual, usada sobre todo por turistas, forasteros en tránsito y trabajadores cuyo empleo exige itinerancia constante. El trabajador común, ligado a un trabajo que lo arraiga a su tierra, disfrutaría de un hogar propio con su familia.

La política alternativa sería un gran pacto para la calificación de suelo y la construcción de cientos de miles de viviendas sociales en propiedad. El Estado actuaría como cliente principal de los proveedores de materiales de construcción, lo que permitiría economías de escala y reducciones de precio. Eso liberaría renta disponible para las familias, reactivaría el consumo y generaría ingresos fiscales. El Estado recuperaría parte de la inversión vía impuestos. Los promotores privados también se beneficiarían de costes más bajos, lo que reduciría el precio final de la vivienda y, por extensión, los precios del alquiler.

El debate sobre la vivienda en España no es solo técnico. Implica decisiones sobre qué tipo de sociedad se desea y cómo debe equilibrarse la propiedad privada, la protección social y la dinámica de mercado.