Feijo quiere regularizar medio millon de forasteros

El PP respalda regularizar a medio millón de migrantes​

El Partido Popular ha respaldado una iniciativa para regularizar a alrededor de medio millón de personas migrantes en situación irregular. La noticia, aireada en un contexto de máxima tensión política, ha caído como un jarro de agua fría entre buena parte de su electorado, que ve en la medida una traición a la línea dura que el partido venía exhibiendo en materia de fronteras. El PSOE, que según el arranque de la discusión aún no había confirmado su posición, terminó sumándose al apoyo. Solo Junts y Vox quedaron fuera del consenso, y Vox lo hizo con un mensaje explícito: «No queremos regularizaciones masivas, queremos deportaciones masivas».

Qué implica regularizar a medio millón de personas​

La cifra no es menor. Hablamos de aproximadamente 500.000 personas que pasarían de la economía sumergida a la economía formal, con acceso a contrato, nómina y cotización. Para el erario público, eso significa ingresos por IRPF y cotizaciones sociales que hoy no existen. Para el mercado laboral, significa aflorar una bolsa de trabajo que ya está operando de facto en sectores como la hostelería, la agricultura o el cuidado de personas.

El argumento económico es el que más peso tiene entre quienes defienden la medida. La regularización no crea empleo de la nada, pero sí convierte en contribuyentes a personas que ya consumen servicios públicos. Hay quien sostiene que el coste neto para las arcas es negativo en el corto plazo; el escenario opuesto apunta a que la presión sobre sanidad y educación se mantiene igual, solo que ahora con una base fiscal que la sostiene.

El problema es que la cifra de medio millón no viene acompañada, en el material disponible, de un desglose por sectores, comunidades autónomas o impacto presupuestario estimado. Sin ese detalle, la discusión se mueve entre la fe y el prejuicio.

Por qué el PP ha cambiado de posición​

La lectura política es la más evidente. El PP venía construyendo un discurso de firmeza en fronteras que le había funcionado en las urnas. Apoyar ahora una regularización masiva rompe ese relato. La pregunta que sobrevuela es si se trata de un giro táctico para ocupar el centro político o de una concesión a Bruselas.

En el material aparece una referencia a que el líder popular habría comunicado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que no se moverá «ni mu» ante cualquier directriz comunitaria. La ironía es que la directriz comunitaria va precisamente en la dirección de la regularización. El gatopardismo, ese cambiar algo para que nada cambie, es la acusación más repetida.

La otra hipótesis que circula es más prosaica: el PP necesita votos y los votos migratorios, una vez regularizados, se convierten en electores agradecidos. La compra de votos es la acusación que lanzan desde la derecha más dura. No hay prueba alguna de ello, pero la sospecha ya está instalada.

El turnismo como marco de fondo​

La discusión deriva rápidamente hacia un patrón histórico que se repite: Aznar dejó entrar, Zapatero dio papeles, Sánchez deja entrar, Feijóo quiere dar papeles. El turnismo, esa alternancia que convierte cada política migratoria en moneda de cambio electoral, es el marco en el que se lee todo.

La consecuencia es una erosión de la confianza en los dos partidos mayoritarios. La sensación de que PP y PSOE son la misma cosa con distintos envoltorios alimenta el discurso de formaciones que se presentan como alternativas. Vox lo hace desde la derecha; Junts lo hace desde el independentismo. Ambos coinciden en oponerse a la medida, aunque por razones opuestas.

Qué pasa con el medio millón de personas​

Mientras la clase política dirime su posición, las 500.000 personas siguen aquí. Trabajan, consumen, cotizan en negro o no cotizan. La regularización no resuelve el problema de fondo: la ausencia de una política migratoria ordenada que combine control de fronteras con vías legales de entrada.

El argumento de que la regularización atrae más llegadas irregulares, el llamado efecto llamada, es el principal obstáculo. No hay evidencia concluyente en el material sobre si ese efecto se produce o no. Lo que sí hay es una certeza: sin regularización, la economía sumergida se perpetúa y con ella la precariedad de los propios migrantes y la competencia desleal para los trabajadores locales.

El coste político de la decisión​

El PP se juega parte de su base electoral. La reacción en sectores de la derecha ha sido de indignación abierta. La acusación de traición circula sin ambages. Si el cálculo era ocupar el centro, el riesgo es perder el flanco derecho sin ganar el izquierdo.

El PSOE, por su parte, sale reforzado en su discurso de que el PP es un partido sin principios, dispuesto a cambiar de posición según sople el viento. La medida, que podría haber sido una victoria socialista, se convierte en un arma arrojadiza contra los populares.

La predicción, con todas las reservas, es que el PP intentará matizar el alcance de su apoyo en las próximas semanas. La regularización de medio millón de personas no es un asunto que se digiera fácilmente en un partido que ha hecho de la dureza migratoria su bandera. Si el giro se consolida, el mapa político español habrá cambiado más de lo que parece. Si se deshace, habrá sido un episodio más del turnismo que todo lo iguala.