Vox recurrirá ante el Supremo el decreto de regularización de migrantes: "El PSOE se está cargando España atentando contra nuestra identidad"

Vox lleva al Supremo la regularización de 800.000 inmigrantes​

El Consejo de Ministros aprueba este martes un real decreto de regularización extraordinaria de inmigrantes. Vox anuncia que lo recurrirá ante el Tribunal Supremo para solicitar su suspensión inmediata. Mientras el PP guarda silencio y la Iglesia lo celebra, en medios políticos y sociales se abre un debate sobre el verdadero alcance de la medida, que según estimaciones podría superar los tres millones de personas con la reagrupación familiar.

La jugada de Vox: ¿gesto electoral o dique real?​

Vox se presenta como el único partido que planta cara. El portavoz jurídico ha confirmado que presentarán recurso contencioso-administrativo ante el Supremo. Pero en el propio espectro conservador surgen dudas: varios analistas califican la maniobra de "disidencia controlada", señalando que Vox ha apoyado en el pasado medidas similares o ha mirado hacia otro lado mientras se inflaban las cifras de inmigración legal. La pancarta que muestra el partido en sus actos —"No a la regularización masiva. Frena la invasión"— es tachada de propaganda por quienes recuerdan que la formación no ha explicado cómo piensa frenar la entrada aérea o la reagrupación familiar una vez regularizados los primeros 800.000.

El agujero demográfico: de 800.000 a 3 millones​

El decreto regulariza a quienes estén en España antes de junio de 2026. Pero como apuntan los cálculos, cada regularizado traerá de media a cuatro familiares en los próximos años. Esto multiplica la cifra inicial. Un participante en el debate lo cifra en "700.000 personas más", elevando el impacto a "3 millones" si se suma el efecto cadena. Se trata de la séptima regularización masiva en democracia, lo que lleva a preguntarse si no es una política de hecho, aunque no de derecho. La prensa marroquí ya difunde el anuncio con imágenes de DNIs y pasaportes españoles, alimentando el efecto llamada.

Clientelismo electoral y silencio cómplice​

Otro bloque de análisis sostiene que la regularización no es una política migratoria, sino una operación de ingeniería demográfica para crear una nueva base de votantes cautivos que dependan del Estado para su estatus legal. "El NIE es la nueva finca", resume un análisis del hilo. La Iglesia, que siempre ha defendido la acogida, aplaude la medida. El PP, que coqueteó con apoyarla antes de las elecciones, ahora calla. Las críticas se dirigen también a la desviación de competencias: mientras Cataluña recibirá capacidad para expulsar, el resto de comunidades se comerán el grueso de la regularización.

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La pregunta que queda en el aire: ¿servirá de algo el recurso de Vox? El Supremo puede tardar meses, y mientras tanto el decreto se aplicará. El debate revela un malestar profundo con una política que, para muchos, supone un cambio irreversible en la composición social y económica del país. Pero también deja claro que, hasta ahora, las protestas y los recursos no han logrado frenar la maquinaria.

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