Sueldos públicos: de los 1.200€ de un administrativo a los 5.000€ netos que se atribuyen
¿Cuánto cobra de verdad un funcionario en España? La pregunta recorre medio país y las respuestas no se parecen entre sí lo más mínimo. En un extremo, un técnico de la Administración con una década de antigüedad declara quedarse en
42.000 euros brutos y 32.000 netos al año, unos 2.300 euros al mes en 14 pagas, sin una sola guardia ni hora extra pagada. En el otro, un participante asegura que un policía o un bombero con «alguna guardia» se planta
sin esfuerzo entre 2.700 y 3.200 euros limpios. Ambas cifras son reales; ninguna es la media.
¿Cuánto gana un policía o un bombero con guardias?
El discurso más expansivo parte de un argumento razonable: hablar solo del salario base es engañoso, porque son los complementos y las guardias los que elevan la cifra final. Sobre esa base se afirma que un miembro de la escala básica de la Policía Nacional o la Guardia Civil, recién salido de la academia, ya roza los
2.000 euros limpios al mes, que un Mosso d'Esquadra arranca entre
2.300 y 2.500, y que con alguna guardia —«tampoco una barbaridad»— la horquilla de policías, enfermeras, bomberos, forestales y personal de prisiones se coloca entre 2.700 y 3.200 netos. La conclusión que se lanza es que llamar «mileurista» al empleado público es una etiqueta de otra década.
Las nóminas que no llegan a 4.000 euros
Aquí el relato se agrieta. Un funcionario del grupo A1 con diez años aporta su caso:
42.000 brutos, 32.000 netos, 2.300 euros en 14 pagas, sin guardias ni horas extras retribuidas. Otro relata que renunció a una plaza A1 recién aprobada porque las condiciones equivalían, dice, a cobrar tres veces menos de lo que le ofrecía el mercado. La cifra de
60.000 euros anuales que se maneja para ciertos puestos, avisan, no equivale ni de lejos a 4.000 o 5.000 euros netos al mes. Incluso dentro de la propia Administración hay quien califica de invento la generalización hacia arriba.
Cuántos funcionarios son A1 y cuántos son administrativos
El nudo no es de cifras, sino de a cuánta gente representan. Una parte sostiene que los A1 y A2 rondan el
30%-40% del personal público, porque las tareas de perfil bajo están subcontratadas y apenas queda funcionario raso en lo administrativo. Otros mensajes ponen el foco en el empleado de ventanilla: grupos C2 y C1 con sueldos de
1.200 a 1.400 euros, que con complementos de atención al público o productividades concretas —las de Tesorería o la Agencia Tributaria, por ejemplo— llegan a 1.700, pero rara vez cruzan los 2.000. En un médico con guardias sí se citan
70.000 euros anuales; en un inspector de Hacienda, aún más con los bonus. La media, como casi siempre, no existe.
El espejo suizo y el coste de ser clase media
Para juzgar el sueldo público hay que mirar fuera. Un ingeniero de especialidad cotizada cuenta que le han tanteado varias veces desde Suiza con ofertas de
130.000 francos y un 21% de IRPF, frente a los
250.000 francos que ronda un médico allí. Según su cálculo, unos 180.000 francos netos al año vienen a ser en torno a
16.000 euros limpios al mes. La réplica es que ese extra no le reportaría nada en calidad de vida. En paralelo, el baremo doméstico de lo que se considera «clase media» se dispara: con
50.000 euros netos al año en un hogar sin hijos ni hipoteca se vive desahogado, pero con hijos en colegio privado, coche de gama alta y segunda vivienda la factura pide 7.000-8.000 mensuales. Una casa de
400.000 euros son 1.200 de hipoteca al mes; un chalet con 500 metros de parcela junto al metro, 700 de IBI. Con 8.000 al mes, se insiste, «no vives justito».
¿Se sostiene este nivel de gasto en nóminas públicas?
Quien mira la otra cara de la moneda pone el acento en el origen del dinero. El sueldo público se paga con impuestos y, en buena parte, con deuda, y esa fuente tiene fecha de caducidad. Se subraya que un trabajador que cuesta a la empresa 3.000 euros puede quedarse cerca de los 2.000 netos por la presión fiscal, y que los tramos del IRPF llevan años sin deflactarse. A eso se añade la acusación, no probada, de enchufismo en determinados puestos municipales. La respuesta desde el otro lado es que privatizar emergencias o sanidad en zonas dispersas no abarata nada y que la calidad se paga con impuestos, no con tarifa.
No hay cifra que cierre la discusión, y quizá ese sea el dato. Mientras medio país decide si el funcionario es rico o mileurista, el administrativo que cobra 1.400 en catorce pagas sigue sin aparecer en ninguna media. A ese, ninguna estadística le ha subido el sueldo todavía.