El Congreso tramita la regularización de 500.000 migrantes con el PP a favor
El Congreso aprobó tramitar una iniciativa legislativa popular para regularizar a medio millón de inmigrantes en situación irregular. Todos los grupos votaron a favor salvo Vox, que justificó su rechazo con un argumento identitario: quieren que España siga siendo España y no Marruecos ni Argelia. La formación de Abascal sostiene que no es racismo, sino sentido común.
El respaldo del PP a la tramitación es el punto que ha incendiado el análisis. El partido que se presenta como alternativa al Gobierno acompaña a la izquierda en una medida que sus propios votantes leen como una cesión más. La lectura dominante en la conversación es que el PP no tiene problema en volverse más progresista cuando toca: según un comentario del hilo, son políticos, están ahí para chupar del teto, y lo que tengan que decir les da igual.
Qué implica regularizar a 500.000 personas
La iniciativa popular no es una ley, sino la apertura del trámite parlamentario. Eso significa que el texto aún debe debatirse y enmendarse, y que el voto de este jueves no garantiza el resultado final. Aun así, el gesto político es inequívoco: la mayoría de la Cámara acepta discutir la regularización de quienes ya están dentro sin permiso.
El argumento económico que más se repite es el de la mano de obra. Se sostiene que hacen falta remeros, albañiles, escayolistas y fontaneros, y que los autóctonos pasan de remar. El cálculo más optimista asume que esta gente está superformada y que su incorporación sale gratis porque ya estudiaron en sus países de origen. El escenario pesimista parte de otra base: que muchos vienen por las pagas y no para partirse el riñón.
El coste fiscal que nadie quiere poner en la balanza
El argumento más repetido contra la medida no es cultural, sino contable. Se calcula que cada regularizado traerá consigo reagrupaciones familiares, y que el aumento de población con derechos exigirá más funcionarios en sanidad, educación y servicios sociales. La tesis que circula es que la teta pública no da para más y que ese incremento de gasto aboca a una quiebra del Estado.
Hay quien va más lejos y sostiene que el verdadero objetivo no es la natalidad ni la población, sino el dumping social: trabajadores que se conforman con salarios bajos para hacer lo que los aburguesados autóctonos no quieren hacer. Eso tensiona los salarios hacia abajo y precariza el mercado laboral. El contrapunto es que sin esa mano de obra no se levantarían las viviendas que el propio Gobierno promete.
El precedente de la dación en pago
Uno de los contrastes más citados es el de la iniciativa popular sobre la dación en pago, presentada por españoles que pasaron meses en la calle recogiendo firmas. Aquella fue rechazada por todo el Parlamento pese a tener más firmas. Aquí, en cambio, han firmado mil asociaciones y sus trabajadores. La conclusión que se extrae es que no todas las iniciativas populares pesan lo mismo.
El PP y su dilema de identidad
El PP queda en una posición incómoda. Si vota a favor, sus votantes le acusan de complicidad con el PSOE. Si vota en contra, queda del lado de Vox. La crítica más dura es que el PP es el poli malo del PSOE: en unos casos por acción, en otros por omisión, pero siempre haciendo propias las políticas del Gobierno. Y sus votantes aceptan esa complicidad.
La pregunta que sobrevuela es si el PP es consciente de que no va a volver a gobernar nunca jamás. La respuesta que se da es que no le importa: el PP no tiene problema en volverse más progre una y otra vez porque son políticos y están ahí para chupar del teto. Lo que tengan que decir les da igual.
Con estos mimbres, la regularización avanza hacia su tramitación con el respaldo de casi toda la Cámara. Vox queda sola en el no. Y el PP, en el centro de todas las miradas, con la sospecha de que su voto a favor no le costará votos, sino que se los quitará. La predicción, con reservas, es que el trámite siga adelante y que el desgaste lo pague quien lo apoya.