Alquiler de una esquina de habitación por 430 euros

430 euros por una esquina de habitación en Madrid​

Alquilar un rincón de una habitación compartida por 430 euros al mes ya no es una excepción en Madrid. El caso que abre esta discusión —una propietaria que alquila un bajo en la zona de Prosperidad a siete personas, la mayoría colombianas y venezolanas, sacando más de 1.800 euros al mes en negro y cobrando incluso por un trozo de salón— ha servido para que el descontento por el precio de la vivienda derive en un cruce de acusaciones sobre quién tiene la culpa. La respuesta corta: nadie se pone de acuerdo, y los que más gritan son los que menos datos aportan.

El zulo como modelo de negocio​

El caso descrito es elocuente. Un bajo sin ventilación, siete inquilinos, más de 1.800 euros mensuales en negro. La propietaria no necesita publicidad: la demanda hace el trabajo. Quien alquila una esquina de salón por 430 euros no lo hace por gusto, sino porque la alternativa es la calle o compartir con desconocidos en condiciones peores. El fenómeno no es nuevo, pero la cifra sí escandaliza: por ese precio, en un mercado no intervenido con la densidad y los salarios españoles, se alquilarían viviendas enteras, sostiene una de las corrientes del análisis. La oferta y la demanda, dicen, explican casi todo.

El precio de una esquina no es una anomalía aislada. Es la punta de un mercado tensionado donde la vivienda libre se ha convertido en un bien de lujo y la compartida, en un refugio. Los que defienden esta lectura apuntan a la intervención del mercado como causa principal: regulaciones que asustan a los propietarios, leyes que favorecen al inquilino que no paga y un suelo que no se liberaliza. El resultado, argumentan, es menos oferta y precios más altos.

¿Por qué se culpa a la inmigración del precio del alquiler?​

Una parte de los intervinientes sostiene que la llegada masiva de migrantes presiona la demanda de vivienda y mantiene los salarios bajos, funcionando como un ejército laboral de reserva. Otros responden que los migrantes ocupan los empleos que la población local rechaza y que su impacto en el precio del alquiler es secundario frente a la falta de construcción. La discusión, en cualquier caso, se mueve entre la acusación y el dato ausente: no hay cifras en el material que permitan cuantificar ese efecto.

Lo que sí aparece es una crítica a la política migratoria como factor de presión sobre la vivienda. Se argumenta que la regularización de cientos de miles de personas agrava la escasez, mientras que la natalidad cae y las familias españolas no pueden permitirse alquilar. La respuesta contraria señala que el problema es de oferta, no de demanda: si no se construye, cualquier aumento de población tensiona el mercado.

La VPO que no se construye​

Hay un punto de acuerdo incómodo: la falta de vivienda de protección oficial. Se sostiene que destruir la VPO en favor de la renta libre ha sido determinante para el imposible acceso a la vivienda. La crítica apunta a que los planes públicos de vivienda protegida se han ido desmantelando mientras el mercado libre absorbía la demanda. El cálculo completo de cuántas VPO harían falta para absorber la presión demográfica da una cifra que ningún gobierno ha asumido.

La otra cara de la moneda es la liberalización del suelo. Se argumenta que el Estado monopoliza y prohíbe el suelo urbanizable, impidiendo construir incluso en terrenos propios. La rigidez normativa, dicen, encarece cada promoción y retrasa los proyectos durante años. Sin esa traba, el mercado respondería con más oferta y precios más bajos.

El miedo del propietario​

Un factor que aparece repetidamente es el miedo del arrendador. Las leyes que protegen al inquilino que no paga y la inseguridad jurídica ante la ocupación han llevado a muchos propietarios a retirar sus viviendas del mercado o a alquilarlas solo en condiciones abusivas. Menos oferta, precios más altos. La ecuación es simple, pero las soluciones chocan: unos piden más regulación, otros menos.

La comparación internacional sirve de argumento para ambos bandos. Se menciona que en Japón o Corea del Sur, con índices de natalidad similares, la inmigración es mínima y los comercios siguen funcionando. La conclusión que extraen unos es que la inmigración no es imprescindible para sostener la economía; la que extraen otros es que el problema español es de productividad y de mercado laboral, no de personas.

Qué puede pasar con el precio del alquiler​

Con la oferta retraída y la demanda sostenida, la predicción más razonable es que los precios no bajen a corto plazo. Si se liberaliza el suelo, si se construye VPO o si se endurecen las leyes contra la ocupación, el efecto tardará años en notarse. Mientras tanto, el mercado negro de habitaciones seguirá creciendo. La única certeza es que 430 euros por una esquina de salón seguirán pareciendo una ganga a quien no tiene otra opción.