El GOBIERNO confirma que va INTERVENIR el MERCADO de la VIVIENDA

El Gobierno anuncia que intervendrá el mercado de la vivienda​

La respuesta oficial a una crisis de oferta es topar los precios. Lo anunció sin rodeos Diana Morant: «Basta de medias tintas con la vivienda: intervendremos el mercado, toparemos los alquileres y pondremos en marcha un Plan Antifondos Buitre». El mensaje añadía una advertencia territorial: si Aznar quiere hacer negocio con la vivienda, no será en la Comunitat Valenciana. Ocho años de Gobierno después, la vivienda se presenta como problema heredado y no como gestión propia. Y llega con las zonas tensionadas de alquiler ya en vigor.

Lo que sigue es un catálogo de medidas sobre un mercado que, en varias comunidades, lleva años intervenido. La pregunta que planea sobre el anuncio no es ideológica, sino aritmética: cuánta vivienda hace falta y cuánta se está construyendo.

El tope de alquiler que ya se aplica en Cataluña​

Antes de este anuncio, Cataluña acumulaba ya años de alquileres topados, prohibición de pisos turísticos y restricciones a la compra de vivienda por parte de no residentes. Extender ese modelo al resto del país arrastra un problema lógico: si ya estaba probado en una comunidad, no queda claro qué se añade. Hay quien sostiene que la intervención previa es justamente lo que ha empujado los precios hacia arriba; en el lado opuesto se argumenta que el mercado llevaba décadas sin regular y el resultado fue idéntico. Los datos de una y otra comunidad no permiten cerrar la cuestión.

¿Cuánta vivienda falta? El cálculo que nadie discute​

La cifra que circula en los análisis más desarrollados parte de una premisa incómoda. Con 100.000 viviendas construidas y un coste de 2.000 euros por metro cuadrado —más el suelo—, no se cubre ni la demanda de un solo ejercicio. La estimación que se maneja apunta a 250.000 viviendas anuales durante diez años solo para recuperar el desfase acumulado desde 2016. Con esos números sobre la mesa, la construcción se convierte en el verdadero tema incómodo: se discute todo menos por qué no se libera suelo, qué impuestos lastran la promoción y qué margen tienen los ayuntamientos con las calificaciones urbanísticas.

El Congreso tumbó prohibir la venta de pisos a fondos buitre​

A la vez que se anuncia un Plan Antifondos Buitre, el Congreso tumbó una propuesta para prohibir la venta de vivienda a estos inversores, con la abstención del PSOE. El contraste alimenta la sospecha de que el anuncio responde más al calendario electoral que a un plan legislativo cerrado. También hay matices en el lenguaje: la mayor parte de la inversión institucional en inmuebles la realizan SOCIMIS ordinarias que buscan alquilar a largo plazo, no fondos oportunistas. Expulsar a ese inversor deja el parque en manos de pequeños propietarios, con menos capacidad de aguantar un piso vacío y, por tanto, menos margen para negociar precios a la baja.

Vivienda pública: de 183.000 anunciadas a 500 entregadas​

El historial tampoco ayuda. Las cifras que se citan sobre el parque público son demoledoras: 183.000 viviendas de protección oficial anunciadas en 2023 frente a 500 entregadas en 2026. El programa estrella de alquiler asequible presenta la misma contradicción: en el caso de Casa 47, alquiler y suministros superan el 30% de los ingresos por hogar, el umbral que teóricamente define la asequibilidad. La promesa choca con el presupuesto, y mientras tanto el alquiler medio de un piso de dos habitaciones ronda ya los 1.300 euros en las zonas más caras.

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Con las zonas tensionadas ya aplicadas y un parque público que avanza a cuentagotas, el anuncio de intervenir el mercado añade una capa más de decreto sobre un problema que llevaba años sin resolverse. ¿Y si dentro de dos años los precios no han bajado?