De Dinamarca a Finlandia: el fin de la cultura de acogida de migrantes en los países nórdicos

De Dinamarca a Finlandia: el giro migratorio del norte de Europa​

¿Cuánto tarda en caer una política de acogida que llevaba décadas en pie? En el norte de Europa, menos de lo que parecía. Noruega, Suecia, Finlandia e Islandia han alcanzado un acuerdo para endurecer sus políticas migratorias siguiendo la línea dura que Dinamarca aplica desde hace años, y Helsinki ha cerrado cuatro pasos fronterizos para frenar la llegada de refugiados en plenas tensiones con Moscú. La política migratoria europea se mueve en bloque hacia el control, y ya no es solo una cuestión escandinava.

¿Por qué los socialdemócratas suecos han dado un giro de 180 grados?​

Porque su propio informe interno les ha obligado a reconocer en voz alta lo que llevaban años discutiendo en privado. El documento describe las políticas de acogida del anterior gobierno como «una advertencia a los políticos de todo el mundo sobre qué no hacer» y sostiene que las fronteras abiertas generan guetos y criminalidad. Que eso lo firme un partido socialdemócrata escandinavo, referencia histórica del modelo, es el dato político del año.

Sobre esa base se encadenan las medidas. Suecia pagará hasta 30.000 euros a los inmigrantes que quieran regresar a sus países de origen. Finlandia va un paso más allá: expulsará a los solicitantes de asilo sin examinar sus casos, según su nueva ley, incluso por la fuerza. El argumento oficial mezcla presión fiscal sobre los servicios públicos y seguridad; el contragolpe habitual recuerda que el derecho de asilo tiene anclaje internacional y que cerrar la puerta no elimina la demanda, solo la desplaza.

Hay una explicación que no suele salir en los titulares: el calendario electoral. El discurso duro ya no es patrimonio de la derecha clásica, y los partidos que gobernaron con manga ancha intentan ocupar el terreno antes de que lo haga otro.

El efecto dominó: de París a La Haya​

Francia aprobó en el Senado, con un texto muy endurecido respecto al inicial, su nueva ley de inmigración, y la votación en la Asamblea Nacional llegó con el apoyo del partido de Marine Le Pen y el acuerdo entre el macronismo y la derecha republicana. El borrador incluye expulsiones y una acción más agresiva contra los extranjeros sospechosos de terrorismo.

Alemania firmó un acuerdo «histórico» con los Estados federados para reducir la migración irregular y limitará los beneficios sociales a los refugiados. El Gobierno de Scholz permitirá además deportaciones a Afganistán y Siria tras el ataque islamista de Mannheim. Portugal dio un giro y endureció la norma para regularizar inmigrantes. Lituania vigilará su frontera con voluntarios armados que podrán usar la violencia para expulsar a los que crucen. Polonia rechaza el plan de reubicación de la UE y quiere un referéndum; Eslovaquia ahuyenta con perros en su frontera con Hungría.

En Países Bajos, la coalición que sostiene a Geert Wilders quiere dejar de tramitar demandas de asilo y pedirá a Bruselas salir de la política común. Es el salto de calidad del giro: ya no se trata de gestionar mejor, sino de desconectar.

Bruselas deja de frenar el modelo Meloni​

Diecisiete Estados miembros reclaman un «cambio de paradigma» en la directiva de retornos, con sanciones para el migrante que no coopere. Quince piden explorar centros fuera de la UE para los rescatados en el mar y respaldan el modelo italiano de enviar solicitantes de asilo a Albania, mientras Italia ya ha empezado a deportar a esos centros de detención. Hungría y Eslovaquia han llegado a amenazar con una suerte de insurrección migratoria si no se extiende ese esquema.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha remitido una carta a los Veintisiete antes del Consejo en la que habla de «soluciones innovadoras». Traducido: la Comisión que durante años marcó el paso en sentido contrario ahora corre detrás de los que empujan. El Parlamento Europeo, por su parte, ha aprobado la identificación biométrica de inmigrantes en frontera a propuesta de Vox para renovar la base de datos Eurodac.

España, el socio que se queda fuera de la foto​

El Gobierno español aparece como la voz discordante: quince socios firman una agenda dura que contrasta con su línea, y el PP ha reprochado en Bruselas que la inacción con la inmigración pone «en peligro la seguridad de la UE» y deja agonizando a Canarias, Ceuta y Melilla. En paralelo, Francia ha ordenado controles en su frontera sur por el coladero que atribuye a España, con enfado del PNV incluido.

El Tribunal Supremo avala expulsar a un inmigrante irregular si no se marcha tras ser sancionado, un cambio de doctrina que rescata la multa seguida de expulsión. La pregunta no es si España cambiará: es cuándo y con cuánto retraso.

Al final, la cultura de acogida nórdica no ha muerto de un infarto, sino de un goteo de encuestas. Y eso, en política, es lo más parecido a una muerte anunciada.