Familias oncológicas: Sudamericanos que entran ilegalmente en España para recibir gratis tratamientos contra el cáncer

Cataluña asume 60 tratamientos oncológicos a menores peruanos sin papeles​

El Departamento de Salud de la Generalitat ha concedido en 2023 unas 60 autorizaciones excepcionales por razones humanitarias a niños procedentes de Perú para tratarse de cáncer en hospitales de Barcelona. La cifra equivale a alrededor del 25% de los nuevos diagnósticos oncológicos pediátricos en toda Cataluña, según los datos que maneja la administración autonómica. Las familias, que en muchos casos venden su patrimonio y llegan sin papeles, acceden al sistema por urgencias o tras empadronarse a distancia. El coste de cada tratamiento puede alcanzar los 300.000 euros y lo asume el Servicio Catalán de Salud.

Qué son las familias oncológicas y cómo acceden al sistema​

Eva Bartra aterrizó en Barcelona en diciembre de 2019 con su hija de 15 años, que necesitaba tratamiento para una complicación pulmonar derivada de un trasplante de médula. En Perú, explica, existía un convenio con un hospital de Estados Unidos para casos complejos, pero el Gobierno dejó de pagar. «En Perú solo me planteaban buscar la mejor calidad de su muerte y me negué a aceptarlo», relata. Consiguió la tarjeta sanitaria en tres semanas y, tras tres años de tratamiento en el hospital de Sant Pau, su hija recibió el alta.

El patrón se repite. Las familias llegan al aeropuerto de El Prat y se dirigen directamente a un hospital para entrar por urgencias; otras consiguen primero la tarjeta sanitaria tras empadronarse desde la distancia o al llegar a casa de un familiar. El consulado peruano en Barcelona admite que es un problema creciente en los últimos años. Hasta cinco de las seis asociaciones de la comunidad peruana consultadas reconocen que el fenómeno aumenta.

El coste sanitario y quién lo paga​

Cada autorización excepcional implica un tratamiento oncológico completo —mayoritariamente leucemia— cuyo coste puede alcanzar los 300.000 euros. El centro sanitario realiza el tratamiento y el Servicio Catalán de Salud asume la factura. La Generalitat ha cedido temporalmente pisos de servicios sociales en la zona próxima al hospital Sant Joan de Déu durante los últimos dos años. «El problema afecta a más ámbitos que el sanitario porque a veces no sabemos dónde meterlos», admiten fuentes de la administración.

El fenómeno no es exclusivo de Cataluña. Se reproduce en otras zonas de España, especialmente en Madrid, según las fuentes consultadas, aunque no se concreta el volumen de casos. La consejería catalana ha mantenido encuentros con el consulado de Perú y con la propia comunidad para buscar soluciones, pero el flujo no se ha reducido: ha crecido.

El debate: solidaridad frente a sostenibilidad del sistema​

La reacción social oscila entre la comprensión hacia familias que buscan salvar a un hijo y la preocupación por la sostenibilidad de una sanidad pública ya tensionada. Hay quien sostiene que ningún padre debería quedarse sin intentarlo y que la atención humanitaria es una obligación moral. En contra pesa el argumento de que el sistema no puede absorber una demanda ilimitada sin quebrar, y de que los contribuyentes españoles ven cómo se alargan las listas de espera mientras se atiende a pacientes que no han cotizado.

Algunas voces reclaman que las embajadas o los países de origen paguen las facturas, como se hace con otros flujos de turismo sanitario. Otras señalan que el problema de fondo es la pobreza y la falta de infraestructura oncológica en Perú. La discusión deriva a menudo hacia el modelo migratorio y la gestión de fronteras, un terreno donde las posturas se endurecen.

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Con estos mimbres, es previsible que el número de autorizaciones excepcionales siga creciendo mientras no cambie la situación sanitaria en los países de origen ni se articule un mecanismo de compensación económica. Cataluña ha puesto el foco en el consulado peruano. Si la respuesta no llega, el coste seguirá recayendo sobre el contribuyente catalán.